El Ministerio Público pretende, con esta propuesta, c que almar los ánimos de la ciudadanía exige cuentas a la entidad sobre los casos
La Procuraduría General de la Nación pretende que se conozcan los nombres de las personas involucradas en las investigaciones relacionadas a los delitos que guardan relación con la administración pública.
Ayer, en horas de la tarde, la Procuradora Kenia Porcell sustentó ante el Pleno de la Asamblea un anteproyecto de ley que busca levantar la reserva a estas investigaciones.
“Me he presentado con un proyecto de ley que guarda relación con modificaciones del Código Penal (CP) y el Código Procesal Penal (CPP)”, indicó la jefa de los fiscales a su salida.
La modificación al artículo 8 del CPP, propone: “Cuando se trate de investigaciones adelantadas por delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado, podrá brindarse la identificación de la persona imputada, con el propósito que los ciudadanos que posean información relevante la aporten al proceso”.
Entre los cambios que propuso la procuradora Kenia Porcell involucran a 11 artículos del CP y 4 del CPP. En la propuesta se establece un aumento en las penas por delitos de corrupción subrayando los delitos de fraude en contrataciones públicas y tráfico de influencias.
De igual forma, propuso que los delitos contra la administración pública, en el tipo penal que guarda relación con el blanqueo de capitales, se incorpore el título de delitos contra la administración pública. Solicitó que se modifiquen las disposiciones del CPP que guardan relación con la reserva de la información en las investigaciones para que toda persona, por disposición legal, tenga conocimiento de los nombres de las personas imputadas en los procesos que guardan relación con los delitos contra la administración pública y en los que se ve afectado el patrimonio del Estado.
El Ministerio Público ha enfrentado una serie de críticas por parte de la sociedad civil que exige conocer los nombres de las personas que están siendo investigadas en los casos de corrupción, especialmente en el que concierne a las coimas de la constructora Odebrecht.
Otro de los casos que involucra a funcionarios públicos es el caso Blue Apple, en el que funcionarios de la pasada administración exigían a las empresas del sector de la construcción un porcentaje del 5 al 10% en coima para agilizar los proyectos desde el Estado.
Las penas originales por estos delitos oscilan entre 2 a 4 años, pero en el proyecto se propone subirlas de 6 a 12 años por tratarse de delitos graves.
“Nosotros cuando ubicamos los delitos graves encontramos que las disposiciones llegan hasta los 20 años de prisión, siendo así, traemos una propuesta para que sea objeto de debate por los diputados”, indicó la Procuradora.
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