Piden a la Asamblea que acate las leyes

El Observatorio Judicial hace énfasis que en tiempos preelectorales debemos tener un clima transparente y conocer el uso del erario público

Al Observatorio Judicial de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, le preocupa que la Asamblea Nacional no publique el uso de los dineros estatales empleados en las planillas y desobedezca los fallos de la Corte Suprema Justicia o las normas jurídicas que rigen nuestro país.

En su tercer informe judicial, el Observatorio hizo énfasis en que este tema, el del uso de los fondos públicos, no debe ser uno de debate, sino de acatar las disposiciones legales.

En este sentido, sus miembros hicieron un análisis prolijo de las normas vigentes y realizaron las siguientes conclusiones: Que la Asamblea Nacional acate lo dispuesto en el articulo 280 de la Constitución y la decisión de la Corte Suprema de Justicia y entregue la totalidad de la información que la Contraloría solicita con el fin de subsanar las correcciones o incorrección que la entidad fiscalizadora haya emitido con respecto al uso de los fondos públicos.

Como segundo término, el Observatorio indicó que tan pronto la Contraloría pueda establecer la comisión de un delito por particulares o funcionarios públicos, proceda a presentar las denuncias ante las autoridades competentes.

El vocero de esta entidad, Guillermo Márquez Amado, añadió como tercer conclusión, que la Contraloría debe extender sus investigaciones a cualquier institución del Estado que sospeche puedan haber malos manejos de los fondos públicos. Y como cuarto punto, determinó que las autoridades del órgano judicial y del Ministerio Público investiguen celosamente los hechos presuntamente delictivos, que ponga en conocimiento a la Contraloría, con el fin de determinar la responsabilidad y recuperar los recursos de todos los panameños.

Los miembros de la Cámara hicieron un énfasis en este tema por los tiempos preelectorales que vive el país, y la importancia de contar con un panorama transparente para que no se utilicen los bienes del Estado en intereses politiqueros o clientelistas que perjudiquen la nación.