Martinelli dispuesto a que le confisquen su avión privado

Con tal de que el juez Edwin Torres otorgue una fianza a Ricardo Martinelli, 14 días preso en Miami, la defensa interpuso un recurso para desarticular a la Fiscalía que asegura que existe riesgo de fuga

La defensa de Ricardo Martinelli introdujo un recurso de 15 páginas ante la Corte del Distrito Sur de la Florida que dirige el juez Edwin Torres para tratar de desarticular la posición de la fiscalía sobre el riesgo que corre la justicia norteamericana al otorgar una fianza a su cliente.

En la audiencia celebrada el martes 20 de junio, la fiscalía consideró que Martinelli tenía las influencias, la riqueza y los medios para huir del país si el juez concedía el paquete de fianza que presentó la defensa. Todo esto, para tratar de convencer al juez de que su cliente, quien ha pasado 13 días en la prisión federal de Miami, no pretende violar las consideraciones del juez si éste otorga la fianza.

En este sentido, la defensa rebate uno de los puntos principales, El avión privado de Martinelli y que estuviera a nombre de un fideicomiso, tal como lo planteó la fiscalía. Ante esto, la defensa del exmandatario le dice al juez que es muy común registrar estas naves a nombre de fideicomisos, aunque cuenta con matrícula norteamericana N799RM, y por tanto, éste país tiene jurisdicción para confiscar la nave. Martinelli está dispuesto a que se le confisque su avión o a recibir cualquier otras restricciones sobre medios de transporte, planteó la defensa.

El segundo punto que trata de desarticular la defensa del exmandatario es su poder en el el banco Global Bank. Explica que Martinelli transfirió sus acciones (6.5%) a su esposa quien es accionista en un 13%., y aunque ambos formaban parte de la directiva, fueron removidos de sus cargos poco tiempo después de haber llegado a la presidencia.

La defensa no deja de lado una de las respuestas que dio el fiscal en la audiencia cuando el juez cuestionó a Adam Fels, sobre a dónde escaparía Martinelli, y éste respondió que contaba con una licencia de conducir de República Dominicana, como uno de los posibles destinos donde se exiliaría el expresidente.

Al respecto, el abogado Marco Jiménez dice que en efecto, su cliente porta este documento, pero que República Dominicana tiene un tratado de extradición con Panamá firmado en julio de 2016, el cual se presenta como parte de las pruebas por parte de la defensa.

Martinelli tiene pendiente que se resuelva una petición de asilo en Estados Unidos que solicitó en 2015, recientemente él tuvo una entrevista con las autoridades y no tiene intención de irse de Estados Unidos a la República Dominicana o cualquier otro país.

Por lo anterior, cita la defensa, solicita al juez considerar el paquete de fianza que sometió Martinelli a consideración de Torres, el cual incluye $7 millones en fianza, (5 de firmados por su esposa y de los cuales adelante el 10%, un millón de su pecunio, otro de un amigo en la Florida que respalda con una propiedad) , pagar el salario de los policías que lo resguardarán, colocarse un brazalete electrónico y que le confisquen todos sus medios de transporte.

El juez Torres indicó al finalizar la audiencia que analizaría el caso para, pues aunque en los casos de extradición esta facultad queda a discrecionalidad del juez, revisaría si era viable. En caso de serlo, dijo Torres citaría a una nueva fecha de audiencia, esto aún no ha ocurrido.

El viernes pasado, la fiscalía aportó un documento en el que sustenta que el caso de los pinchazos telefónicos por el cual el gobierno panameño solicita la extradición del exmandatario, no es un caso de espionaje puesto que Martinelli espió a blancos que no necesariamente eran del gobierno, además afectó su interés privado y no el interés público.

La defensa presentó el mismo día la opinión del abogado Roberto Moreno, en la cual señala que era indispensable la imputación del exmandatario y que no bastaba con acusarlo. Un debate que ha estado latente desde que la Corte Suprema de Justicia inició el caso contra el exmandatario. Aunado a esto, Moreno explica que la declaración de Ismael Pitti, uno de los agentes que declaró haber efectuado seguimientos y pinchazos por órdenes de Martinelli, “no se incluyó en el expediente a tiempo y por tanto, según Moreno, no puede ser evidencia de la Fiscalía para probar la teoría del caso y su uso en el proceso puede ser ilegal”, según Moreno.