Hasta el 31 de mayo se contabilizaron 169 muertes intencionales, lo que en relación al año pasado es una disminución del 8%. Las rencillas delincuenciales y personales ocupan los primeros lugares. luego la riña
Las estadísticas preliminares, atribuyen el mayor número de casos a las rencillas delincuenciales (33). El SIEC espera los resultados del Ministerio Público de 31 casos que aún no se les puede atribuir móvil porque se encuentran bajo investigación. A este número le siguen las muertes por riña (18), rencillas personales (16), narcotráfico y robo con once muertes cada una.
El informe ejecutivo presentado por el SIEC es positivo en cuanto a que el número de homicidios en el país ha disminuido y las cifras citadas se encuentran dentro de lo ‘normal esperado’. Pero observa que en la provincia de Panamá Oeste se muestra un indicador significativamente alto, llegando a una alerta sobre lo normal por el aumento de casos en comparación a semanas anteriores.
A pesar de las buenas noticias, las autoridades no logra identificar a qué se debe esta disminución.
Podría atribuirse a las estrategias tácticas implementadas por la Policía Nacional en los operativos antipandillas. El Ministerio de Seguridad lo relaciona, en parte, al programa Barrios Seguros. La institución ha efectuado un informe estadístico por provincia con su perfil demográfico y mediciones de calidad de vida, una descripción de los delitos por cada 100 mil habitantes y posteriormente un resumen cualitativo de las tendencias de los delitos. Es verdad que el mayor número de homicidios se registra en los temas relacionados a pandillas, y como consecuencia los programas empleados en esta materia hayan dado resultados. Otros asocian la baja a una ciudadanía más alerta y preventiva.
No obstante, ninguna institución se ha dado a la tarea de hacer un verdadero análisis medible y comprobable que logre asociar estas buenas nuevas a sus programas, y que éstas estrategias, puedan convertirse en políticas de Estado perdurables.
Llama la atención, por ejemplo, que las muertes relacionadas al narcotráfico se sitúen en quinto o sexto lugar en la tabla, cuando el año pasado se rompió record en incautación de drogas con 72 toneladas. Esto puede tener una explicación según un criminólogo consultado: “cuando hay tumbes de droga se dan homicidios. En cambio, si las incautaciones se realizan a raíz de la labor policial, no hay una consecuencia de muerte contra los involucrados. La regla en el narco es que cuando hay traición o tumbes hay venganza”.
EDADES Y DÍAS VIOLENTOS
A pesar de los alentadores números, hay situaciones que no han variado. Por ejemplo, la edad de las víctimas por homicidio. Los jóvenes de 20 a 34 años ocupan los renglones rojos con 75 muertes. Los fines de semana y los martes siguen siendo los días más violentos. Febrero, marzo y abril los que más delitos acumularon. El 71% de los crímenes se comete con un arma de fuego mientras que el 14% con un arma blanca, y otros sin especificar el 10%.
Los sitios más tranquilos del país son las Comarcas indígenas donde se reportaron 3 homicidos este año. En cambio, Panamá (96) y Colón (26) resultan las más violentas de todo el país. Le sigue Panamá Oeste (19) y Chiriquí (12).
El informe ejecutivo del SIEC también indica que este periodo es el que menos homicidios ha registrado en comparación a un histórico de 7 años atrás. Lo que indica que se tienen que contemplar los periodos donde la incidencia se ha mantenido controlada y estable e implementarla para los periodos futuros como plan de contingencia, para disminuir el riesgo de ocurrencia de muertes por causas externas. O en todo caso, tratar de mantener los homicidios bajo la línea promedio.
Los homicidios ocupan menos del 1% del total de denuncias e incidencias que se reportan anualmente a nivel nacional, no obstante, son los que más atención reciben de los medios y la ciudadanía.
Los datos fueron proporcionados ayer durante un taller para la prensa sobre recolección, análisis y manejo de estadísticas criminales organizado por el SIEC, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
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