La pelea por el testigo protegido

La defensa de Martinelli pidió que se declare prueba ilícita, pues se trata de un denunciante y no de un testigo presencial. La Fiscalía solicita que no se revelen sus generales, pues se pondría en riesgo su vida

El ambiente en la audiencia intermedia celebrada este lunes, en el proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por supuesta interceptación de comunicaciones privadas sin una orden judicial, estuvo cargado de un intenso debate entre la Fiscalía y el equipo de abogados del exmandatario.

Surgieron temas propios de la exclusión o aceptación del caudal probatorio que se centraron, principalmente, en el testigo protegido. Pero también se escucharon denuncias de la parte acusadora sobre la conducta “amenazante” de la defensa. El magistrado Harry Díaz, fiscal de la causa, mencionó al juez de garantías, Jerónimo Mejía, una serie de comportamientos que considera intimidatorios, particularmente del abogado Sidney Sittón. Entre estas actuaciones, Díaz citó los mensajes insinuantes en la cuenta de Twitter de Sittón que califica como “irrespetuosos”. Por ejemplo, que la defensa diga que se suspende el proceso por vacaciones que había anunciado el fiscal con antelación. El fiscal también confesó que un abogado de la defensa le dijo que si el próximo gobierno lo ganaba el candidato del partido Cambio Democrático (que fundó Martinelli), era mejor que se fuera del país. Recordó, de igual forma, una nota en poder de un diputado afín, supuestamente escrita por el exgobernante, en la que se leía que había que procesar al magistrado de garantías del caso. Rememoró el episodio que recogieron los diarios El Siglo y La Estrella de Panamá (mayo 2014), cuando Martinelli, en una entrevista televisada, dijo que tenía el “dossier” de todo el mundo, justo en momentos en que algunos parlamentarios de su colectivo político advertían que se cambiarían de tolda política.

Como parte de estas acciones “amenazantes”, el fiscal también trajo a colación la demanda que interpuso el equipo del exmandatario en perjuicio del director del Centro Penitenciario El Renacer, donde se encuentra detenido Martinelli. “Aquí no quisiera ver otro Vernon Ramos”, acotó el fiscal haciendo un paralelo del testigo protegido con la desaparición, aún sin esclarecer, de un funcionario de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Ayer, los abogados de Martinelli interpusieron otra demanda, esta vez contra la vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo, por haber faltado a sus funciones como canciller cuando Martinelli fue extraditado a Panamá.

Los elementos anteriores, a juicio del fiscal, resultan amenazantes para su persona o para las partes en el proceso y es una de las razones, según los acusadores, por las que no se debe revelar la identidad del testigo protegido, además de los argumentos legales de cada parte.

Por su lado, David Cuevas, abogado del querellante autónomo Rosendo Rivera, también se quejó de una demanda que interpuso la defensa de Martinelli en contra de su cliente por la suma de $5 millones. Esto ocurrió, dijo, después de que en audiencia pasada, justificara la indemnización económica solicitada por su cliente, que alcanza cerca de un millón de dólares.

La defensa solicitó la palabra y Sittón respondió que con respecto a la demanda en contra de Rivera, no tiene que ver con el proceso, sino que se canaliza en otras instancias jurídicas. Añadió que él es libre de hacer comentarios en las redes sociales. Que no le parece correcto que se paralice la audiencia por 17 días, “es mi libertad de pensamiento”, dijo, y añadió que en este proceso no reconoce a más nadie como fiscal que a Díaz, en alusión a que la Fiscalía habilitó a dos fiscales adjuntas, Rosario Ortega y Eyvis Jaén. En su momento ninguna de las partes objetó que ambas formaran parte del equipo acusador.

El también abogado de la defensa Carlos Carrillo contrarrestó las amenazas del fiscal sugiriendo que se pongan las denuncias correspondientes.

Mientras este intercambio de palabras ocurría, Martinelli estaba haciendo apuntes, como ausente de la acalorada pero ordenada discusión. En ocasiones, se le veía mascando algo y hablando con la abogada sentada a su derecha. Ingresó a la audiencia con el acostumbrado libro, esta vez El presidente ha desaparecido, de Bill Clinton y James Patterson.

La audiencia se desarrolla en medio de una supuesta extorsión contra el presidente de la Corte, Hernán De León, que consiste en publicar una grabación que lo involucra si se inclina, de una u otra forma, en el amparo de garantías pendiente de fallo.

EL TESTIGO PROTEGIDO
La defensa de Martinelli pretende que el juez declare el testimonio del testigo protegido N° 8430145 como prueba ilícita.

Esta persona, según la Fiscalía, tiene conocimiento de que en el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) se realizaban intervenciones e interpretaciones ilegales, utilizando un aparato comprado por el Estado a Israel, de teléfonos de políticos, sindicalistas, periodistas, funcionarios del Tribunal Electoral, del Gobierno y de la Corte Suprema de Justicia.

No obstante, la defensa rechazó esta figura sin reparo. Enunció que el juez del Circuito Décimo Sexto lo calificó como un denunciante.

Es decir, que en julio de 2014, tan pronto culminaron las elecciones presidenciales, el testigo en cuestión se acercó a la Fiscalía Auxiliar para poner en conocimiento de las autoridades hechos “sumamente graves” que ocurrieron en el CSN.

El fiscal objetó el argumento sobre la revelación de la identidad de esta persona. Indicó que no está en obligación de proveer las generales del testigo protegido cuando se cuenta con los medios para probar lo dicho por esta persona, y en el proceso, se ha suministrado información al respecto. “Existen tres entrevistas que hizo el fiscal auxiliar al testigo protegido en las que declara lo que ocurrió en el CSN”, indicó la fiscal adjunta Ortega.

La acusadora amplió que se busca preservar la vida e integridad de esta persona que denunció cómo ocurrieron los hechos. Que su condición de “protegido” fue otorgada por el fiscal que tomó su declaración, antes de poner en papel la información.

“Cuando la defensa dice que es una prueba ilícita y que viola el derecho de la defensa y la igualdad de partes, es falso, ya que en la carpetilla hay tres entrevistas en las que revela lo que sabe: que se violaron las correspondencias, quiénes lo hicieron, dónde, etc. Por tanto, la defensa tiene conocimiento de lo que va a decir el testigo y la relación que guarda con el caso”, indicó Ortega.

Añadió que esta persona “es importante, fundamental, para la fiscalía, para probar su teoría del caso, y que lo traerán a juicio oral en asocio con el Ministerio Público, que tiene la tarea de ubicarlo. Es en ese momento en que la defensa tendrá oportunidad del contradictorio”.

Sin embargo, Carrillo afiló el lápiz y señaló que el testigo protegido es una persona que relató los hechos que conoce “de un segundo”. Es decir, que él no los vivió, sino que relata lo que un conocido le dijo, que es un testigo a oídas, mas no presencial.

“El testigo dijo a la fiscalía que está presentando una denuncia y que entregará un disco compacto (CD) que contiene el testimonio del conocido, quien no asiste en persona por miedo. Luego, el 6 de agosto, se presenta en la fiscalía con el CD que había anunciado”, subrayó Carrillo.

Añadió que la fiscalía tampoco ha garantizado que el CD que entregó el testigo protegido contenga la narración con voz distorsionada en la que se denuncian los hechos ocurridos en el CSN. Según Carrillo, en la carpetilla se señala que el testigo protegido entregó un CD, pero no dice cuál es su contenido. Por lógica, se puede asumir que el CD con la voz distorsionada es el que entregó esta persona, pero no hay nada que así lo indique en el proceso, apuntó.

La defensa también cuestionó el hecho de que la fiscalía no entrevistó al testigo protegido, y que su condición debía tener control previo o posterior de un juez.

Ortega contestó a Carrillo que el disco compacto se introdujo bajo el principio del artículo 130 del Código Procesal Penal, que señala que se pueden introducir audios y videos en un proceso como parte de la libertad probatoria. Reconoció que se trata de una situación atípica en el sentido de que el testigo protegido anuncia a un conocido que narrará los hechos. “Hablamos de dos personas, la voz distorsionada tiene experiencia propia. La fiscalía decidió incorporar esta prueba por voz del testimonio del perito Gustavo Scott, analista de la Dirección de Investigación Judicial, quien efectuó la transcripción de esta voz”, dijo la fiscal adjunta Ortega.

El juez valorará las pruebas y dará su veredicto el próximo 23 de agosto, al finalizar el receso.

JUEZ ADVIERTE SOBRE CONTENIDO DE CUADERNILLOS
Al finalizar la audiencia de ayer, el juez de garantías, Jerónimo Mejía, indicó que el 23 de agosto decidiría sobre la licitud de las pruebas. En caso de admitirlas, según los acusadores, “la defensa no puede apelar, pero de no hacerlo, la Fiscalía tiene derecho a que sea la Corte Suprema de Justicia quien decida.

El juez también advirtió al abogado de la defensa Carlos Carrillo, encargado de observar los siete cuadernillos que contienen las transcripciones del correo electrónico donde se guardaba información supuestamente obtenida de los pinchazos, que es el responsable de que nada se filtre a los medios. Reiteró que esta información no puede ser ventilada por nadie del equipo legal, o en ningún papel donde se haga referencia, “pues él tiene a su favor un principio de especialidad en que se pudiera escudar para no ser investigado por ningún otro delito”. Le solicitó a Carrillo no conversar con su cliente sobre el contenido, y concentrarse en la admisibilidad de la prueba solamente. “No quisiera ver ningún comentario del señor Martinelli ni por escrito de lo que usted pueda ver”, dijo el juez.
Carrillo manifestó que acatará las indicaciones y añadió que presentará sus pruebas cuando se califiquen las evidencias objetadas a la parte acusadora.

Ayer, la defensa del expresidente Ricardo Martinelli objetó varias pruebas periciales sobre el manejo informático de la acusación del querellante autónomo, que sencillamente son una copia de las que yacen en la acusación de la Fiscalía.

Sidney Sittón, del equipo de la defensa, solicitó se declaren ilícitas varias pruebas en las que no se plasma que se hizo un estampado de sellado de tiempo o “hash”, un código numérico que verifica que la información extraída de ese equipo deja una huella digital. Entre ellas mencionó varias inspecciones oculares a equipos de computación o vistas fílmicas efectuadas por la Fiscalía.

Ante esto, David Cuevas, representante del querellante autónomo Rosendo Rivera, refutó que no es tema de la fase intermedia, sino del juicio oral. Defendió también la reserva del testigo protegido aduciendo que no se ha violado el principio de igualdad de las partes. La calificación de testigo protegido fue otorgada por el fiscal a cargo, quien reservó su teléfono y domicilio, reiteró Cuevas.

La defensa sacó a relucir que cuando se trató de localizar al testigo protegido. Su teléfono sonaba apagado y que en el domicilio señalado nadie supo dar referencia de él.

Ante esto, los acusadores indicaron no entender por qué la defensa se “preocupa” tanto por la localización de esta persona, pues en todo caso, la incapacidad para ubicarlo beneficiaría a la contraparte. El testigo protegido es clave para probar la teoría del caso de la Fiscalía.