El parque Omar obliga al Gobierno Varela a escuchar

La experiencia de la consulta sobre el futuro del Parque Omar motiva la reflexión sobre la manera en que el Gobierno ejecuta los proyectos

El Ministerio de la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Metas, canceló este lunes el acto público de licitación por mejor valor con el que pretendía "revitalizar" el parque Omar, después de que los vecinos rechazaran tajantemente el plan propuesto por el Gobierno, que establecía una inversión de $35 millones para el estudio, diseño, construcción y equipamiento del área, con la posibilidad de aumentar la edificación hasta en un 12%.

El viernes pasado, durante la segunda consulta pública sobre el proyecto, el secretario de metas de la Presidencia, Carlos Duboy, ya llevaba un ‘plan B' para el protestado documento.

Aún así, cuando se acercó al micrófono para hacer su anuncio, recibió el rechazo rotundo de la asamblea.

Antes de que finalmente pudiera hablar y decir que el proyecto empezaba ‘de cero', para tomar en cuenta las recomendaciones de los vecinos, recibió el espontáneo y masivo abucheo de los presentes y hubo quien se animó, incluso, a pedir su linchamiento.

Los presentes se pusieron de pie cuando al funcionario le tocaba tomar la palabra y no en señal de respeto. Las consignas se tornaron tan fuertes que, en menos de dos minutos, tuvo que sentarse y permitir que uno de sus acompañantes, un consultor empresarial, pusiera orden el el acto público.

Entre los muchos reclamos, alguno propuso que se eliminara la figura y las atribuciones del Despacho de la Primera Dama, a cargo de la gestión del parque.

‘Yo no voté por ella, por qué tiene que tener un despacho', decía un profesor de economía durante su turno de intervención.

CAMBIO DE POLÍTICA
Este incidente ha resultado ser un remezón sobre la forma en la que el Gobierno implementa sus políticas públicas. Los políticos se encuentran ante una nueva sociedad más vigilante y menos tolerante, que tiene en sus manos la instantaneidad de la tecnología que le permite saber, reaccionar, criticar y proponer sobre cualquier tema.

Así lo adelanta el sociólogo Gerardo Maloni, quien analiza este nuevo escenario en el que se obliga al Gobierno a replantear su procedimiento antes de iniciar proyectos que impactan en la sociedad.

En este sentido dice que "el Gobierno debe revisar las políticas públicas frente a las demandas sociales y la política de medios, porque es desastrosa. No hay una coherencia y las cosas van a ir subiendo de tono porque ya estamos frente a la discusión de un proceso electoral", dice.
Son varios los niveles que convergen, explica. "Uno, el tema de las redes sociales y la manera en que éstas permiten dimensionar la opinión de la gente, independientemente de que estén o no fundamentadas; pero se expresan y al colectivizarlas, son capaces de tener un efecto sobre el estado de conciencia y de ánimo, incluso para animar movilizaciones. Un ejemplo de esto fue la marcha con la que se rechazó la ley de educación sexual", indicó. Esta corriente de comunicación esta reemplazando a los medios tradicionales de opinión, indicó.

En otro nivel, mencionó el manejo político de la opinión pública. "De alguna manera, es parte de los movimientos sociales que se conocieron en épocas pasadas; marchas, organizaciones etc. Pero la capacidad de los nuevos movimientos sociales no necesitas la antigua afiliación social", manifiesta Maloni.

Un tercer factor, según el sociólogo, "es que estos movimientos prevalecen en la medida en que el Estado o los gobiernos no tienen la capacidad de generar confianza frente a los sectores sociales. No tienen credibilidad y no son capaces de orientar las opiniones de la gente", sostiene Maloni.

En resumen, propone, ‘los políticos deben abandonar la vieja política y enfrentar una nueva forma de gobernar'. "El asunto es que los gobiernos no están al tanto o no son capaces de esta nueva construcción de cultura política. Esto pasa también por una cultura generacional que no ha cambiado y se inclina a la vieja guardia". De no corregir este proceder, el analista advierte que podría generarse una crisis política grave.

RECHAZO A LA GESTIÓN
En la reunión sobre el futuro del parque Omar, no solo se percibió un rechazo a la remodelación del pulmón de la ciudad, sino a cualquier figura política que tomara la palabra.

Cuando Duboy intentó hablar la gente silbó, gritó y desaprobó su discurso casi de origen. Cuando el secretario se dio por vencido, la mesa decidió ceder el turno a los mismos vecinos y usuarios del parque para que presentaran sus planteamientos.

Se produjo entonces el fenómeno contario. En orden y con toda la atención de la audiencia, se formó una larga fila para formular propuestas ciudadanas a la que se sumaron cuarenta personas.

Entre ellos se encontraba el representante de San Francisco (distrito al que pertenece el parque Omar), Carlos Pérez Herrera. Cuando se acercó al micrófono, sufrió el mismo trato Duboy. Tampoco se salvó de las pitadas e improperios del público y aunque, como ya varios de los presentes habían presentado nuevas ideas, Herrera alcanzó a elaborar parte de su mensaje, pero con el rechazo del público.

La ciudadanía está dejando claro que ha perdido la confianza en el Gobierno.

La convocatoria del l jueves pasado sigue la misma línea que la respuesta masiva de la población ante la pobra información dada por las autoridades sobre las investigaciones que realiza el Ministerio Público por las denuncias de sobornos en las que se señala a la empresa brasileña Odebrecht, presente en Panamá desde 2006 y que en elperiodo 2009-20014 podría ser de $59 millones. El Ministerio Público anunció que mediante un 'acuerdo verbal formal', que no se explicó, la empresa entregará al Estado una suma igual, pero ha sido parca en cuanto a las pesquisas que realizará para identificar a quienes recibieron los sobornos.

"Hay una acumulación de frustración porque los espacios de participación popular se desprecian y no sirven para lograr los resultados que busca la ciudadanía", indica Maribel Jaen, de la Comisión de Justicia y Paz. La activista añade que "hay una percepción de que no hay justicia y que las personas que están haciendo cumplir las leyes no las siguen. La ciudadanía consciente y fiscalizadora identifica los vicios tradicionales del poder que no toma en cuenta a los ciudadanos. La consecuente frustración lleva a la confirmación de que se requieren mejoras profundas al Estado", sostiene.

Jaen coincide con Maloni en las consecuencias de esta confluencia de elementos. "Hay un proceso acelerado de desgaste de la política, sumado a una frustración de la población. Estos dos elementos pueden arrojar resultados que nadie en el país espera", apuntan.

Como ejemplo, Jaen señala la discusión de las reformas electorales, que la Asamblea Nacional pretende discutir esta semana. El foro ciudadano se reunió para discutir y acordar los cambios electorales necesarios, pero cuando las propuestas llegan a la Asamblea, los diputados no toman en cuenta el trabajo efectuado y legislan según convengan a cada partido político, indica.

El nivel del fastidio de la sociedad, según Maloni, "nos puede conducir a una crisis social en que la intolerancia y la violencia sean las principales formas de comportamiento, conductas sociales tipificadas sociológicamente en situaciones de anomia" o ausencia de ley.

"La participación ciudadana es un elemento clave para la gobernabilidad y los gobiernos deben romper aquellos viejos esquemas de llegar al poder para hacer corporaciones de grupos políticos. Se debe incrementar el rol participativo de la sociedad en estos tiempos que exigen decisiones para pasar del discurso a la realidad", propone Maribel Jaén.