En dos semanas la Autoridad del Canal recibirá las propuestas de cuatro empresas precalificadas a pesar de que aún no se cuenta con una Ley de Equiparación para este proyecto que genera aprobación y rechazo
Se enciende nuevamente la polémica por la licitación del Puerto de Corozal situado en las rivieras del Pacífico panameño.
La obra que alcanzaría una inversión de casi $2 mil millones, ha generado posturas encontradas entre Panama Ports Company (PPC) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por la competencia del mercado.
El tema no será sencillo de debatir. El proyecto tiene más de una demanda de inconstitucionalidad en la Corte; aún no se cuenta con una ley de equiparación aprobada por la Asamblea Nacional; los vecinos del área se quejan de la asfixia que causará la infraestructura, y los estudiosos del tema reclaman estudios de seguridad, viabilidad y de mercado, que justifiquen la concesión del puerto.
En dos semanas, la ACP se prepara para recibir las propuestas de cuatro empresas precalificadas para la concesión del diseño, construcción, desarrollo y operación de la actividad comercial del puerto a ubicarse en el oeste del Canal de Panamá.
Estos operadores son: APM Terminals B.V. (Holanda); Terminal Link (Francia); PSA International Pte., Ltd (Singapur) y Terminal Investment Limited, S.A. (Holanda).
En 2016, la ACP intentó, sin éxito, la aprobación del la Ley de Equiparación para este proyceto, lo que provocó que la discusión quedara en pausa.
Los críticos del proyecto demandan conocer los estudios de seguridad de navegación que determinen que el funcionamiento de dicho puerto no afectará, u obstaculizará, el tráfico de buques por el Canal Ampliado, el negocio primario del país. Esa es una de las principales inquietudes de José Blandón Castillo, analista político que ha estudiado el tema. En su concepto, la ACP aún no ha presentado a la ciudadanía los estudios de mercado que justifiquen su instalación.
“A mi me gustaría conocer los estudios que se han hecho, no por boca de ellos, sino en papel. Los pilotos se han manifestado en contra de esto, el Canal tiene que consultarlo. No veo información financiera nada de información que justifique su creación, también es importante conocer los estudios de seguridad, esto no puede ser un consorcio de negocios”, dijo Blandón.
Según el analista, la última licitación que hizo la ACP quedó desierta porque el descenso en el movimiento de contenedores que sufre la industria.
No obstante, en 2017 Panamá logró recuperar la curva que descendiente que se sintió en el sector un año antes, bonanza que algunos atribuyen al impacto que dejaron los huracanas en Estados Unidos.
El diputado José Antonio Domínguez, miembro de la Comisión de infraestructura y Asuntos del Canal de la Asamblea, se inclina a favor de este puerto. Alerta que otros países, como Colombia y Costa Rica, están ganando mercado.
“Las navieras, una vez que se sitúan en un puerto, es muy difícil que lo cambien. Panamá Ports (PPC) no puede dominar el mercado, ellos ya cuentan con un puerto en cada lado del Canal. Se requiere pasar en la Asamblea un proyecto de Ley para la equiparación de las condiciones fiscales del puerto de Corozal con las ya existentes, de lo contrario la balanza no sería justa”, indicó Domínguez.
En 2016, se intentó pasar elproyecto en la Comisión, pero dejó la sensación de que algo no muy transparente ocurrió en la Comisión del Canal.
En los pasillos de la Asamblea se escuchaba decir que “había algún tipo de incentivo para que los diputados se opusieran al proyecto, habiendo aprobado una semana antes un proyecto muy similar, el del puerto PSA, en el pacífico”.
Domínguez añade que de darse la concesión, la ACP podría exigir a la Asamblea que se le aprueben las mismas condiciones fiscales que reposan para el resto, y así contar con una Ley de Equiparación para este proyecto en particular.
Willy Cochez, abogado, recordó que “todavía existe una denuncia penal en el Ministerio Público en la que se sostiene con pruebas que los estudios de esos puertos fueron enviados, antes de hacerse público, a uno de los interesados en la construcción y que posteriormente no participaron”.
Cochez, que ha defendido los intereses de PPC, asegura que la ACP insiste en el proyecto porque hay muchos intereses de por medio, inclusive “de miembros de la Junta Directiva del Canal como el empresario Alberto Vallarino, para que ese proyecto se cristalice”.
El abogado se pregunta, de dónde va a sacar la ACP la aprobación de la Asamblea y de la pobalación para llevar a cabo el proyecto”.
También los residentes de Diablo Highs han mostrado oposición al proyecto de Corozal porque señalan que la propuesta no cuenta con un estudio que justifique la localización. En el pasado, se efectuaron varios estudios sobre cuál podría ser la mejor localización para este tipo de proyecto, y salieron a relucir otras ubicaciones como Farfán al noroeste de la ciudad de Panamá, la Isa San José o Chorrillo.
Edilma Acosta, presidente de la Asociación de vecinos de Diablo Highs apela a los estudios efectuados antes de la reversión de la vía interoceánica a manos panameñas, y que la ACP avaló como buenos.
La vecindad está compuesta por 385 familias que residen en un globo de terreno de 30 hectáreas, que de concretarse el proyecto portuario, quedarían asfixiados los accesos al barrio, además de las múltiples consecuencias que generaría el tráfico, el ruido de las grúas, etc.
“Hasta que la ACP no tenga la disposición de reunirse con todos los residentes que contamos con título de propiedad, y discutir una solución, nosotros nos vamos a oponer. No estamos dispuestos a que ningún intermediario, como un representante de corregimiento o diputado, negocie por nosotros”, manifestó tajante Acosta.
Puntualizó que ya se encuentran impactados por el Puerto de PPC, y será el doble la afectación si se construye el de Corozal ya que el tráfico se multiplicaría en la zona y no cuentan con una vía que los conecte con el resto de las comunidades. “Con el nuevo puerto se cerraría la vía hacia Corozal, lo que estrangularía el tráfico y aislaría a la comunidad”, indicó Acosta.
CRONOLOGÍA: Estudios efectuados para el puerto del Pacífico
En 1996, JICA, Agencia de Cooperación Japonesa, hizo estudio sobre sitios convenientes para ubicación de actividad portuaria ideal en el Pacífico. Propuso Farfán como mejor alternativa y Corozal como sitio óptimo para centro logístico.
En 2001, ACP contrata la firma Moffatt y Nichols para un estudio de prefactibilidad de una isla artificial de 300 h entre isla Tortolita y mar abierto, frente a la playa Veracruz; se construiría con el excedente del material de ampliación del Canal.
Un año más tarde, en 2002, el Ministerio de Comercio e industrias, junto con la ACP, contra a JETRO, consultora japonesa, para un estudio de factibilidad de construcción de una isla artificial, también con excedente del material de la ampliación.
JETRO propone: una isla de 150 h y desarrollar una península artificial desde el sector de Farfán-Kobbe y paralela al canal de acceso del Canal de Panamá; métodos constructivos de ambos rellenos y definía actividades que se desarrollarían en ellas.
En 2004, la ACP contrata a Moffatt & Nicholds para un estudio de factibilidad en el sito Farfán-Palo Seco para la construcción de una isla artificial. Ya conocían el alineamiento del tercer juego de esclusas, información aproximada del volumen de material que arrojaría la excavación, estudio socioeconómico de poblaciones próximas; varias alternativas de ubicación de la isla; costos, tamaño de naves que atracarían y una propuesta de desarrollo mixto de la isla.
En 2005, el Gobierno central solicita a la ACP otro estudio de factibilidad para un relleno en Palo Seco-Farfán para desarrollo portuario. Contrata a Moffatt & Nichols, quien propone además un ferrocarril que cruzaría el nuevo juego de esclusas y la esclusa de Miraflores a través de un puente báscula; la conexión del nuevo puerto con el sistema vial del Oeste y del Este con construcción de vía marginal al canal (antigua Bruja road) y conectarse al puente Centenario; costo de materiales de relleno y su localización, en caso de que los materiales que se extrajeran no fueran adecuados para la construcción del relleno.
Redacción
Adelita Coriat y Marlene Testa
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