Carlos Herrera Morán, representante del doctor Mauro Zúñiga, víctima de los pinchazos telefónicos, asegura que tuvo una reunión de acercamiento con un abogado de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli para explorar la posibilidad de un acuerdo de pena en el caso que se le sigue al exmandatario por 4 supuestos delitos cometidos durante su administración entre los años 2012-2014.
El acercamiento, que según Herrera Morán es otro más de los 7 u 8 encuentros previos que apuntan a lo mismo, se produjo el miércoles 11 de julio pasado en una oficina de la ciudad capital y estuvieron presentes su persona, la señora Marta Martinelli, esposa del exgobernante y un abogado de la defensa (Carlos Carrillo según otras fuentes).
La expectativa de Herrera Morán, según declaraciones a La Estrella de Panamá, era lograr que Martinelli se declarara confeso y pactar una pena de prisión de 7 a 8 años. Es decir, una tercera parte de la pena de 21 años de prisión que solicitó el fiscal de la causa, Harry Díaz, al juez de garantías Jerónimo Mejía en la acusación contra el exgobernante.
“La reunión duró unas dos horas. Ellos (la defensa) querían explorar un acuerdo de pena”, dijo Herrera Morán. Pero sin éxito.
Lo que ocurrió al día siguiente, a penas dio inicio la audiencia que se había programado el jueves, fue ver un manuscrito de Martinelli en el que dejaba muy claro que no aceptaría un acuerdo de pena y sostenía su inocencia.
Morán asegura que contaba con la venia del resto de los querellantes para este acercamiento. “El que diga que no sabe miente”. Añadió que la reunión se centró en el tema jurídico y que no tocó el tema de indemnización, “no se habló de una suma en particular”, agregó Morán.
El fiscal Díaz corrobora que Morán le informó sobre una cita convocada por el abogado de la defensa, Carlos Carrillo, acompañado de Linares, para explorar la posibilidad de un acuerdo de pena, pero no se habló nada de fondo. La indemnización en este caso, añadió Díaz, se debe convenir con los querellantes. “Lo que siempre ha mantenido es que ningún acuerdo de pena puede ser menor a 5 años de prisión. Siempre y cuando los querellantes estén de acuerdo con estos principios, el acuerdo de pena puede contemplarse como una posibilidad”, manifestó el fiscal.
Sin embargo, Rosendo Rivera, querellante autónomo en el caso, indicó que hasta el día de hoy no ha autorizado a Herrera Moran a que realice ninguna reunión en su nombre. “Los hechos como los señala, no fueron de esa forma. No me dejarán mentir el resto de lo querellantes que no es, sino hasta después de que supuestamente Herrara Morán se reúne con: Carlos Carrillo, Marta Linares, que nos informa que se había llevado a cabo la reunión. En ese momento, mis palabras y la del resto de los querellantes fue que no era correcto reunirse unilateralmente con la contraparte para tratar temas que inciden en todos los querellantes”, indicó Rivera.
Rodolfo Pinzón, abogado de Balbina Herrera, confirmó que Herrera Morán manifestó a los querellantes de que se había reunido con un representante de la defensa, pero sin mayores consecuencias.
El tema trasciende a los medios, luego de que se difundiera por las redes sociales una conversación sostenida entre la joven María Cecilia Jiménez y Herrera Morán.
Jiménez, de nacionalidad colombiana es conocida de Herrera Morán y de la señora Linares. En el audio publicado en redes, la joven Jiménez afirma que sirvió como puente entre las partes que exploraban un acuerdo de pena. “Marta no te conocía (a Herrera Morán), si no tienes nada que perder, habla”, le reclama Jiménez al abogado. Jiménez se presentó al penal la semana pasada, acompañada de la señora Linares, para hacer una visita al exmandatario.
Michell Doens, quien también hace parte de los querellantes adheridos al fiscal, corrobora que Herrera Morán indicó que había tenido un acercamiento con los representantes de la defensa de Martinelli.
Recordó que en el pasado, cuando Martinelli se encontraba preso en los Estados Unidos, su abogado Sidney Sittón le propuso un acuerdo de pena alegando que Martinelli padecía de un cáncer de próstata, a lo que Doens no se opuso por tratarse de cuestiones humanitarias. En ese momento, solicitó al abogado una condición, el certificado médico que avalaba sus palabras. “Nunca lo presentó”, acotó Doens.
“Los acuerdos se hacen con el fiscal únicamente. Cuando Martinelli pide un acuerdo, es porque esta dispuesto a declararse culpable, y una vez que se declara culpable se discute el tema de las penas, resarcimiento al Estado y las víctimas. Él no ha hecho ningún acuerdo, mal se puede hablar de eso”, manifestó Doens. Si la defensa no concreta sus intenciones con el fiscal es por gusto hablar de supuestos acuerdos, es perder el tiempo, acotó el también político.
“El articulo 220 del Código Procesal Penal, establece en qué momento procesal y quiénes pueden intervenir en un acuerdo de pena. Son ellos la fiscalía y la defensa”, citó Rivera.
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