"Al presidente Juan C. Varela le importa un comino con la justicia"

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola, afirma que el presidente está muy ocupado en asuntos políticos y no encuentra una justificación por la cual no ha nombrado los magistrados

El letargo del Ejecutivo en nombrar a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia hace pensar a personas como el exmagistrado y constitucionalista Edgardo Molino Mola, el poco o nulo interés que tiene el presidente Juan Carlos Varela en resolver el impasse en el que está sumergido el órgano judicial. Mola explica la situación en la que se encuentra la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, razón que ha mencionado Varela, le impide nombrar a los nuevos ocupantes de la Corte que debían haber sido ratificados en diciembre pasado.

El presidente no ha nombrado el reemplazo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿los que están deben continuar hasta esperar su reemplazo?
Ahora mismo no hay otra salida legal. La única salida es que cuando un cargo no ha sido ocupado por falta de nombramientos, entra en función la figura que especifica que nadie puede dejar en acefalía un cargo hasta que llegue su reemplazo. Así que los magistrados legalmente no pueden abandonar el cargo. Esa es la situación legal.

Algunos juristas refutan la permanencia en el cargo de los magistrados, pues señalan que esperar a su reemplazo es atender las normas de la Carrera Administrativa y no regirse bajo el Código Judicial...
Se trata de un problema de nombramientos, y éstos normalmente son de carácter administrativo, aunque el nombramiento en este caso sea hecho por el presidente de la República y sea ratificado por la Asamblea, esa función es de tipo administrativa. Es más, el Ejecutivo es el órgano administrativo por excelencia, así que no hay la menor duda de que se trata de un acto administrativo que está establecido en la Constitución y dicta cómo se hacen los nombramientos de los magistrados.

El fallo del magistrado Abel Zamorano, algunos reclaman que lo demandado es de corte administrativo y no era asunto de la Corte. ¿Debe ser aplicado entonces?
Zamorano no suspendió el acto. Zamorano le indica que debe actuar en base a lo que dice el segundo párrafo del artículo 73 de la ley del 2000. En ese sentido, Zamorano es el ponente, y después buscará la opinión de sus otros dos colegas que conforman la Sala. Ese caso no era un proceso administrativo, sino legislativo, una cosa es que la materia sea administrativa. En el proceso administrativo esta en discusión el derecho de una persona, pero ahí la discusión era la conformación proporcional a la norma. Ahora buscan llegar a un acuerdo de 3 (panameñistas), 3 (del Partido Revolucionario Democrático), y 3 (del partido Cambio Democrático). Esa proporción no toma en cuenta a las minorías. Aunado a esto, el Gobierno solo tiene derecho a dos escaños en esa Comisión, pero como son Gobierno quieren tres puestos. El Gobierno pesa, y como pesa dice adiós a la Constitución. Al final todo parece una ironía, puesto que el principio de constitucionalidad que era para lograr el equilibrio o proporcionalidad de las minorías en la Comisión no se concretará si llegan a un acuerdo. Entonces, ¿para qué se inició ésta lucha?

En este momento, ¿cuál es la situación de la Comisión de Credenciales?
En mi opinión sigue funcionando la Comisión anterior, porque a pesar de que fue revocada bajo el principio de acefalía, no pueden dejar eso abandonado. Ningún funcionario, sea legislativo, ejecutivo o judicial, debe abandonar su cargo hasta que no llegue su reemplazo. Es una norma general. Lo que pasa es que a veces hay normas que están en lo Códigos, pero en realidad su importancia tiene carácter constitucional. Eso es lo que se llama bloque de constitucionalidad. Lo que ocurre es que para que una norma legal sea incorporada como parte del bloque constitucional, tiene que ser declarado por la Corte Suprema de Justicia en Pleno. Yo considero que esa norma, que tiene la ley administrativa, que dice que nadie debe abandonar un cargo mientras no sea reemplazado, es una norma de carácter constitucional aunque esté en una ley. Pero mientras la Corte no reconozca eso como bloque sigue siendo una norma legal, pero a mi criterio es una norma que no ha sido convertida en eso.

¿En la Comisión de Credenciales aplicaría el mismo concepto de los magistrados de la Corte, que no podrían abandonar su cargo?
Exactamente, es un criterio general que se está aplicando en la administración de justicia y se debe aplicar también en la Asamblea, es que el criterio es que no puede dejar el cargo en acefalía, está obligado a quedarse hasta que lo reemplacen.

Entonces las palabras del presidente Juan Carlos Varela de que no nombrará a los candidatos hasta no ver solventado el asunto en la Comisión, ¿en qué situación deja al Ejecutivo?
A mí me parece que el presidente no tiene nada que ver en si hay o no Comisión de Credenciales. El tiene una obligación de nombrar los magistrados y ya debiera haberlos nombrado. El no tiene nada que ver con el problema del Legislativo, su obligación es nombrar a los magistrados. Yo creo que él debe seguir el compromiso del Pacto de Estado por la Justicia. En realidad si no quiere seguirlo, por compromiso moral debiera aceptarlo. Legalmente él puede nombrar a quien quiera sin sujetarse a una lista, pero lo que se estableció con el Pacto él prometió seguirlo. En todo caso, él tiene que hacer los nombramientos. Este impasse es para dar al público la oportunidad de analizar lo que él propone, no se va a perder ningún tiempo si los nombra, que diga los dos nombres y la gente puede examinar con calma.

Por los vientos que soplan, dicen que los candidatos serán nombrados hasta julio, cuando ocurra la conformación de una nueva junta directiva de la Asamblea...
El asunto es de corte político. Mire, le digo algo, estuve leyendo la propuesta de Rigoberto González Montenegro que buscan traer a otra persona para que nos digan lo que ya sabemos. El mismo Pacto del cual forma parte González ha sido muy claro de cuáles son las soluciones que tenemos. No tenemos que buscar a nadie que nos venga a decir de lo que adolecemos. Lo que pasa es que se requieren cambios constitucionales y que los políticos que han estado al frente no lo han querido realizar y ese es el motivo de la crisis.

¿Será posible que el presidente se demore hasta julio para nombrar a los magistrados de la Corte?
El presidente no tiene ningún interés en solucionar este problema. Él esta inmerso en una situación política y está viendo cómo resuelve la situación política y no el bienestar de la nación panameña. En mi opinión le importa un comino con la justicia, lo que le importa es ver cómo resuelve la situación política en la que se encuentra.

¿Qué daño se le hace al sistema judicial con este retraso?
Mientras no se hagan los cambios constitucionales seguiremos con este problema y vamos a seguir con esta crisis hasta tanto no entiendan que eso hay arreglarlo de una vez por todas. El Órgano Ejecutivo tiene que sacar las manos de la Asamblea y de estar interviniendo en los magistrados de la Corte, eso debe salir de una Comisión de Evaluación y Postulación que esta programada en las reformas que hicieron los Notables. Es muy parecido a lo que es hoy el Pacto de Estado Por la Justicia, pero enormemente mejorado.

EDGARDO MOLINO MOLA

• Un referente Nacional en temas constitucionales
• Nombre completo: Edgardo Molino Mola
• Nacimiento: 5 de enero 1934, ciudad de Panamá
• Ocupación: abogado
• Resumen de su carrera: Obtuvo el título de Bachiller en Humanidades en el Instituto Nacional (1956); posteriormente, ingresó en la Universidad de Panamá, en la cual se graduó de Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, con el primer puesto de su facultad y el tercer puesto de toda la Universidad (1963); en la Universidad Central de Madrid se doctoró en Derecho (1965). En el ejercicio de su profesión de abogado, laboró en la firma Arias, Fábrega y Fábrega (1963) y en su despacho Moreno, Molino y Molino (1965-1990). Fue escogido como Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas desde el 20 de agosto de 1984 hasta el 2 de enero de 1990. En 1990 se le nombró Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Sala de lo Contencioso Administrativo. Como docente se ha destacado desde 1971, en la Universidad de Panamá.