El fiscal afirma que han conocido de individuos concretos que utilizaban a terceros para el ingreso de dinero a Panamá, luego abrían cuentas bancarias a nombre de sociedades de papel, y después hacían los movimientos mediante contratos ficticios y compraban bienes
El sonado caso de los Papeles de Panamá sigue bajo investigación en la Fiscalía Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público que lidera el fiscal Rómulo Bethancourt.
Ayer, en conferencia de prensa, la entidad ofreció una actualización de tres casos relacionados a la firma de abogados Mossack Fonseca, propiedad de Ramón Fonseca y Jürgen Mossack, despacho del cual se extrajeron 11.5 millones de documentos que sirvieron de análisis para que las autoridades en distintas jurisdicciones, incluida Panamá, iniciaran pesquisas.
A propósito de la exposición de los documentos, en la conferencia el fiscal Ricaurte González indicó que los hechos apuntan a que la extracción de los papeles de la firma no fue producto de un hackeo, sino que provino de adentro de la firma. “No se trata de un delito cibernético, esto al final no es parte de la investigación, pero ya está en fuentes abiertas que en Suiza el famoso operario de la firma no se le pudieron hacer cargos. La teoría de que fue hackeado no tiene sustento”, dijo González.
La investigación de la Fiscalía apunta a que la firma incurrió en actos ilícitos al prestar sus servicios corporativos con fines de licitud y ocultamiento de fondos generados de una multiplicidad de casos en el extranjero que tienen incidencia en el sistema financiero panameño.
Las autoridades enumeraron el caso de Petro Ecuador, el de Lava Jato -iniciado en Brasil pero que involucra a una sucursal de la firma- y el caso de los Papeles de Panamá o Panama Papers.
La fiscalía reiteró que las pesquisas efectuadas han sido avaladas por los juzgados panameños en tiempo y complejidad de la investigación. También recalcaron que están capacitados para elaborar las investigaciones de blanqueo de capitales y se han hecho uso de las herramientas legales como la Convención de Palermo y la Convención de Mérida, para recaudar información a través de las asistencias judiciales y la cooperación de otras jurisdicciones.
PETRO ECUADOR
En el caso de Petro Ecuador, en este país sureño se activó una investigación luego de la publicación efectuada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en abril de 2016. En base a estos datos, apareció un exgerente de la petrolera y otros ecuatorianos vinculados con empresas offshore abiertas en Panamá.
La investigación del Ministerio Público de Panamá indicó que ya existe una condena. Se trata de una exempleada de la firma Mossack Fonseca. Esta persona, aseguran, prestó servicios en entidades bancarias para un servidor público en Ecuador que estaba recibiendo coimas luego de haber garantizado contratos de petróleo.
Esta organización logró la apertura de cuentas en una entidad bancaria en Panamá con el fin de recibir dineros desde Suiza, el fondo era simulado mediante un contrato efectuado por un abogado de la firma Mossack Fonseca, procesado en la investigación.
Información que ha sido validada por la juez 18 del primer circuito de Panamá. La persona condenada reconoció la acusación de la Fiscalía teniendo como resultado una condena por 60 meses de cárcel por blanqueo de capitales.
“Esta modalidad ha permitido al Ministerio Público durante el 2017, presentar el primer caso de condena por el delito de blanqueo por servir una operación financiera en Panamá con dineros ilícitos procedentes del extranjero”, indicó el fiscal.
Según Bethancourt, la pesquisa ha identificado a 34 sociedades anónimas de papel en 9 jurisdicciones. Ha recibido información de Suiza, Estados Unidos, Ecuador, que le ha permitido identificar 27 bancos utilizados durante las operaciones de las distintas sociedades.
“Además, 27 personas han sido indagadas o se encuentran en proceso de, algunas con alertas rojas con búsqueda dentro de Panamá”, añadió el fiscal. Los individuos que corrompieron al funcionario del Ecuador están siendo buscados en este país. El funcionario público que envió el dinero falsamente como un cuenta de ahorro en Panamá ha sido condenado en Ecuador lo que según los fiscales, les permite dar solidez a la investigación panameña.
En Panamá han sido aprehendidos $5,7 millones producto de la coima pagada al funcionario. La jueza ha reconocido que la causa tiene una complejidad excepcional, y ha dado a la fiscalía carta abierta a la investigación que ha sido concluida en la etapa sumarial con el llamamiento a juicio contra las 27 personas identificadas, que aún no todas están detenidas o ubicadas.
CASO LAVA JATO
La investigación iniciada en marzo de 2016 cuenta con 126 tomos que consisten en expedientes bancarios, societarios, contratos, información obtenida en diligencia de allanamiento y una cooperación internacional con el ministerio de Brasil.
La fiscalía panameña informó que cuenta con 35 terabytes de información contenida en dispositivos electrónicos (con datos de correos electrónicos, seguimientos e interceptaciones telefónicas) procedente de Brasil, que permitirán al Ministerio Público ampliar el número de imputados en este caso.
A la fecha hay 4 personas indagadas, todos abogados, un especialista en fideicomisos, subgerente del área de fideicomiso de la firma Mossack Fonseca, los socios principales y la operadora que gerenciaba la oficina de Brasil. Nueve bancos han sido relacionados, uno de ellos ya fue cerrado por la Superintendencia de Bancos de Panamá, FP Bank, que se encuentra en investigación dentro del proceso; 34 sociedades anónimas han sido relacionadas a la pesquisa, 73 dispositivos electrónicos han sido revisados (laptops, usb, celulares) todos contentivos a la firma, y se han dado 21 inspecciones y dos jurisdicciones extranjeras se encuentran relacionadas a la investigación.
PAPELES DE PANAMÁ
La Fiscalía sostiene que la firma Mossack Fonseca prestó servicios para ocultar dineros que se encuentran en investigación en otras jurisdicciones. De acuerdo al fiscal, se ha podido identificar cómo se estructuraba, a través de terceros que prestaban su nombre para la firma, una operación para hacer compras e ingresos de dinero en el sistema panameño.
El fiscal afirma que han conocido de individuos concretos que utilizaban a terceros para ingreso de dinero a Panamá, después abrían cuentas bancarias a nombre de sociedades de papel, y después hacían los movimientos mediante contratos ficticios. Operaciones que suponían la adquisición, dentro del sistema de blanqueo de capitales, en la colocación de un activo o un inmueble.
Esta estructura, según la fiscalía, “era proveída por la firma, los dineros correspondían a los clientes y la participación criminal consistía en una prestación de un servicio y la apertura de cuentas”, narró Bethancourt.
El caso de Papeles de Panamá, tiene a la fecha relacionadas 206 personas jurídicas, 144 personas naturales que están mencionadas dentro de una multiplicidad de noticias en diversos países con todo el entramado de complejidad que supone; 66 cuentas bancarias están siendo examinadas a la fecha. “Han sido remitidas 32 asistencias judiciales dentro de la investigación y contamos con una cooperación reconocida por el grupo de Euro Just luego de que se identificara que Panamá está cooperando con Holanda, Bélgica, Francia, Italia, y otras en sudamérica”, indicó Bethancourt.
El fiscal no ofrece un monto específico producto del delito de lavado de dinero que se haya movido a través del esquema financiero que supuestamente creó la firma de abogados. Pero describe que “existen muchos delitos precedentes al delito de blanqueo de capitales. En el caso de Panamá Papers, no hay un único delito de una sola persona, sino que en Argentina hay un caso de captación masiva de fondos, en Ecuador un caso de corrupción internacional, en Alemania otro de estafa masiva y movimientos contra el erario alemán”, indicó.
La multilplicidad de las actividades criminales le obligan a efectuar una acusación que le permita ser lo suficientemente “abarcadores de los distintos niveles de una organización con estructura jerárquica. Dicho así, no hay un solo delito”, concluyó el fiscal.
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