Acusadores mostrarán pruebas contra Martinelli

En la audiencia programada para hoy el fiscal deberá leer al expresidente Ricardo Martinelli la acusación en su contra. En ella ha solicitado el testimonio de más de 40 personas entre los que aparecen los expresidentes además del actual

El fiscal Harry Díaz ha acumulado una serie de testimonios y documentos que le servirán para probar los cuatro delitos por los que acusa al expresidente Ricardo Martinelli por supuestos delitos de fraude en varias formas y por pinchazos telefónicos, seguimientos y vigilancias sin autorización judicial.

Hoy, el fiscal Díaz deberá leer la acusación frente al examandatario y mostrar a las partes las pruebas que guarda para sustentar dichas acusaciones.

Así ha reunido las voces de gran parte de las víctimas, que aunque no se han constituido como querellantes, serán las voces que respaldarán la teoría acusadora, de que durante el gobierno del exmandatario, se violó su intimidad y en ocasiones, estas conversaciones se divulgaron en las redes sociales.

Entre los testimonios que ha citado, tanto Díaz, como el querellante autónomo Rosendo Rivera (acusadores), se encuentran dos expresidentes de la República: Martín Torrijos y Ernesto Pérez Balladares; el exvicepresidente Samuel Lewis Navarro y el actual presidente Juan Carlos Varela, así como su hermano y diputado José Luis ‘Popy’ Varela.

Además de estas personas, el fiscal también enlistó a reconocidos empresarios como Stanley Motta, dueño de la empresa de aviación Copa y de Televisoran Nacional Tvn, así como al gerente general de ésta empresa Luis Mouynes. Los mencionados se encuentran en una lista de 70 víctimas entre las que también se incluye a Erasmo Pinilla, entonces magistrado del Tribunal Electoral, a Genaro López, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, así como a periodistas, políticos y el alcalde capitalino José Blandón.

Con estos testimonios se pretende probar que se desplegaron actividades de inteligencia que implicaron la interceptación de sus comunicaciones privadas por telefonía y por whatsapp, correos electrónicos y la utilización de artificios técnicos de escucha que permitieron la grabación de sus conversaciones no dirigidas al público que trataban de temas políticos, vida íntima, o agenda de trabajo.

El fiscal también contempla las versiones de algunos miembros del gabinete de Martinelli, como por ejemplo, de sus dos exministros de la Presidencia (Demetrio ‘Jimmy’ Papadimitriu y Roberto Henríquez), quienes se han desvinculado de las actividades del Consejo de Seguridad, y aseguran que las relaciones entre Martinelli y este organismo se daban en forma directa y sin su intervención.

Díaz solicitará que se cite también al copartidario y amigo de Martinelli, José Muñoz Molina para probar que Ricardo Martinelli se reunió con el diputado Yassir Purcait en su despacho, donde le presentó una serie de videos que evidenciaban interceptaciones de comunicaciones ilícitas.

La Fiscalìa, así como Rivera, han afinado detalles para evitar duplicidades e introducir nuevos elementos convincentes sobre los hechos que acusan a Martinelli.

En este sentido, se han arropado de varios testimonios tanto de exfuncionarios del Consejo de Seguridad, así como de los detectives policiales a quienes encomendaron realizar las inspecciones oculares de los equipos tecnológicos hallados en el edificio 150 de Quarry Heights, donde se ubica el Consejo de Seguridad.

No obstante, dos de los testigos, Rony Rodríguez (jefe de inteligencia del Consejo) y William Pitti exfuncionarios del Consejo, que solicita la Fiscalía, no han sido localizados.

La idea de los acusadores es acreditar que se conocía sobre la existencia de un equipo para realizar escuchas telefónicas a políticos, y los seguimientos que se efectuaban en forma ilegal.

Se han contemplado aproximadamente 15 testimonios de funcionarios del Consejo como parte de estas pruebas. Con estas declaraciones, el fiscal pretende probar que Martinelli era el autor de los hechos y que existía un modus operandi para tal fin.

El listado de testigos contempla también a los exdirectores del Consejo Gustavo Pérez, Alejandro Garúz y Jaime Moltó.

Al primero porque dijo que Rony Rodríguez, tenía ordenes de trabajar con la presidencia de la República.

A Jimmy Papadimitriu, entonces ministro de la presidencia, lo sentarán en el estrado para que ratifique que la política de seguridad del Estado era responsabilidad del presidente, y que no existe acta o reunión en la que él haya participado como ministro, ya que todas las reuniones eran en el Consejo de Seguridad.

Otro de los testimonios clave de la parte acusadora se recarga en Júbilo Graell, un exfuncionario del Consejo quien señaló a Rodríguez como instructor de vigilancia y seguimiento a ciertos objetivos que interesaban al Presidente, y que él lo llevaba (a Rodríguez) todas las mañanas a la presidencia a llevar un sobre amarillo.

Este funcionario del Consejo también atestiguó que fue él quien trasladó un rack, que se usaba para los servidores, desde la sede del edificio de Ancón hasta el super 99 en Monte Oscuro, donde se encuentran las oficinas centrales del negocio del expresidente.

No obstante, la parte acusadora no cuenta con los softwares que se utilizaron para el espionaje del que se acusa a Martinelli. Cuentan con la documentación que contiene el contrato que se hizo entre el Estado y las empresas proveedoras de los equipos, más no con el equipo mismo.

En cuanto a la documentación que mostrarán los acusadores, se cuentan más de 48 elementos que consisten en actas de inspección ocular a diferentes lugares como residencias, oficinas, el hotel donde se hospedaron los proveedores del equipo, los autos de la Sala Penal que confirman que los números pinchados no contaban con una autorización judicial, copia de contratos, y otros cuadernillos con las inspecciones oculares que guardan reserva por disposición de la Sala Segunda Penal en cuanto a su contenido evitando de esta manera su publicidad para no revictimizar a las víctimas.

Entre las pruebas periciales que colectaron los acusadores se encuentran las diligencias a un En la diligencias realizadas a un disco duro en el que se encontró el correo brad.pty507.gmail.com a través del cual se enviaba información de los casos solicitados. El perito Luis Rivera del Instituto de Medicina Legal hablará de los hallazgos en las computadoras y explicará las diligencias de inspección ocular efectuadas a los tanques de balboa, punto donde se encontraba el enlace de internet de banda ancha.

TEXTO DE LA ACUSACIÓN CONTRA MARTINELLI
Entre los años 2012 a mediados de mayo de 2014, en la planta alta del edificio 150, ubicado en la sede del Consejo de Seguridad en Quarry Heights, Ancón, funcionarios de esta institución, por órdenes del entonces presidente Ricardo Martinelli, realizaron interceptaciones ilícitas de comunicaciones de un número plural de ciudadanos, entre ellas, de los correos electrónicos, tarjetas de memoria, agendas telefónicas, audio ambiente, grabación de conversaciones confidenciales y personales entre los cuales se encontraban activistas y líderes políticos, dirigentes sindicales, gremios educativos, grupos de la sociedad civil, abogados, médicos, que implicaron una violación constante y sistemática a la intimidad y derechos humanos. Para estos hechos se utilizaron equipos, personal del Consejo de Seguridad y dineros provenientes del Estado o erario público.

Para lograr estas acciones ilícitas, se estableció por parte del expresidente un aparato organizado de poder que actuaba al margen del Estado y a través de este aparato de poder se daban instrucciones para que los funcionarios del Consejo, quienes tenían pleno conocimiento de la ilicitud de que estas actividades no contaban con una orden judicial, realizaran intervenciones de las comunicaciones en distintas modalidades, por ejemplo, vigilancia y seguimiento de personas a quienes se les denominaba objetivos. Estos blancos, podían ser de grupos políticos, económico, cívicos y gremiales, haciendo extensiva en algunos caos esta violación de los derechos humanos a las familias o amistades del individuo que estaba siendo vigilado. Para la realización de estos ilícitos, Martinelli suministró los equipos, recursos y personal necesario.

Los hechos descritos constituyen los delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad (artículos 167 y 168 del Código Penal). Delitos contra la administración pública en diferentes formas de peculado (artículos 338 y 341 del Código Penal).