Gobierno mexicano amplia extradición de exgobernador Roberto Borge

Tres anexos envió México para reforzar la petición de extradición de Borge mientras que la defensa solicitó una medida distinta a la detención preventiva o una fianza

Los magistrados Andrés Reyes, Greta Marchosky y Mauricio Marín se declararon en receso abierto en el caso del exgobernador de Quintana Roo, México, Roberto Borge en audiencia celebrada el 1 de agosto en ciudad de Panamá en la que se le acusa de presunto aprovechamiento de poder, desempeño irregular de la función publica y delito de peculado mientras fungió como gobernador de este Estado.

Al momento de obtener las generales de los presentes, Borge manifestó al magistrado ser licenciado en administración de empresas y dijo tener un ingreso mensual de 250 mil pesos, equivalentes aproximadamente a unos $16 mil mensuales.

Borge no tomó más la palabra durante la audiencia a pesar de que el magistrado Marín, quien presidía la audiencia, le otorgó la palabra unos minutos antes de ir al receso. Sin embargo Borge se negó a hablar.

El motivo de la audiencia para la fiscalía era solicitar a los magistrados ordenar formal arresto de Borge y presentar la documentación para formalizar la extradición a México, país requiriente. La defensa del exgobernador, integrada por Arturo González Baso y el asistente David Carrillo, solicitó una medida cautelar distinta a la detención preventiva o una fianza para su cliente.

Enseguida el juez concedió la palabra al fiscal José Antonio Candanedo de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, quien leyó la Resolución que solicita la extradición del exfuncionario. Indicó el fiscal que Borge asumió cargo el 25 de abril de 2011 y mientras fungió como gobernador, nombró a sus allegados en puestos clave que les permitían administrar los bienes del Estado.

La Fiscalía detalló la enajenación de varias propiedades por Borge, celebrando contratos de 23 propiedades de dominio del Estado a un precio risorio de 208 millones de pesos, cuando debió haber sido por 4,675 millones. Esta transacción provocó, según la Fiscalía, que el Estado dejara de percibir 4,467 millones de pesos.

Borge también es relacionado a la enajenación de 2 predios por 184 millones que fueron vendidos por casi el 10% del valor causando un perjuicio económico al Estado. Aunado a esto, utilizó el sistema financiero de México para realizar dichos movimientos y se desconoce la capacidad económica del exgobernador para adquirir estos bienes.

La Fiscalía señaló a Borge de hacer operaciones con recursos de procedencia ilícita y ocultar los bienes comprados con estos dineros, que muchos fueron adquiridos por parientes cercanos.

Por esta conducta se le imputa el delito de aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la funciones públicas.

El gobierno mexicano envió una ampliación de la solicitud efectuada compuesta por tres anexos que contienen a su vez copia de las respectivas órdenes de aprensión de tres juzgados de primera instancia de Chetumal.

En medio de la audiencia, el juez solicitó al exgobernador mantener la calma, no hablar o hacer gestos, esto ocurrió momentos en que la fiscalía exponía los argumentos presentados por el gobierno mexicano para oficializar la extradición.

Dijo que Borge ordenó a sus subordinados a celebrar contratos del servicio de transporte público sin las prestaciones correspondientes. Por esto el Estado dejó de percibir 594 millones de pesos. En este sentido dijo el fiscal, que se le imputa a Borge por la comisión de aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública.

Por su parte la defensa centró su argumento en la forma, más que en el fondo. Solicitó a los magistrados desestimar las aprensión formal de su cliente y la extradición por adolecer de los requisitos fundamentales, entre estos dijo que las solicitudes de detención que presentó el gobierno mexicano no estaban certificadas, que eran de juzgados estatales cuando la solicitud de extradición emana de una jurisdicción federal y que la detención enviada por la contraparte no compagina con el acuerdo de extradición bilateral. Además indicó que en México se concedió la suspensión en uno de los casos de Borge, precisamente el que se debate en Panamá.

Ante la petición de una medida cautelar distinta a la detención preventiva, la fiscalía reclamó que Borge no tiene arraigo en Panamá, y que antes de ser detenido estuvo a punto de tomar un avión con destino a Francia.

Borge fue detenido en Panamá el 4 de junio del corriente después de que las autoridades mexicanas conocieran de una alerta roja y detención en su contra emitida por el gobierno mexicano el 31 de mayo.