Juez sobresee a 15 personas en caso de "mochilas"

El juez Decimoquinto del Circuito Penal, Leslie Loaiza, sobreseyó definitivamente a 15 personas en el caso de ‘mochilas’ ya que el Ministerio Público no logró probar el vínculo entre los implicados y su supuesta responsabilidad en los delitos imputados.

Los sobreseidos son: Julissa Stanziola, Lucy Molinar (exministra de Educación), Berta Roldán, Mario Martinelli (hermano del expresidente Ricardo), Roberto Luzcando, Jaime Ruíz, Franklin Araúz, Carlos Araúz, René Guardia, Pablo Ruiz, Janeth Araúz, Paullette Morales, Daniel Obregón, Eliécer Tuñón y a Giaccomo Tamburelli, por el delito contra el patrimonio económico en modalidad de estafa y peculado, corrupción de funcionarios públicos y fraude en los actos de contratación pública en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Como consecuencia, Loaiza ordenó la desaprehensión y devolución de bienes de los mencionados como cuentas bancarias, o inmuebles confiscados en la causa.

La decisión del juez es un duro golpe al Ministerio Público, que aunque anunció la apelación a la decisión, intentaba desmostrar que se habían efectuado compras de mochilas a empresas seleccionadas previamente por el entonces secretario del presidente de turno Ricardo Martinelli (2009-2014), Adolfo de Obarrio.

El caso es uno de 14 en los que el Ministerio Público validó un acuerdo de delación con el exdirector del PAN, Rafael Guardia, quien se declaró penalmente responsable por la causa, y supuestamente había aportado información corroborable sobre los delitos que se habían cometido en la compra de mochilas que se entregaron a alumnos del sector público durante la administración gubernamental pasada.

De igual forma, el juez Leslie Loaiza ordenó la detención y captura de Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio, exsecretario del entonces presidente Ricardo Martinelli, y de Abraham Williams, asistente de Guardia, como supuestos infractores del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado, corrupción de servidores públicos y fraude en los actos de contratación pública por el caso de ‘mochilas’ en perjuicio del PAN.

Ambos mencionados tienen paradero desconocido. Razón por la cual, el comunicado de prensa del Órgano Judicial indica que el juez ordenó la alerta roja al señor De Obarrio. Cuando se inició el proceso en cuestión en el Ministerio Público, esta entidad había informado que solicitó a Interpol la búsqueda y captura de ‘Chichi’, pero al parecer sin éxito.

El juez Loaiza fundamentó su decisión en la declaración indagatoria y el acuerdo de colaboración de Guardia, quien señaló que Abraham Williams era su asistente, y la persona que daba el seguimiento a los documentos para las ejecuciones de los programas, y que el señor De Obrarrio, era quien daba las instrucciones a Guardia quien escogía qué empresas debían ser contratadas, es decir que ambos participaron en el ilícito.

En este sentido, se lee en la nota de prensa del Órgano Judicial, el juez “sustenta que el Ministerio Público es a quien le corresponde la carga de la prueba sobre la vinculación y responsabilidad, no así a los vinculados, ya que las investigaciones están revestidas por la inocencia”.

Según la pesquisa sumarial, la Fiscalía había acreditado que la distribución de las mochilas no se efectuó en los sitios pactados, especialmente en las áreas de difícil acceso; sin embargo, las empresas encargadas de esta tarea sí cobraron por el servicio.

En la audiencia, la fiscalía dijo que había probado los hechos con el apoyo de entrevistas a testigos quienes habían manifestado que tuvieron que utilizar sus propios recursos para recoger los útiles en los centros de acopio.

La Fiscalía también había presentado una nota enviada por la exministra Lucy Molinar al Consejo de Gabinete en la que solicitaba se le exceptúe del proceso de contrataciones públicas y se le autorice un proceso abreviado para la compra de las mochilas. Esto, según la Fiscalía, era para contratar a las mismas empresas mencionadas.