Caso Panamá NG Power prende el sector eléctrico

Miembros de APEDE solicitaron una investigación de la adjudicación del proyecto de generación de gas a Panamá NG Power. Mientras, agentes de migración impidieron la entrada al país del presidente de la empresa

El sector energético echa chispas. El epicentro es la empresa Panamá N.G. Power, compañía de capital mixto cuyo accionista principal es el ejecutivo Alfredo “Mello” Alemán, y su socio asiático Shangai Electric Power, quienes ha sostenido, por tres años, diferencias legales con la Autoridad de los Servicios Públicos, reguladora en el campo. Los primeros se quejan de que la ASEP constantemente obstruye su entrada al mercado de generación de gas natural. Los segundos, la ASEP, reclama que la empresa debió entrar en operaciones en 2017, y que ha incumplido con una serie de requisitos básicos, el principal, la entrega del cierre financiero en un término que ha sido motivo de disputa entre ambas partes.

Ayer, durante un foro organizado por la Comisión de Energía de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), se ofreció cortesía de sala al administrador de la ASEP, Roberto Meana, para que explique el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 20 de diciembre pasado, en el que por mayoría de votos, los magistrados determinaron que el regulador había violado los derechos de la empresa al no concederle el tiempo que ésta había solicitado para la preparación y entrega del cierre financiero.

Fuera de las explicaciones detalladas de parte y parte sobre los argumentos y recursos legales presentados ante la Corte, el asunto se calentó porque los especialistas en temas energéticos que compartían la mesa, cuestionaron la forma en que se otorgó la licitación a NG Power y advirtieron sobre un sobre costo en el contrato y un problema de sobre contratación de energía.

El secretario de Energía, Víctor Urrutia, tiene dos preocupaciones en este caso: que se encarezca el precio de la energía y la complicación de seguir el crecimiento del mercado ante una sobre contratación. “Es bastante más caro que los que se lograron en ambiente de competencia, y atender este contrato ahora, nos obliga a pagar más por la electricidad de lo que teníamos actualmente. La preocupación se complica porque, habiendo un contrato de por medio, se limita la posibilidad de hacer contrataciones y nos avocamos a una situación en que en los años futuros vamos a estar en una actitud muy precaria de contratación y vamos a tener plantas que están dando servicio actualmente con contratos que se terminan y que no vamos a poder dar contrataciones por la sobre contratación que persiste”, indicó.

Fernando Aramburú Porras, miembro de APEDE, solicitó una investigación por la forma en que se otorgó esta licitación ya que solamente hubo un proponente en un contrato con capacidad de 640 MW por 20 años.

“No quiero decir que fue un acto fraudulento porque no tengo las pruebas, pero en mi opinión no fue un acto concurrido. Como APEDE nosotros nos pronunciamos contra la adjudicación porque era onerosa para el país”, manifestó Aramburú. El también miembro de la Junta Directiva de la Empresa de Transmisión Eléctrica, agregó que lo más sensato sería licitar de nuevo el proyecto. “Hay que ser valiente para decirlo”, sentenció. Y añadió: “Si jurídicamente están bien parados (los de NG Power) pues adelante, pero a nosotros nos pareció que ese concurso no fue tal concurso”.

En medio de este intenso debate, otro hecho encendía más candela a este complejo caso.

El lunes, cuando el director general de NG Power, José Dapelo, retornaba al istmo procedente de un viaje a Estados Unidos, los agentes de migración le prohibieron la entrada al país y le retiraron la residencia sin aparente explicación. “Tengo 8 años viviendo en Panamá, no me he pasado ni una luz roja, lo único que he hecho es trabajar y presentar un proyecto de $800 millones de inversión”, manifestó a La Estrella de Panamá.

Dapelo insiste en que el principal obstáculo que le impide entrar al mercado son los intereses económicos de la competencia.

“El señor Urrutia, cuando nos ganamos la licitación, nos acusaba que el precio era demasiado barato, entonces él pertenecía a la Cámara de Comercio”, exclamó Dapelo.

Reconoce que la suya fue la única oferta, pero otras 26 compraron las bases de la licitación. “Hay que preguntarles a ellos por qué no participaron y por qué no impugnaron el concurso”, cuestionó.

Dapelo dijo que los funcionarios de migración también le despojaron de su teléfono y le impidieron llamar a su abogado. En cambio, le dieron a escoger dos destinos: Ecuador o Italia, porque goza de ambas nacionalidades.

“Yo les expliqué que si ellos querían quitarme la residencia que lo hicieran, pero no me podían impedir entrar al país porque mis nacionalidades no requieren visa para ingresar a Panamá. Me devolvieron los teléfonos cuando entré al avión”, se quejó Dapelo.

“Estamos viviendo en una dictadura”, añadió el empresario.

Este medio intentó conocer la versión de migración pero no respondieron las llamadas de este diario.

El presidente de APEDE, Héctor Cotes, ante esta confusa situación, indicó que la organización defenderá la libertad individual para contar con un buen clima de negocios.

Por ahora, la ASEP y NG Power deberán esperar que la Corte se pronuncie ante una solicitud de aclaración que interpuso el regulador. Pretenden que los magistrados determinen exactamente si el plazo de 150 días establecido en el fallo que emitió el Pleno el 10 de mayo de 2017 se debe comenzar a contar con los términos que se estableció en la Resolución de la ASEP fechada el 2 de agosto, o en su defecto, se deben computar conforme al voto explicativo que emitió el magistrado Abel Zamorano en diciembre pasado.