El socio y representante legal de Mauricio Cort, Irving Bonilla, indicó que la actuación de su cliente fue profesional.
Bonilla negó cualquier vinculación de Cort con las empresas del grupo Odebrecht, filiales, subsidiarias o su directivos.
Dijo que cuando el proceso se reactive, presentarán los documentos que justifican la prestación de servicios de su cliente y la debida explicación sobre las transferencias que aparecen en el informe policial de Andorra, en el que se detallan depósitos de dos sociedades controladas por la constructora Odebrecht a las cuentas de Cort.
“El informe (policial) es parte de la investigación, pero de parte del bufete y de Mauricio Cort hubo prestación de servicios a clientes dentro del marco de la legalidad, la justificación de la cantidad de dinero que habla el informe ya será presentada en los tribunales”, indicó Bonilla.
Según el abogado, el informe de la policía de Andorra no tiene respaldo. “El punto es que Cort Business Brokers & Consultors Inc. realizó una prestación de servicios, cualquier transacción realizada tiene una sustentación”, añadió.
Cort está señalado por el presunto delito de blanqueo de capitales y en este momento se encuentra en el extranjero. Su defensor explicó que atiende compromisos personales y de trabajo, desde mediados de septiembre de 2017.
Bonilla presentó ante el Juzgado Decimosegundo una solicitud de fianza; una vez se resuelva la medida y el expediente regrese a la Fiscalía, Cort “vendrá a Panamá”, aseguró.
La sustentación de la fianza es eminentemente procesal, en atención a que la orden de la fiscalía se basa en un supuesto delito que admite esta medida. “Se busca preservar la libertad de Cort, quien no tiene orden de detención”, añadió su abogado.
En días pasados, la Fiscalía Anticorrupción sustentó la apelación a la negativa del Tribunal Decimosegundo a extender el plazo de investigación. Algunos abogados de las partes presentaron su oposición. No así el de Cort, puesto que se encuentra a la expectativa de que se determine el monto de la fianza.
Resta que el Tribunal Superior decida si concede más tiempo de investigación al Ministerio Público, sopesando las objeciones presentadas por las partes.
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