El tribunal superior consideró que la petición de extradición del exgobernador de Quinta Roo, solicitada por México, cumple con los requisitos que exige el Tratado bilateral que ampara el procedimiento
El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, está más cerca de enfrentar la justicia que reclaman el tribunal federal y estatal de México requerido por un ramillete de presuntas actuaciones ilícitas entre las que se señala aprovechamiento ilícito de poder, desempeño irregular de la función pública y peculado.
El Tribunal Superior de Apelaciones, conformado por los magistrados Andrés Reyes, Greta Marchosky y Mauricio Marín, en audiencia de extradición celebrada el 2 de agosto a las 4:30 de la tarde, ordenaron el arresto formal del exgobernador y lo pusieron a ordenes del Ministerio de Relaciones Exteriores para que siga con el proceso de extradición que debe continuar en los próximos 60 días a partir del dictamen judicial. Este plazo solo será suspendido en caso de que la Cancillería panameña solicite ampliación de documentación al país requirente, México.
Los magistrados también ordenaron que se confisquen los bienes o pertenencias cautelados a Borge al momento de su arresto, celulares, tarjetas de crédito, lentes de sol, dinero efectivo, y que los mismos estén a ordenes de la Cancillería.
A pesar de los intentos de la defensa en lograr la excarcelación de su cliente mientras dure el proceso de extradición, los magistrados negaron la petición de medida cautelar distinta a la detención preventiva o una fianza a Borge entre otras razones porque no cuenta con arraigo en Panamá, su domicilio está en Quintana Roo, como él mismo lo confesó al iniciar la audiencia, y máxime que al momento de su detención se encontraba abordando un avión con destino de Francia, anunció el magistrado Marín.
Los magistrados negaron la fianza a Borge por que consideran que pueda desvincularse del proceso siendo sus ingresos mensuales, $250 mil pesos o $16 mil mensuales, un factor que permitiría su fuga del país.
Borge acudió con ropa casual, pantalón vaquero, camisa rosa con rayas blancas y mocasines. Durante la audiencia buscó comunicarse con su abogado Arturo González con mensajes escritos que el jurista respondía de la misma forma. Mientras el magistrado daba su veredicto, Borge se acomodaba en la silla en repetidas ocasiones, como si se impacientara para conocer el resultado final de los jueces.
El siguiente paso en el proceso corresponde a la Cancillería, entidad que debe evaluar la documentación y tiene el poder decisión de extraditar a Borge, potestad que recae en el Ejecutivo del país que extradita, puesto que el proceso ya surtió el paso judicial previo.
La cancillería funge como enlace en la tramitación correspondiente, un proceso administrativo en el que debe examinar los documentos relacionados a la extradición y decidir si son suficientes para conceder o no la extradición. Si creen que es necesario complementarlos procederán a solicitarlos a México que tendrá un plazo de hasta 30 días para responder. La Cancillería manifestará por escrito a México su decisión y tramitará la entrega del exgobernador a este país sin necesidad de celebrar otra audiencia.
El veredicto de los jueces surgió después de un receso de 24 horas que permitió analizar las posturas de las partes. Entre sus consideraciones dictaminaron que la petición formal efectuada por el gobierno mexicano a la Cancillería panameña el 24 de julio del corriente, cumplió con los requisitos que exige el tratado bilateral que suscriben los países y en el cual se basa el requerimiento. Esta ampliación se refiere a tres resoluciones emitidas por juzgados de Chetumal en las que se anexan las actuaciones de Borge en la contratación de servicios de transporte terrestre y aéreo que causaron un perjuicio millonario al erario público. Esto, con el fin de contrarrestar un amparo de garantías fallado a favor del exgobernador que congelaba cualquier orden de aprehensión emitida contra Borge.
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