Edwin Torres decidirá el futuro de Martinelli

Torres decidirá fianza en medio de una jugosa oferta de Martinelli y contundente oposición de la Fiscalía

Más de $7 millones ha ofrecido el expresidente Ricardo Martinelli al juez como prueba de que "no irá a ningún lado" si lo excarcelan. La Fiscalía considera riesgosa la posibilidad de la fianza y habilita a un experto en materia penal.

La Corte del Distrito Sur de Miami Florida está que arde. El juez Edwin Torres, un boricua estricto en derecho, tendrá que decidir si concede o no una fianza de excarcelación al expresidente Ricardo Martinelli quien ha pasado ocho noches en el Centro de Detención Federal, después de haber sido detenido por los agentes federales en su casa el 11 de junio pasado tras la acusación de haber intervenido ilegalmente las comunicaciones 150 blancos, y de malversación de los fondos públicos.
Para ello, Torres tendrá que analizar varios escritos presentados tanto por la fiscalía que representa los intereses del Estado panameño, así como de la defensa de Martinelli que solicitó se desestime la petición de extradición efectuada por el gobierno de Panamá en mayo de 2016.

Ayer por la tarde, la defensa de Martinelli, compuesta por aproximadamente 5 abogados -4 panameños y uno norteamericano, Marcos Jiménez-, presentó un último intento -algunos juristas lo califican como desesperado- para desvincular a su cliente del número 14813-104, el número de registro federal que se le asigna a cada recluso para la identificación y envío de correspondencia mientras se encuentra bajo custodia federal. Trata de convencer a la Corte de que Martinelli no representa un peligro de fuga y expone su caso como uno en el que se debe tratar con "circunstancias especiales". Esto luego de que la Fiscalía presentó una moción para impedir que Torres conceda una fianza al expresidente. Que si bien es cierto, es una prerrogativa que el juez toma a discreción, ;no aplica a los casos de extradición.

Para probar a la Corte que Martinelli está comprometido a no huir de Estados Unidos, ofreció un jugoso paquete de fianzas que consiste en: $5 millones de los cuales consigna el 10% la esposa de Martinelli, Marta Linares, que se respaldan con las propiedades del expresidente; $2 millones como fianza de garantía personal, de los cuales la mitad será co-firmado por un amigo de Florida y respaldado por una propiedad; confinamiento en su casa de la Florida: monitoreo electrónico; el pago de policías que cuiden su residencia 24/7; cualquier restricción que imponga el juez en transporte; y la extradición pre anticipada en caso de que rehúya a cualquier violación que exija la Corte.
La fiscalía por su parte, habilitó a última hora a Christopher J. Smith Director asociado (Acting Associate Director) del Departamento de Justicia, un abogado penalista con basta experiencia en este tipo de casos, que tomará el lugar de Adam Fels, el fiscal que estaba a cargo del caso. Antes de ser sustituido, Fels se encargó de dejar claro a la Corte que ningún monto económico garantizará la permanencia de Martinelli en el país, y que de la Corte corre un riesgo de quedar en ridículo, o de ser avergonzada internacionalmente, si Martinelli huye de Estados Unidos, pues tiene las conexiones y el dinero para hacerlo.

Como ingrediente adicional, Yasir Purcait, una de las víctimas del espionaje de Martinelli, envió una carta al juez en la que expresa haber sido víctima del seguimiento que le hizo el presidente durante su mandato, su entonces adversario político. La misiva expresa que Martinelli utiliza el suelo norteamericano para evadir la justicia en su país, y que la carga probatoria que hay en su contra es más que suficiente.

A las dos de la tarde, Ricardo Martinelli aparecerá en la sala de audiencia. Será trasladado del Centro de Detención que se encuentra a un lado del edificio James Lawrence King, donde se aloja la oficina del juez Torres. Es la primera vez que Martinelli pierde su libertad. El hombre acostumbrado a todo tipo de lujos, a tener un chofer que lo traslada a todos lados, avión, helicóptero, autos, celular, computador, ipad, y todo tipo de comodidades ha reducido su vida a un catre, un lavabo, y varios nuevos amigos que comparten confinamiento.

No ha recibido visitas, solo las de sus abogados, según ellos mismos han dicho a La Estrella de Panamá. El domingo contaron que Martinelli se encontraba en buenas condiciones, que había bajado de peso producto del ejercicio que ha instalado como parte de su rutina, que los presos le llamaban "tío Ricardo" y que éste les ayudaba a redactar escritos.

Ahora la defensa utiliza una estrategia que considera infalible para que su cliente recupere la libertad, aunque sea amarrado a un brazalete electrónico en casa. Sabe que la próxima batalla es más viable conseguirla en el Departamento de Estado si el tío Ricardo está en casa. Finalmente, en esta entidad gubernamental recae la última palabra.

LOS ALEGATOS DE MARTINELLI
El expresidente no solo busca declarar su condición ante el juez como una "circunstancia especial". También aprovechó el escrito de su defensa acusando al actual presidente de haber solicitado $25 mil mensuales -en coimas o dinero no justificado- a los consulados mientras él fungía como Canciller de la República a inicios de la administración Martinelli.

Esta situación, según la defensa de Martinelli, lo obligó a encarar a su canciller, y posterior a este acto lo echó del cargo, aunque no podía destronarlo como vicepresidente por prohibiciones de la Constitución panameña.

Este hecho desató una persecución política en su contra, alega la defensa del expresidente. También añade en el escrito que presentó ante el juez Torres, que inmediatamente después de asumir la presidencia, Varela lanzó numerosas investigaciones contra Martinelli. La fiscal anti corrupción a cargo de la investigación era Lizette Chevalier, a quien Varela presionó por medio de la Policía Nacional para hacer falsas acusaciones en su contra. Ella se opuso y como resultado de esto, la removió del caso, transfirió el mismo a otra autoridad y finalmente la despidió.

Martinelli solicitó asilo a Estados Unidos el 15 de julio de 2015, un proceso que aún se encuentra en desarrollo. Pero también tiene un proceso igual en Italia, país del que posee ciudadanía, y que por "razones sensitivas", la defensa dijo que explicaría posteriormente por qué lo solicitó a este país.

La defensa de Ricardo Martinelli sostiene que existe una persecución política en su contra por parte del Ejecutivo, y aduce que el sistema judicial panameño carece de la independencia como para evitar contagiarse del parecer del Ejecutivo.

Los cargos efectuados contra Martinelli, según sus abogados, son escasos de pruebas por lo que pide a la Corte debería examinar petición de extradición de Panamá bajo circunstancias especiales que ordenen su liberación para desmantelar los riesgos de fuga o daños a la comunidad a los que teme la fiscalía.

Según la defensa del expresidente, existen al menos 7 circunstancias especiales que aplican en su caso. La primera, es que los 6 argumentos en su contra carecen de pruebas sólidas. Una segunda, según sus abogados, es su inmunidad como miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen), y el incumplimiento por parte de Panamá de una orden judicial válida para un delito extraditable.

Otra de las razones que alegan sus abogados, es que Panamá es un país burócrata, y que su periodo en la prisión podría durar años. Explican que la fianza que solicita ahora, podría aplicarse en Panamá a cualquier ciudadano que haya cometido estos delitos. Añade que debido a la larga demora de Panamá en solicitar la extradición ahora carece de una necesidad de hacerlo. Otra justificación más que alegan sus abogados, es Martinelli no tiene antecedentes criminales, que es un señor de 65 años con numerosos problemas de salud y que los cargos que pesan en su contra son evidencia de una rivalidad política que responde al despido de Juan Carlos Varela del gobierno.

"El presidente Martinelli no va ir a ninguna parte, tienen familia aquí, ha solicitado asilo político y a diferencia de otros acusados que aparecen en la Corte, el exmandatario sabía que podría ser arrestado y no hizo nada para eludirlo", dice la defensa.

CONTRAGOLPE DE LA FISCALÍA
La fiscalía solicita que Ricardo Martinelli continúe detenido hasta el momento de su extradición a Panamá por que a pesar de que se le imponga una alta fianza, no puede demostrar que no existe riesgo de fuga ni que existan circunstancias especiales que justifiquen su liberación.

Para ilustrar al juez, el fiscal encargado del caso Adam Fels describe que en Panamá Martinelli enfrenta cuatro cargos, interceptación de las comunicaciones sin una orden judicial, seguimiento y persecución sin una autorización judicial, malversación inapropiada de fondos públicos, y malversación de los fondos del Estado.

El marco legal referencial para los procesos de extradición es muy sui generis. Es decir, se le otorga la primera función a un funcionario judicial que esta autorizado a certificar ante el Departamento de Estado que existe suficiente evidencia para sostener los cargos. El Secretario de Estado, y no la Corte, decide si el fugitivo debe ser extraditado al país requeriente.

En la audiencia de extradición, el rol de la Corte es considerar la evidencia presentada del país solicitante y determinar si los requerimientos legales para la extradición definidos en los tratados, se han establecido. Si así lo considera la Corte, debe proveer dicha certificación al Departamento de Estado con una copia del testimonio que se obtenga en la corte, y debe encomendar la custodia del fugitivo, en este caso de Ricardo Martinelli, a los agentes federales de Estados Unidos hasta que se concrete el proceso de extradición.

El fiscal estima que existe un alto riesgo de fuga si el juez, por discreción propia, concede a Martinelli una fianza de excarcelación.

La situación económica de un fugitivo, según el fiscal, puede representar un riesgo de fuga, especialmente cuando se tienen nexos o relaciones con otros países y se enfrentan a cargos graves.

Una persona que tiene forma de salir del país por avión no debe recibir una fianza, aunque el caso sea especial.

El fiscal Adams Fels, pide a la Corte no otorgar fianza a Martinelli por varias razones.

La primera porque puede huir. "Martinelli tiene un avión, dos helicópteros y un yate. Posee numerosas compañías, incluyendo el super 99, negocio que le ha dejado una fortuna de $700 millones según lo describió el magistrado Fiscal en su acusación. También posee varios medios de comunicación, es muy rico y esa riqueza le puede facilitar un escape a un tercer país para exiliarse junto a su familia por décadas", describe Fels.

En segundo lugar, continúa la fiscalía, Martinelli ha demostrado que es muy adepto a huir de la justicia. En enero 2015, cuando iniciaron las investigaciones en su contra se negó a presentarse ante la Corte por que adujo temer sobre su vida por ser perguido político.

Tercero, el expresidente ha tenido numerosas oportunidades para cultivar relaciones poderosas y está muy bien conectado con gente fuera de Panamá. Nexos que le facilitarían un exilio confortable a él y a su familia. Además posee la ciudadanía italiana y ha entrado al menos una vez a Estados Unidos con el pasaporte italiano. Significantes contactos en Italia pueden incrementar el riesgo de fuga, alerta el fiscal.

Cuarto, por la edad que tiene, 65 años, los cargos en su contra podrían representar una pena de más de 21 años de cárcel. La combinación de su edad y la posible sentencia lo hace encarar un riesgo que desearía evitar.

Ningún monto económico va a garantizar su presencia en la Corte, y quedaría abierta la posibilidad de que avergüence a la justicia norteamericana.

Aunado a esto, el fiscal considera que no existen "circunstancias especiales" que así califiquen el caso de Martinelli.

Por ejemplo, el asilo es un asunto aparte cuando existen otros procesos andando.

Tampoco califica como especial su condición de expresidente y posible candidato a este puesto de elección. No es un argumento de que se siente un perseguido político ya que las acusaciones por intercepción telefónica no representan un delito común que se conecte con una persecución política.

Tampoco su condición de salud hace especial su situación puesto que su cuartilla de salud indica que "sufrió de bronquitis severa que puede desarrollar una neumonía y su confinamiento puede agravar su salud".

Otro de los argumentos que echa por tierra la Fiscalía es que el delito en cuestión no es un crimen que contemple el tratado de extradición. Asumiendo que sea válido el argumento, aunque no lo es, el caso es claro en que lo que se debate no es el delito, sino la fianza que solicita Martinelli.