A raíz de la manifestación del jueves, Harry Díaz envió una carta a sus colegas para que se discutan las demandas de inconstitucionalidad de la frase “entre un hombre y una mujer” del Código de la Familia
El magistrado de la Corte Suprema Harry Díaz, envió una nota a su colega Hernán De León, presidente encargado, con copia al resto de los magistrados, en la que le solicita que se someta a discusión del Pleno el tema de las inconstitucionalidades interpuestas contra el artículo 26 del Código de la Familia que versa sobre el matrimonio, y que está contenida en los expedientes 1042-16 y 315-17. El primero de ellos presentado en octubre de 2016.
Los casos referidos, pretenden que se declare inconstitucional la frase “entre un hombre y una mujer” que describe la figura matrimonial en dicho Código. Con esto, se busca que se reconozca en Panamá el matrimonio igualitario o entre personas del mismo género.
La carta escrita por Díaz, con fecha del 14 de julio, hace referencia a las marchas que han surgido en contra de la posibilidad de que la Corte declare inconstitucional la frase, y dice que “las manifestaciones generadas, revelan claramente que se trata de un tema sensitivo para la sociedad panameña”.
Luego concluye, que el “Órgano Judicial tiene la responsabilidad de salvaguardar la paz social, mediante una adecuada administración de justicia e interpretación de la Constitución de la República”.
El jueves por la tarde, una multitudinaria marcha que acaparó las calles del centro de la ciudad, dejaba alto y claro su rechazo al matrimonio gay.
Al final, en la Corte todo será cuestión de sumar 5 votos para lograr la mayoría. Quienes objetan la idea de que se legalice el matrimonio igualitario, temen que la dilatación de la discusión en el Pleno tenga una doble intención.
En enero dos magistrados, Jerónimo Mejía y Oyden Ortega (que aun no se han pronunciado sobre el tema), deberán ser reemplazados por el Ejecutivo. En caso de que la votación se efectúe después de los nombramientos, temen que los recién nombrados den voto favorable al proyecto que acumula dos demandas de incostitucionalidad presentados por parejas del mismo sexo integradas por panameños y extranjeros.
Entre quienes apoyan la legalización de la unión gay, se destaca la Primera Dama de la República, Lorena Castillo, abanderada de la marcha del orgullo gay que se realizó el 1 de julio en la Cinta Costera.
De acuerdo a la demanda interpuesta por el bufete de abogados Morgan & Morgan, en nombre de las dos parejas, el impedir a dos personas del mismo sexo contraer matrimonio, resulta un hecho discriminatorio y atenta contra los compromisos internacionales suscritos por el país, como la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Las parejas homosexuales, señala la demanda, no pueden cambiar su estado civil y por tanto no generan relaciones de familia o parentesco; no poseen derechos ni deberes; no pueden construir un régimen patrimonial para administrar sus bienes; si uno de ellos fallece, el otro no podrá ser beneficiado con la herencia intestada; el sobreviviente no podrá decidir sobre los bienes de su pareja; tampoco tienen acceso a la jurisdicción especializada de tribunales de familia en caso de conflicto interno; en caso de que sufra un accidente, su pareja no podrá beneficiarse de las protecciones de la Seguridad Social; no pueden adoptar un menor, cita la demanda.
Recientemente se abrió en la Corte el periodo de alegatos para escuchar las voces a favor y en contra del proyecto. Entonces 150 juristas se opusieron a la legalización del matrimonio gay. Sus descargos se basan en la defensa a la familia como fundamento clave de la relación binaria que permite perpetuar la identidad panameña a lo largo de la historia.
Un argumento más de los juristas es que un tratado internacional no puede modificar la ley interna. Aunado a esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no trata el matrimonio de homosexuales, sino el de hombre y mujer.
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