Casos de corrupción estancados en el Órgano Judicial, hay 17

Reiteradas cancelaciones de audiencias, lentitud en la fijación de fechas de audiencias, y la demora en la resolución de recursos tienen empantanados los casos de corrupción

Los principales casos de corrupción que investigó el Ministerio Público en tres años, aún no han dado resultados, al menos no cuentan con una sola condena y existe el riesgo de que dos de los 20 casos emblemáticos, queden impunes.

La Alianza Ciudadana Pro Justicia y Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, efectuaron un monitoreo de 20 casos de corrupción cuyos resultados deberían hacer reflexionar a más de uno en el Órgano Judicial donde los casos parecen estancarse debido a la reiterada cancelación de audiencias, o el retraso en la fijación de audiencias.

Llama la atención que uno de los casos más escandalosos, el desfalco de la casa de valores Financial Pacific, que tiene 24 meses de investigación y 14 tomos escritos por la fiscal Lieda Sánchez, no tenga una vista fiscal y menos un llamamiento a juicio.

Además, que uno de los socios principales de la casa de valores, West Valdés, esté detenido por la investigación de un préstamo de la Caja de Ahorro y no por el desfalco a la casa de valores.

O que el expediente en el que investiga el fraude financiero y blanqueo de capitales con uso de información privilegiada de acciones de la minera Petaquilla Minerals Ltd, no se haya localizado en el órgano judicial, estaba a la espera de reparto y no la información sobre la cantidad de tomos que abarca el expediente tampoco está disponible.

Esta investigación fue efectuada a raíz de una denuncia presentada por la Superintendencia del Mercado de Valores al tomar la batuta de esta entidad Marelissa Quintero, en relevo de Juan Manuel Martans. El regulador, tras el escándalo de la casa de valores, sufrió un deterioro institucional significativo, así como en el grado de credibilidad mientras se desarrollaba la crisis de Financial Pacific. Aunado a esto, hay informes norteamericanos que al expresidente Ricardo Martienlli se le abrió un proceso en Estados Unidos por posible utilización de información privilegiada para la compra de acciones.

DATOS DUROS
Entre los 20 casos monitoreados por Transparencia Internacional, el Ministerio Público ha acumulado un total de 819 tomos que contienen todas las investigaciones, pero con pocos resultados. Ha imputado a 274 personas, 159 particulares y a 115 servidores públicos. Hay 17 prófugos de la justicia cuyas órdenes de detención, supuestamente solicitadas a Interpol, no han surtido efecto alguno en más de 30 meses.

De los 20 casos, aún permanecen en sumarias de averiguación (Ministerio Público) el caso de Odebrecht Suiza (uno de los expedientes más abultados con 160 tomos), los contratos de la Asamblea y el caso de la casa de valores Financial Pacific.

Al momento de tomar el mando de la Procuraduría General, la procuradora Kenia Porcell se comprometió a poner especial énfasis en el caso. Dijo que revisaría el expediente y el trabajo realizado por los fiscales que lo investigaron, pero aún no se conocen resultados sobre las revisiones que efectuó Porcell al expediente. De hecho el informe lo sitúa aún en el Ministerio Público.

Con vista fiscal, a la espera de audiencia preliminar se encuentran los siguientes expedientes: alquiler de aeronaves, blanqueo de capitales del PAN, Compra de granos (con 55 imputados), Piso-Techo, Mochilas escolares, Radares, Enriquecimiento injustificado de Ferrufino.

Pero por ejemplo, han sido llamados a audiencia y se han suspendido en múltiples ocasiones los casos de: bolsas de comida, comida deshidratada, riego de Tonosí, cobranzas del Istmo, Mochilas Escolares, Tecnología AIG Criptex. Esto se debe a apelaciones, recursos, incidentes, controversias.

Algo insólito, el caso por el cual está siendo perseguido el expresidente Ricardo Martinelli en Estados Unidos, el de las escuchas telefónicas, aún está a la espera de juicio para el resto de los imputados. Martinelli se encuentra recluido desde hace un mes en la prisión federal en Miami, a la espera de su extradición, por haber ordenado las escuchas telefónicas.

En este caso hay tres funcionarios del Consejo de Seguridad vinculados al caso, pero dos están prófugos.

ÓRGANO JUDICIAL
Según el reporte de Transparencia Internacional, el órgano judicial demora las decisiones de Habeas Corpus, Amparos de Garantías y otros recursos. También hay lentitud en la definición de fechas de audiencia y permisibilidad ante la abusiva práctica de posposición de audiencias.

Entre otras cosas, además carece de tribunales especializados para delitos de corrupción o contra la administración pública, o de un sistema disciplinario por la no aplicación de la carrera judicial, no hay controles éticos y disciplinarios y con una gran crisis de credibilidad.

MINISTERIO PÚBLICO
Por su parte, en el Ministerio Público, según el informe, se congestionaron las Fiscalías Anticorrupción por la gran cantidad de investigaciones que se efectuaron.

No obstante, la entidad carece de recursos que se reflejan en pocos auditores y expertos en delitos de blanqueo de capitales y financieros, tópicos de gran importancia en la investigación de estos complejos casos que requieren de expertos para probar el delito.

También se aprecia, según el análisis, un Ministerio Público sometido a presión y acoso debido a las decisiones contra exfuncionarios de alto perfil del gobierno anterior.

PRÓFUGOS
En los distintos casos el Ministerio Público asevera haber emitido orden de detención a varios implicados que abandonaron el pais, pero cuyas alertas no han reflejado resultados hasta ahora. Los nombres de las personas requeridas son las siguientes: Rafael Guardia Juárez (hijo), Rosa Elvira González, Abraham Williams, Yasmina Pimentel, Viyei Etzell Pérez, Adolfo de Obarrio, Roberto Pérez, Ricardo Calvo Latorraca, Víctor Ríos Frías, Mauricio Oryz, Claudio Poma Murialdo, Francisco Fillu Nigaglioni, Oscar Iván Rivera, Ronny Rodríguez, William Pitty, Ricardo Martinelli Linares, Luis Martinelli Linares.

El estudio revela que entre todos los casos se pudo haber causado una lesión patrimonial al Estado por $357.3 millones.

Infografía realizada por Nelson Fernández.