Después de seis años de haber presentado una querella por el desfalco de $12 millones ocurrido en la casa de valores Financial Pacific en 2012, hoy se realizará audiencia preliminar en el juzgado para determinar si amerita o no un juicio contra los denunciados: Mayte Pellegrini, Carmen Puerta De León, Carlos Alberto Pellegrini, Marjorie Guerrero, Carlos De León, Marcial García, Raúl Phillps, Hernán Cortez Arturo Donahoue, Stefanie Quinn, Vivian Villarreal, Norman Castrellón y Oscar Rodríguez.
La juez Johaan Barrios ha programado dos días para esta audiencia, el 18 y el 21 de mayo.
El caso ha sido uno de los más complicados por la forma en que en un principio se desarrollaron las pesquisas. Pellegriny, exgerente de procesos administrativos internos de la casa de valores (2008-2012), había denunciado vínculos del poder de turno en las pesquisas. Los señalados están imputados por el presunto delito contra el orden económico.
La defensa de Pellegrini, Kevin Moncada, presentó un incidente de prescripción de la acción penal que no fue admitido.
Moncada sustentaba su petición en que en la providencia indagatoria, la fiscalía no formuló cargos por el deltio de forma agravada, sino genérica lo que da como resultado un rango de pena de 4 a 6 años.
Añade que a su representada se le acusa de forma injusta de haber transferido ilegalmente fondos de Financial Pacfic a bancos de la localidad sin ningún tipo de respaldo a nombre de beneficiarios que no son clientes de la casa de valores.
La querella que interpusieron los directivos de la casa de valores, Ivan Clare y West Valdés en contra de Pellegrini,es por haber celebrado contrato con la empresa Kasutai Group, Corp., para supuestamente recibir inversiones de la casa de valores y luego remitir los créditos a supuestas inversiones a terceras personas. De acuerdo a la auditoría forense, la última transacción se efectuó el 8 de mayo de 2012.
Sin embargo, la Fiscalía refutó la posición de Moncada. Explicó que el delito es continuado. y que por el cargo que ocupaba Pellegrini, se acredita la calificación agravada del delito que contempla prisión de 6 a 8 años. Por ende, no han transcurrido los 8 años que demanda la ley.
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