Cuestionan a Saint Malo por inclinación a favor de la CIDH

La Alianza Panameña por la Vida y la Familia tildó a la canciller de manejar su despacho como una sucursal de los organismos internacionales y no escuchar los intereses de sus nacionales

Los ánimos empiezan a caldearse entre las organizaciones que rechazan la aprobación del matrimonio igualitario a raíz del reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que plantea que “el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo”.

La Alianza Panameña por la Vida y la Familia (Alianza), presidida por el doctor Juan Francisco De La Guardia, envió una nota a la canciller y vicepresidenta Isabel De Saint Malo que cuestiona de forma crítica la actuación de la funcionaria tan pronto se publicó el fallo de la CIDH.

En la Corte Suprema de Justicia de Panamá, se discute la posible legalización del matrimonio igualitario. La Corte debe resolver la inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 26 del Código de la Familia que versa sobre el matrimonio, y que está contenida en los expedientes 1042-16 y 315-17, presentados en 2016 por dos parejas que contrajeron nupcias en el extranjero y pretenden validar en Panamá su unión.

“El Estado no es usted”, le dice la Alianza a Saint Malo en la misiva titulada “Preguntas y respuestas a su excelencia Isabel de Saint Malo” entregada en la Cancillería ayer en la tarde. Según la carta, la funcionaria dijo que la opinión de la CIDH puede ayudar al Gobierno a avanzar en la agenda de equidad y no discriminación y que la decisión de la CIDH era vinculante con Panamá.

Al respecto la Alianza señaló a algunos miembros de instituciones, entre los que destaca a Saint Malo, el Defensor del Pueblo, y al Procurador de la Administración (quienes han emitido comentario u opinión a favor del matrimonio igualitario) a no confundir a la ciudadanía utilizando conceptos que no terminan de definirse si se trata de la posición individual de Saint Malo o de la canciller.

La Alianza considera que el fallo de la CIDH no necesariamente debe ser acatado por el Estado Panameño, puesto que no ha sido parte en el proceso que definió esta Corte internacional.

Cuestiona la precipitada opinión de la Canciller en cuanto a la diferencia que existe entre notificar y transmitir. Explica que la CIDH puede notificar, es decir, comunicar formalmente a su destinatario una resolución administrativa, a diferencia de transmitir que implica enviar un mensaje no necesariamente vinculante.

Censuran la forma en que Saint Malo ha manejado el despacho tildándolo de una sucursal de los Organismos Internacionales más que una institución panameña que represente los intereses de sus nacionales. “La lista Clinton fue para usted vinculante en el caso Waked; los señalamientos de la OCDE son vinculantes para usted, y, en ambos casos, como este, según su opinión, Panamá debería renunciar a su soberanía”, reclaman.

Insisten en que la opinión de los panameños debe ser la vinculante y exigen la separación de poderes en tanto y cuanto, la Corte es el órgano que debe fallar al respecto.

Una cara muy distinta difundió Ricardo Beteta, representante de la organización de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá. Celebraron con regocijo que el día martes 9 de enero la CIDH haya emitido “una resolución histórica, de cumplir con la igualdad de derechos ante la Ley, y que es vinculante a todos los países que integran la región y hace cumplir taxativamente la legislación a nivel internacional”, se lee en el comunicado.

Los grupos minoritarios tienen ahora un brazo legal para exigir a las autoridades a cumplir con los artículos 4 y 57 de la Constitución, según Beteta quien celebró el paso que ha dado la CIDH para ser una sociedad más justa y comprometida con los derechos humanos.

En el fallo de la CIDH, los jueces manifiestan la necesidad de que los países inicien los ajustes en sus respectivas legislaciones para aplicar el criterio. Aunado a esto, el texto pide que se eviten consideraciones religiosas ´porque es un tema propio de derechos humanos y no de creencias o de fe.