La juez Hubiedo llama a juicio en el caso Criptex

La juez Alina Hubiedo acogió la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción liderada por Tania Sterling y llamó a juicio a 5 personas por delito contra la administración pública en perjuicio de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).

Se trata del caso en el que la empresa Innovative Venture, S.A., representada por Mayer Mizrachi, suscribió un acuerdo con la AIG para proveer una plataforma de mensajería de texto única (conocida como Criptex) para uso del Estado, del 30 de marzo al 30 de diciembre de ese año.

Por su parte, los representantes legales de los acusados Mayer Mizrachi, Eduardo Jaén, Adonay Ortega, Eduardo Briceño, y Edgar Rodríguez, solicitaron el sobreseimiento definitivo para sus clientes.

La juez llamó a juicio oral para el 16 y 17 de septiembre próximo, después de escuchar la intervención de las partes en audiencia celebrada ayer en el Juzgado XIII.

La juzgadora determinó que en la investigación que del Ministerio Público se acreditó el hecho punible con la auditoría y los peritajes efectuados.

Durante la audiencia, la primera en tomar la palabra fue la parte querellante conformada por el Ministerio Público y la AIG. Tania Sterling, fiscal Anticorrupción, destacó en sus alegatos que consta, que en la plataforma de software para encriptación de teléfonos de celular que había sido destinada para los estamentos de seguridad, no se dieron las licencias como lo exigía el contrato. Sino que fueron proporcionadas al personal de la AIG.

La parte acusadora, así como la juez, desestimaron el fallo del Tribunal de Cuentas que el pasado 11 de junio, ordenó el archivo y cierre del caso por varias razones, entre ellas, que el informe vertido por las funcionarias de la AIG no es técnico, sino meramente financiero.

El informe de la AIG, fue muy debatido por los defensores, quienes especificaron que las inspecciones oculares efectuadas por los peritos del Ministerio Público determinaron que el sistema se entregó y que los funcionarios de la AIG requerían de agregar los nombres de las personas que utilizarían el sistema, pero no lo hicieron.

En el caso de Mizrachi, su abogada, Ana Belfon, señaló que el sistema está en este momento en la nube, que no hubo dolo en la venta del mismo, y tampoco una complicidad como lo hizo ver la fiscal.

En el audito de la Contraloría, añadió Belfon, se hacen señalamientos de una posible lesión patrimonial, lo que no es concluyente por la duda que deja el término ‘posible’. Se preguntó, ¿por qué, si el sistema no se entregó por parte de la empresa, el actual administrador de la AIG no ejecutó la fianza?.

Sobre la necesidad o no del contrato, Belfon y otros defensores indicaron que existen amenazas cibernéticas frecuentes en estos días, y tratándose de estamentos de seguridad, era aún más imperativo resguardar los datos con un sistema como el solicitado a la empresa de Mizrachi.

Los defensores intentaron demostrar a la juez que la plataforma no había que instalarla, sino que solo era necesario agregar los nombres de los funcionarios que la utilizarían.

Dijo Janio Lescure, defensor de Adonay Ortega, uno de los capacitadores del programa que trabajaba para las Naciones Unidas, que su cliente solo hizo una presentación del producto, pero la función de agregar a los usuarios correspondía al funcionario con mando y jerarquía hacerlo. “Que Halman no haya querido agregarlos no es una discusión legal”. Atacaron la versión de la fiscal en el sentido de que el informe confeccionado por las funcionarias de la AIG no es forense, ni tampoco técnico, mal podrían ellas determinar si se instaló o no este sistema, manifestó el jurista.

Por otra parte, el abogado Pablo Vega, apoderado del exadministrador de la AIG, Eduardo Jaén, presentó el peritaje de Alexis Zuleta que indica que se cumplieron con los pasos de la contratación del sistema. Añadió que la compra no se hizo con dolo, y que al solicitar a los actuales funcionarios de la AIG que se implementara el progama, éstos no lo hicieron alegando que se “encontraba en investigación”. Citó nuevamente el peritaje que efectuaron los peritos del Instituto de Medicina Legal en el que comprobaron que se mantenía la accesibilidad y disponibilidad del sistema.

Previo a la fase de alegatos Belfon, solicitó nulidad absoluta, la cual rechazó la fiscal Tania Starling, ya que el proceso se encuentra en la etapa de calificación. Con respecto al pronunciamiento del Tribunal de Cuentas, en cuanto a que no hay lesión patrimonial, éste no está ejecutoriado, por lo que rechazó por improcedente y pidió avocarse a la etapa que corresponde.