La Corte consideró que la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada no acredita el delito que se le atribuye a la abogada Sara Montenegro ni su vinculación al caso. Señala además que no se cumplió los requisitos previos a la conducción
El Pleno de la corte Suprema de Justicia declaró ilegal la conducción girada contra Sara Montenegro, investigada por la Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada por el supuesto delito contra el orden económico (blanqueo de capitales).
La defensa de Montenegro interpuso un Hábeas Corpus preventivo en contra de la acción de conducción que emitió la Fiscalía en mención. El fallo indica que por el hecho de que Montenegro trabajó como abogada de la firma Mossack Fonseca, y ser, según lo indicado por María Mercedes Riaño (gerente de Mossack Fonseca Do Brasil) “la encargada de los trámites legales y abogada de confianza de los socios”, no acredita el delito que se le atribuye ni su vinculación.
Además del elemento anterior, a Montenegro se le vincula en el proceso por haber mantenido en su despacho copia de los documentos de identidad personal de otras personas investigadas en el caso, hecho que para la Fiscalía, se acredita como una vinculación que ‘podría constituirse como un precedente grave’.
La defensa de Montenegro advierte en el recurso de Habeas Corpus que la fiscal no agotó el requisito de la citación previa, ni sustentó el por qué de la conducción, con lo cual se impidió su comparecencia voluntaria. Por lo anterior, se concluye que la orden de conducción carece de fundamento y elementos necesarios para su emisión, toda vez que no se justifica el hecho punible ni la vinculación, así como tampoco se sustenta la misma.
El Ministerio Público ordenó la conducción de Montenegro el 21 de mayo pasado.
La decisión de la Corte señala, en referencia a la orden de conducción, que para su emisión deben cumplirse con algunos requisitos, como el motivo y agotar la citación, así como el objeto de la misma. Lo primero que evidenciaron los magistrados es que no se emitió diligencia para sustentar la conducción, sino que esto se surtió dentro del acto donde se dispone recibirle declaración indagatoria.
“La forma en que se ha estructurado la diligencia señala que no se han expuesto motivos para sustentar la orden de conducción”, se lee.
La decisión según el abogado de Montenegro, Basilio González, le permite dar a su cliente la oportunidad de ser defendida en el proceso. Indica que anteriormente presentó un poder firmado por el cónyuge de Montenegro que fue rechazado.
La fiscalía consideró que el poder no acreditaba el motivo por el cual Montenegro se encontraba ausente para presentar poder a su abogado y rechazó el de su esposo por no reunir los elementos que señala el artículo 2013 del Código Judicial.
González presentó un incidente de controversia ante la decisión del fiscal que aún se encuentra pendiente de fallo.
“Esto hace que mi cliente quede en indefensión y tengo pruebas para corroborar que lo que se dice de ella es falso”, dijo a La Estrella de Panamá.
¿Por qué no se presenta su cliente a la Fiscalía?, inquirió el diario.
“El fiscal puede ordenar una detención preventiva de mi cliente, pero ella no ha sido condenada”, respondió. Solo porque un fiscal considera que ella debe estar presa, cuando es madre de 3 hijos, abogada, tiene un despacho legal, arraigo, y en el caso no hay ninguna persona detenida, la Fiscalía dio por alto estos elementos y ordenó la captura de mi cliente.
González dijo que también presentó una fianza preventiva a favor de Montenegro que está pendiente de fallo.
La Fiscalía Segunda investiga el caso conocido como Lava Jato, en el que hay al menos 42 personas investigadas. Las autoridades panameñas pretenden determinar si existe relación entre las operaciones de la firma en Panamá o en Brasil, si se constituyeron empresas utilizadas para el blanqueo de capitales encabezadas por testaferros. En este sentido, las pesquisas pretenden determinar si los servicios ofrecidos por la firma ocultaban la identidad de los verdaderos dueños de estas empresas de papel.
Las autoridades panameñas allanaron la firma de Montenegro, quien prestaba servicios externos a Mossack Fonseca.
Montenegro se postuló por el partido Revolucionario Democrático al cargo de diputada del circuito 8-7.
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