El billonario patrimonio de Martinelli representa un alto riesgo de fuga

El gobierno de Estados Unidos rechazó la seductora fianza millonaria propuesta por los abogados del expresidente Ricardo Martinelli quien espera extradición a Panamá en la Prisión Federal de Miami, Florida, Estados Unidos, donde se encuentra recluido desde hace más de 7 meses

"Ningún monto de dinero puede reparar el daño que puede causar al gobierno de Estados Unidos una fianza a favor de Martinelli corriendo el riesgo de que éste viole la jurisdicción y el país se vea impedido de extraditarlo", sostiene el fiscal Adam Fels a cargo de la defensa del Secretario de Estado de Estados Unidos Rex Tillerson. El Gobierno de Estados Unidos calcula que Martinelli vale más de mil millones de dólares: "billonario, con fácil acceso a su avión privado, hecho que ha considerado el juez Edwin Torres anteriormente", y lo llevó a negar el recurso de Martinelli por el inaceptable peligro de fuga.

En junio de 2017, el exmandatario solicitó al juez Torres una fianza millonaria pero éste falló en su contra porque su caso no era considerado como uno especial y por la contingencia que representaba su solvencia económica con acceso a varios medios de transporte.

La fianza en los procesos de extradición no existe, más bien, se trata de una discrecionalidad del juez. Seis meses después del fallo de Torres, ahora bajo el criterio de la jueza Marcia Cooke quien confirmó la decisión de su antecesor del pasado 23 de enero de extraditar a Martinelli, el Gobierno insiste en el riesgo de fuga que puede representar conceder la libertad restrictiva a Martinelli.

En junio de 2017, como ahora frente a Cooke, Martinelli ofreció poner a disposición del gobierno norteamericano todos sus bienes que podrían representar un motivo de preocupación o riesgo de fuga para la contraparte. Entre ellos incluyó su yate privado, su avión, ofreció además $5 millones, ponerse un brazalete electrónico para sustentar el cumplimiento de arresto domiciliario. Propuso también pagar de su bolsillo la seguridad 24/7 con policías retirados, o fuera de turno, para que vigilen su residencia de Coral Gables desde donde pondrá a discreción del juez en su movilidad.

"La oferta del expresidente tiene menos mérito ahora que cuando fue sustentada ante el juez Torres puesto que una persona que ha sido considerada extraditable para la Corte, y que pende de la guarda del Secretario de Estado norteamericano para ser extraditado, y al que se le ha negado un Habeas Corpus, tiene un riesgo más alto de fuga", manifiesta el Gobierno.

Este último punto actúa en contra del exmandatario porque según el Gobierno, la ley es clara. El estatuto establece que el fugitivo debe permanecer en una cárcel adecuada mientras se ejecuta la extradición". En este sentido, hace énfasis en el lenguaje "debe", plasmado en la norma, sin excepción y obliga al Tribunal a confiar la custodia federal del fugitivo durante el tiempo posterior a la certificación hasta la entrega al país solicitante.

El Gobierno indica que la defensa no ha citado, y que no hay antecedentes en la jurisprudencia norteamericana de un caso similar en el que se haya otorgado una fianza a un sujeto después de haberle negado un Habeas Corpus. Los abogados del expresidente interpusieron un Habeas Corpus ante la jueza Marcia Cooke, pero ésta confirmó hace un par de semanas la decisión del juez Torres quien certificó su extradición el 31 de agosto de 2016. "La obligación de Estados Unidos está bajo el tratado de extradición firmado entre Panamá y Estados Unidos, y por lo tanto, la Corte debe negar la fianza al interesado", expresa tajante la respuesta del gobierno del Norte.

El viernes pasado, en horas de la tarde, el Gobierno presentó su contestación ante la petición de fianza la defensa del exmandatario. Un documento de 23 páginas en el que recuerda a la Corte que no existe la fianza en los casos de extradición y que en caso de otorgarla, solo ocurre en casos especiales. Condiciones que había sustentado la defensa de Martinelli para no ser extraditado a Panamá y en las que argumentó una supuesta naturaleza prolongada del procedimiento, la posibilidad de que en Panamá se le pudiera otorgar una fianza, y su supuesto deterioro de salud en la cárcel, que no tiene un record criminal y que el caso en su contra es consecuencia de una vendetta política de la actual administración gubernamental que lo motivaron a solicitar asilo político en Estados Unidos.

Martinelli está dispuesto a consignar el 10% de los $5 millones que propuso como monto de fianza, suma avalada por la firma de su esposa Marta Linares, y respaldada por propiedades del exgobernante. La oferta incluye dos millones en una fianza personal, y un millón que le firma un amigo en Florida, al cual no identifica, pero que respalda con propiedades de la Florida.

Sin embargo, la contraparte de Martinelli ha sido contundente al recordar a la Corte que esta petición fue negada por Torres quien le ordenó permanecer bajo custodia de la guardia federal en prisión. El Gobierno cita que Torres sustentó su decisión al decir que Martinelli es una persona muy solvente, que reportó un avión propio, un yate, dos helicópteros, y que es un hombre de negocios que genera al año más de $700 millones, que cuenta con más de un pasaporte, contactos en otros países que le pueden ayudar a establecerse en otro lado.

Todo esto, recuerda Fels, llevó al juez Torres a no tener la intención de someter a Estados Unidos, o al Tratado bilateral, a un riesgo para favorecer a un individuo con una fianza.

El fiscal Fels argumenta que una fianza no es viable porque el Congreso mandata que un fugitivo internacional debe permanecer detenido después de haber sido declarado extraditable ante un tratado que obliga a Estados Unidos a extraditar al sujeto. Añade que la defensa de Martinelli no ha demostrado que el riesgo de fuga con su avión es menor ahora después de que dos Cortes han certificado su extradición. También flaquea en demostrar que cualquier circunstancia especial justifica su liberación, y en cambio, insiste en los mismos argumentos que hizo ante el juez Torres.

El fundamento legal que mantiene Estados Unidos en casos de extradición es muy claro según el Gobierno, y sería inconsistente otorgar una fianza posterior a la certificación de extradición.

La defensa de Martinelli, contempló en su solicitud que la Corte tiene la autoridad de otorgar la fianza a una persona que solicita un Habeas Corpus. En términos generales, según el Gobierno, reconoce esta base lega como una suficientemente veraz y correcta ya que es sabido que la Corte tiene la potestad de liberar a quienes tiene bajo su jurisdicción, tal como sucedió en el caso Jiménez en el que basa la defensa de Martinelli su argumento. Sin embargo debate esta posición al recordar que en otro caso similar ocurrido en Nueva York (Kapoor), el gobierno le otorgó una fianza antes de que se considerara extraditable, pero una vez la Corte certificó su extradición, la persona fue puesta bajo custodia y después permaneció sin fianza hasta completar la extradición.

AUNQUE SEA UN CASO EDPECIAL, MARTINELLI NO LO CUMPLE A SATISFACCIÓN
Incluso si existiera la posibilidad de aplicar fianza después de ser declarado extraditable, según Fels, Martinelli no cumple los estándares para obtenerla porque existe una presunción contra la fianza en los procedimientos de extradición que exige que este recurso solo se otorgue en circunstancias muy apremiantes y cuando los requisitos de la justicia sean absolutamente perentorios.

PETICIONARIO HA FALLADO EN DEMOSTRAR QUE NO VA A HUIR
Aunque el juez Torres determinó un alto riesgo de fuga por las amplias conexiones que tiene Martinelli en otros países y por su acaudalado patrimonio, de acuerdo a reportes de prensa, el Gobierno trae a colación que tiene avión propio, dos helicópteros y un yate, además es dueño de varias compañías en Panamá. "Todo esto le otorga ventajas financieras y prácticas para huir", señala el fiscal. El expresidente tiene un incentivo y la habilidad para evitar las serias acusaciones en su país, "ésta es una de las razones por las que se estableció en Estados Unidos, para evitar enfrentar a la justicia que le puede representar más de 20 años de sentencia en su país", recalca al Gobierno representado por Fels.

Aunado a esto, ha perdido varias luchas legales, "lo que le da más incentivo para huir, además porque aduce que los casos en su contra en Panamá son producto de una persecución política, que si él realmente cree esto, solo aumenta a un más su incentivo para tratar de evitar someterse por completo al sistema de justicia panameño tal como lo señaló el juez Torres: estas creencias arraigadas también pueden ser tentadoras razones para evitar el enjuiciamiento", se lee en la contestación.

El gobierno asume que el patrimonio de Martinelli es superior a los mil millones de dólares, por lo tanto, su oferta de $5 millones de fianza representa tan solo un .5% de su patrimonio. "Para poner en perspectiva la fianza del peticionario, es como si un individuo que tiene $100 mil se le de una fianza de $500", ejemplifica.

Peticionario ha fallado en demostrar que se tratar de un caso de circunstancias especiales.

Incluso si Martinelli demostrara que no representa un peligro de fuga, éste no está en capacidad de demostrar que el suyo es un caso de circunstancias especiales. El exgobernante presentó seis factores que le habilitan como un caso especial, entre ellos: que su cliente no tiene antecedentes criminales; su estado de salud es deteriorado en la cárcel; que se trata de un expresidente perseguido políticamente y que la petición de extradición no esta correctamente por el gobierno panameño según los Tratados; que en Panamá él pudiera ser sujeto a una fianza; que la naturaleza prolongada del proceso debería ser motivo para esperarla en otro lado que no sea en la cárcel; y que la defensa puede tener éxito en que la Corte califique este caso como especial.

No obstante, según el gobierno ninguna de estas razones satisface los estándares para solicitar la fianza. De hecho el Gobierno considera incorrecta la apreciación de la defensa en que tiene una alta probabilidad de éxito sobre este caso que justifica su liberación, porque implicaría convencer al Juez Torres que sus decisiones son incorrectas. Sobre el estado de salud de Martinelli, el Gobierno cita las consideraciones que emitió el juez Torres. La defensa alega que Martinelli tiene presión alta y afecciones cardiovasculares. Ante esto, el fiscal recordó una serie de casos de fugitivos que sufrían de cáncer, anemia, diabetes, problemas de próstata, que no fueron considerados como casos especiales.