¿Optimización tributaria o evasión fiscal?

Uno de los departamentos más rentables de M&F, la Fiduciaria, ofrecía esquemas tributarios para que el cliente pagara menos impuestos

Mossack Fonseca era un bufete de abogados donde se conseguía de todo. Era un one stop shop (como muchas otras firmas de ese nivel), o lo que es lo mismo, un solo lugar en el que el cliente podía encontrar todos los servicios para la creación de sociedades anónimas, asesoramiento en inversiones, recaudo o garantía, digitalización de documentos, asesoramiento en lo referente a reaseguradoras cautivas, cuentas de depósito de garantía o escrow account, abanderamiento de naves, trámites migratorios, etc., etc.

Era un negocio por volumen manejado a control remoto. Cada cierto tiempo recogía los frutos económicos que brotaban de las anualidades que pagaban los clientes por mantener las sociedades y demás servicios que prestó la firma Mossack, Fonseca & CO, desde su fundación en 1975, hasta abril de 2016, cuando se filtraron 11.5 millones de documentos del bufete. En ese tiempo conformó 250 mil empresas de papel.

LAS ESTRELLAS
Los tres brazos económicos de la firma Mossack Fonseca, lo conformaban el bufete, que creaba sociedades anónimas en Panamá, Bahamas, Seychelles, Anguila, Samoa, Islas Vígenes Británicas; Mossack Asset Management (Mamsa); y la fiduciaria (Mossfon Trust). La fiduciaria, o Mossfon Trust, se creó en 1993, regulada por la Superintendencia Bancaria. De ahí nacían las ideas sobre los posibles esquemas que podían funcionar para cada cliente.

La firma también brindaba un servicio de digitalización de documentos que fue creado por Cris Zollinger, un suizo, accionista minoritario (10%) que al percatarse del volumen de los expedientes sugirió a los socios digitalizarlos. Así nació Evolusoft, que con el olfato de negocio de los dueños, fue convertida en otro producto para la caja registradora de la firma.

En los últimos años que operó el bufete, sus socios principales Jürgen Mossack y Ramón Fonseca se apartaron del negocio dejando a cargo a un director ejecutivo, Rubén Hernández, quien rendía cuentas a los principales una vez por mes. El salvadoreño, con experiencia como gerente de otras empresas extranjeras ajenas al ramo, tenía la idea de corporatizar la empresa y reestructuró el modelo de trabajo. Sabía que una de sus estrellas era Mossfon Trust, la fiduciaria, así que buscó replicar la operación con todos los empleados. Para ello estableció objetivos de ventas en todas las filiales, las franquicias y el personal del bufete.

REESTRUCTURACIÓN
La creación de sociedades anónimas se limitó al departamento de producción. En este reacomodo, sucesivamente, Carlos Sousa Lenox, yerno de Fonseca, pasó a ser el director de mercadeo; Sara Montenegro se ubicó como abogada corporativa ; Jossete Roquebert jefa de incorporación de sociedades; Luis Martínez, jefe de cómputo; Edison Teano, a cargo de la fiduciaria (luego de la salida de Ramses Owens) ; y Sandra Cornejo, jefa de cumplimiento, entre otras posiciones. La presión para alcanzar las metas era muy fuerte, incluso para las franquicias.

PUNTOS ÁLGIDOS
De acuerdo a la declaración de María Mercedes Riaño -representante de la firma en Brasil- a la fiscalía Segunda Anticorrupción Contra el Crimen Organizado, Mossfon Trust confeccionaba estructuras tributarias sofisticadas para la evasión de impuestos, entre otras cosas. Los fondos, dijo, pasaban por las compañías intermediarias procedentes de países no incluidos en las listas negras, y después a otras cuentas tradicionales que figuran en las listas negras.

Es en este momento donde aparece un punto álgido. El economista Francisco Bustamante considera que estos son los temas donde le cae responsabilidad la firma. "Si constituyó sociedades con el propósito de evadir impuestos es cómplice. Si se prestó a administrar dineros y los manejaron desde Panamá como los trusts, y ese dinero es delictivo, cae en la esfera penal. En este caso, porque hay una denuncia en otros países".

FIGURAS CONVENIENTES
Un exempleado de la firma que ha contado a La Estrella de Panamá muchas de las interioridades que ocurrían ahí, explicó que la mayoría de las ocasiones los clientes se acercaban a través de los profesionales o especialistas de cada país (abogados, contadores, fiduciarios, bancos) , o con asesoría previa de estos. "Ellos, como especialistas locales, ya sabían lo que buscaban para que una determinada estructura funcionara para la planificación tributaria o patrimonial. Esto usualmente requería de una o varias sociedades extranjeras y una cuenta bancaria, que en ocasiones el cliente ya contaba con ella o buscaba un trámite de apertura", sostiene.

Añade que lo que se proporcionaba en la fiduciaria era la sociedad y su administración. Esto incluía la administración de la cuenta, cuando el cliente solicitaba firmantes autorizados de modo que su nombre no apareciera directamente. "Con esto el cliente valoraba si la figura le otorgaba la confidencialidad necesaria, pero siempre era reportado como beneficiario final de la estructura. Una vez el cliente pasaba por todo el proceso de debida diligencia, se creaba la sociedad y la fiduciaria administraba las cuentas", sostiene la fuente.

Es legítimo que un cliente busque pagar la menor cuota de impuestos aprovechando todos los beneficios que la ley le permite descontar, incluyendo donaciones, gastos, etc. Eso es legal. "Otra cosa -dice Bustamante- es que parte de mis impuestos los registre bajo otro nombre, cree empresas que hacen la gestión y no aparezco como último beneficiario, se compartimenta. Si no se reporta el dato es un problema", explica el economista.

LA CUENTA DE GARANTÍA
Otro de los servicios que ofrecía la firma es la cuenta "escrow", una cuenta de garantía intermediaria que transfería el dinero de un banco a otro. Según Riaño, esto facilitaba la pérdida del rastro del dinero, y dijo desconocer si los dineros eran lícitos o no, así como el propósito por el que los clientes requerían el servicio. La fuente que ha contado a este diario sobre las operaciones de la firma, explica que existía una cuenta escrow en Panamá y otra en Bahamas. Se trata de una figura muy común en la compra y venta de inmuebles. ‘La firma empleó mucho este sistema en la época de los baby boomers, los norteamericanos de la tercera edad que compraron casas en Boquete, Chiriquí y las playas. En este sentido, el bufete servía como intermediario; así, el dinero podría pasar por varias cuentas: la del inversionista, la de Mossack Fonseca y luego el destino final. Al respecto, confiesa, hay usos lícitos e ilícitos, pero es casi imposible detectarlos', explica esta persona que solicitó anonimato.

Ejemplifica que si alguien quería comprar una propiedad y carecía de una cuenta escrow, usaba la cuenta que tenía la firma, que cobraba aproximadamente el 1% de comisión. En caso de que la cifra fuera menor, la comisión bajaba a aproximadamente 0.75%, pero a su vez, la cuenta de Mossack Fonseca ganaba intereses de esos dineros hasta que la operación entre las partes se concretara. ‘Es un negocio perfectamente lícito', asegura la fuente. Por lo general, la firma trataba con abogados que debían haber efectuado la debida diligencia a sus clientes; existía un manual de cumplimiento y las transacciones estaban sustentadas, "aunque pudiera haber casos en que no se conocía quién era el beneficiario final", reconoce la fuente.

LOS RIESGOS
El negocio de fiduciario es legítimo, afirma Bustamante. Pero puede existir la posibilidad de recibir dinero de una persona, sin que se conozca el origen. En este sentido, expresa Bustamante, ‘puedes hacer un trato o no, y reportarlo a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)'. Esa obligación no existía hasta que se sancionó la ley 23 de 2015. Las transacciones sospechosas pueden considerarse aquellas en las que está involucrada una figura pública, o PEP, como se denomina en términos financieros. Un rango de sospecha también es el país de donde proviene la transacción, indicó Bustamante.

La ley es el parte aguas, es la que señala la obligación de reportar todas estas situaciones a la UAF. Anteriormente, los abogados no eran sujetos de supervisión al igual que otras 16 áreas. Los entes deben archivar la información por 5 años; la UAF, en todo caso, sería la encargada de notificar al Ministerio Público para iniciar una investigación.