Propuesta sobre constituyente genera rechazo

"No es el momento ni la forma para llamar a una reforma a la Constitución", señalan entrevistados. Interesados en cambios solicitan un diálogo nacional que contemple los cambios y no una Asamblea paralela

No quiere terminar su mandato sin pasar de largo una de las principales mieles que atrajeron a miles de simpatizantes en la elección general del 2014: la Constituyente.

El presidente Juan Carlos Varela lo prometió en campaña, pero no lo hizo. De esta forma, su manera de contribuir al proceso será obligar al próximo mandatario a que convoque -en los primeros seis meses de gobierno- al proceso de elección de constituyentes para redacten una nueva Carta Magna.

Varela desarmó un recurso político electoral que él mismo empleó, y lo endosó al siguiente gobierno.

Es muy posible que todos los aspirantes a la presidencia hubieran tenido entre sus promesas de campaña la reforma a la Constitución, y también es probable, que de llegar al poder la promesa se diluyera. Tal como ocurrió con el presente gobierno.

“Le está haciendo un favor a la sociedad y al candidato ganador que realmente sí crea en las bondades de una constituyente”, afirma el constitucionalista Bolívar Pedreschi.

Varela no cumple con la reforma al contenido de la Constitución, sino que propone el método para que su sucesor se encargue.

En mayo de 2019, la elección de los votantes también será la elección de constituyentes que redactarían una nueva Carta Magna, además de votar por presidentes, diputados, alcaldes, y representantes.

UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE PARALELA
A la Asamblea Constituyente le corresponderá plasmar las reformas de la actual Constitución Política de la República de Panamá, ya sea de manera total o parcial.

El texto constitucional vigente dispone que la asamblea constituyente paralela la integrarán sesenta (60) miembros. Estas personas deberán representar proporcionalmente a los panameños de todas las provincias y comarcas, según la población electoral.

Para este caso, al igual que en las pasadas elecciones generales, se permitiría, además de la postulación de candidatos por los partidos políticos, los de libre candidatura.

La Constitución no contempla requisitos o restricciones para quienes aspiren a ser constituyentes. Sus decisiones no tendrán efectos retroactivos. Tampoco podrán alterar los periodos de los funcionarios electos o designados y que estén ejerciendo su cargo al momento en que entre en vigencia la nueva ley del Estado.

Las personas elegidas como integrantes de la asamblea constituyente paralela tendrán como única y exclusiva función la redacción del nuevo texto constitucional.

Para estas labores, los constituyentes tendrán un periodo no mayor de seis meses ni menor de tres meses. Una vez los constituyentes concluyan la redacción del nuevo texto constitucional, deben entregarlo al Tribunal Electoral, que se encargará de la publicación en el boletín oficial de esta institución. Cumplido con este paso, el Tribunal Electoral procederá a convocar un referéndum en un periodo que no debe superar los seis meses, pero que tampoco será menor de tres. Finalizado este proceso, el nuevo texto constitucional entraría en vigencia treinta días hábiles después de su aprobación mediante referéndum nacional.

REACCIONES
Abogados, políticos y constitucionalistas opinan sobre la iniciativa del Ejecutivo. Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, considera que aunque la Constituyente es uno de los temas más aclamados por la ciudadanía, la forma en que se pretende convocar no es l correcta. “La Constituyente requiere de un diálogo nacional que permita establecer cuales son los temas que van a reformarse. Se debe llamar primero a un consenso y luego, elegir a las personas que redactarán la Carta Magna con las propuestas expuestas en un diálogo nacional”, indicó el abogado.

Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), observa como inoportuno que “saliendo del gobierno se le deje ese paquete al siguiente. A nosotros nos preocupa porque el ambiente está complicado, y si no somos capaces para llegar a acuerdos sobre la ley de contrataciones u otro tipo de acciones, es más complicado que en este momento logremos un acuerdo de tal magnitud”.

El vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Fraguela, recordó que la reforma formó parte de las propuesta de campaña del actual presidente. Pero cuando subió al poder, cambiaron las prioridades. En el primer año expresó que no existían las condiciones para una constituyente, luego reiteró el mismo argumento en los años subsiguientes. Yo creo que el presidente se encuentra, tarde, pero cumpliendo su promesa. “Hubiese sido más ventajoso para el país que se convocara al inicio de la gestión del gobierno porque se hubiese hecho un trabajo más avanzado y no esperar a última hora para hacerlo en una quinta papeleta que deje el trabajo al próximo gobierno”, indicó.


LA CONSTITUYENTE Y SU CONTENIDO, BOLÍVAR PEDRESCHI
El Constitucionalista Bolivar Pedreshi asimila como positivo el llamado presidencial para la reforma a la Carta Magna. Aporta ideas sobre el contenido que debe contemplarse en la misa.

Tengo la convicción de que el país necesita de un nuevo ordenamiento constitucional con urgencia. Si eso es congruente con esta convicción, obviamente no tengo ningún reparo en que se convoque a esa Asamblea Constituyente, después de todo la iniciativa del actual gobierno la tomo en buena hora.

Para mí lo importante es el contenido de los nuevos principios constitucionales van a reemplazar a los que representan un verdadero obstáculo para resolver ciertos problemas muy sensitivos que confronta el país. Por ejemplo, en la nueva Constitución, los principios rectores que yo propondría serían: sacaría las manos del Ejecutivo y del Legislativo en el escogimiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de esta manera ni el presidente o los diputados podrán influir sobre los magistrados porque estos no le deberían nada.

Otro aporte, es que los magistrados de la Sala Civil de la Corte deben salir del propio órgano judicial. Escogidos de los magistrados superiores civiles a través de una votación entre ellos. De esta manera ellos no irían aprender derecho civil, muchos de ellos tienen más experiencia que sus superiores. Igual procedimiento se propone para los magistrados de la Sala Penal.

Debe haber otro principio que prohíba que los magistrados juzguen a los diputados y viceversa. El país no puede continuar de esta forma. Estos cambios le van a dar certidumbre jurídica a la sociedad.

Hay otro principio que propondría, la obligación en que los gabinetes se contemple paridad de género. Aunado a eso, que los diputados solo podrían serlo por dos periodos, podrían ser consecutivos o no, pero únicamente podrían fungir en el cargo por dos veces y sin suplentes. Si falleciera se convoca a otra elección.

Todos estos principios son los que la sociedad espera.

REDACCIÓN
Adelita Coriat y Marlene Testa