Querellantes, fiscalía y defensa pactan no agredirse

Tras varios altercados entre las partes que requirieron la intervención de la seguridad judicial, el juez logró un acuerdo verbal de no agresión. Ayer se cumplió con la fase de modificaciones a la acusación ampliada

La fiscalía, el querellante autónomo y la defensa del exgobernante Ricardo Martinelli, han superado las diferencias que sostenían en cuanto a las correcciones de forma y fondo de la acusación ampliada presentada por el fiscal Harry Díaz en el proceso que se le sigue al expresidente por el caso de los supuestos pinchazos telefónicos.

En audiencia celebrada ayer -uno de los días más provechosos en avance que se han registrado desde que Martinelli compareció por primera vez frente al juez - la defensa del exgobernante en voz de Sidney Sittón, enumeró una veintena de modificaciones que solicitó a la fiscalía incluir en el escrito de acusación ampliado que previamente había entregado el fiscal Díaz a las partes. Sittón también soicitó acceso a todas las pruebas documentales (inspecciones oculares en su mayoría) que enlistó el fiscal en el documento.

Todas las peticiones de la defensa fueron subsanadas, a excepción de la revelación de la identidad del testigo protegido, el acceso a los 7 cuadernillos que contienen información sensitiva de las víctimas, y la disponibilidad a una serie de evidencias materiales que la fiscalía pretende presentar en el juicio.

Sobre estas pruebas, el juez de garantías Jerónimo Mejía, dirimirá su futuro, previa admisibilidad, como elementos probatorios. Luego, decidirá si descubre o no la identidad del testigo protegido localizable por el Fiscal de Atención Primaria, y/o si otorga acceso a la defensa del contenido de los 7 cuadernillos con información del correo electrónico [email protected], así como a varias evidencias materiales (computadoras, discos duros y discos compactos) que se encuentran a disposición del Pleno de la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Juicio, las cuales se ubican en el Almacén de Custodia de Evidencias del Ministerio Público en la Ciudad de Panamá.

Superada esta etapa, se procederá a evaluar cada una de las evidencias (74 pruebas testimoniales y 48 documentales) que se emplearán en la etapa del juicio oral.

Ayer también ocurrió algo inédito. Querellantes, fiscalía y defensa, parados frente al juez Mejía como testigo, hicieron un pacto ético de no agresión.

El acuerdo surgió luego de que se registraran 3 acaloradas discusiones en los pasillos y el salón de audiencias del Órgano Judicial, durante uno de los recesos decretados por el juez. La ingeniera y víctima, Balbina Herrera y la abogada Holanda Polo, protagonizaron un intercambio de palabras con tono elevado al punto que se requirió de la intervención del personal de seguridad inerno para calmar los ánimos. Al parecer, las diferencias estribaron en la libertad, que para los querellantes se traduce en falta de respeto, que se le otorga al exmandatario para comunicarse, por papelitos, con los simpatizantes que asisten a las audiencias.

Otra discusión se suscitó en las escaleras de la Corte entre Sidney Sittón y el querellante autónomo Rosendo Rivera.

Extraoficialmente se conoció que Rivera reclamaba a Sittón ciertos mensajes publicados en redes sociales que supuestamente hacían alusión a su persona. Rivera, según cuentan, desafió a Sittón a que le hable de frente. El intercambio verbal parece que venía acompañado de un reto a puños que por supuesto nunca ocurrió. Esta controversia también requirió de la intervención de la seguridad interna de la Corte, aunque no pasó a mayores.

Cuando se reanudó la audiencia, Sittón trató de poner al juez en conocimiento de este incidente, pero Mejía no le concedió la palabra. El abogado solo alcanzó a decir: “la seguridad está enterada de la falta de respeto de Rivera”.

El tercer jaleo se registró entre el fiscal Harry Díaz y el abogado de la defensa Alejandro Pérez. Entre ellos hubo un debate intenso dentro del salón de audiencias. Cuando el juez declaró un receso para almorzar, se acercaron al estrado Sittón y Polo. Enseguida se arrimaron Rivera, Herrera, y el resto de los presentes quienes se reunieron con el juez por espacio de 20 minutos. Finalizado el encuentro ninguno de los participantes quiso referirse a los altercados, obedecieron al pie de la letra las instrucciones del juez.

Herrera dijo que se plasmó el respeto entre las partes, mientras que Sittón añadió que el juez recomendó que sean profesionales.

Durante la audiencia, el fiscal Díaz se quejó del comportamiento de Sittón en las redes sociales. “Sittón plantea que yo leo la documentación, yo no veo nada de malo, pero no hay que estar señalando en redes sociales que el fiscal lee material que desconoce”, protestó el fiscal.

El juez dio un espaldarazo al fiscal al mencionarle que no tenía nada de malo en leer sus observaciones, pues le ayuda a precisar ideas.

Martinelli también entró y salió del salón de audiencias gritando ‘no me toque, no me toque’, para evitar contacto físico con la seguridad que lo guiaba sin empujarlo. Gritaba que daría declaraciones que estremecerían a los estamentos de seguridad del país, ‘ni se imaginan’, acotó.

LAS MODIFICACIONES
Sittón presentó un escrito con los defectos y formas en la acusación ampliada de la fiscalía que no fueron atendidos. Entre estas deficiencias indicó, por ejemplo, que la acusación no señala un tiempo preciso en que ocurrieron las supuestas intervenciones telefónicas ordenadas por su cliente. En cambio, enmarca los delitos entre el 2012 y 2014.

En este sentido, el juez manifestó que el fiscal explicó que no es el único periodo en que ocurrieron las intervenciones, sino el periodo que se centró el fiscal para hacer la investigación. El juez estuvo de acuerdo con la frase empleada por Díaz.

La defensa de Martinelli pidió que se corrigieran algunos errores mecanográficos (apellidos de peritos) que fueron subsanados por la fiscalía.

A continuación Sittón requirió copia de una lista de elementos que. alegó, no le fueron entregados por la Fiscalía. Entre estos, citó diligencias de inspección ocular efectuadas a diferentes sitios en fechas distintas, algunos testimoniales y notas.

El fiscal entregó una copia, a satisfacción, de todo lo solicitado por la defensa.

Sittón demandó que la fiscalía especificara los nombres de los funcionarios que recibieron instrucciones del exmandatario para pinchar los teléfonos, hacer la vigilancia y seguimiento a las víctimas, a lo que el fiscal reveló que se refiere a Ronny Rodríguez, William Pittí e Ismael Pittí.

Otras modificaciones como la individualización de las 49 víctimas afectadas, en lugar de hacer referencia a ellas en grupos como sindicalistas, políticos, abogados, etc., se efectuaron por parte de la Fiscalía. También se consideró la relación de hechos y delitos para incluirlos en la acusación y la calificación jurídica.

Culminados los cambios, la defensa no tuvo observaciones. El juez declaró superada la fase de la acusación entre estas dos partes.

Luego del receso, tocó el turno de la querella autónoma para adecuar su acusación. David Cuevas, abogado de Rosendo Rivera, indicó que efectuó una serie de ajustes similares a los planteados por la fiscalía, ya que ambas acusaciones son casi idénticas.

Cuevas habló sobre los cambios que implementó al escrito. Empezó por decir que el verbo rector del delito es interceptación, como dijo la defensa de Martinelli, y no intercepción.

Sittón también criticó que este escrito era 95% igual al de la Fiscalía, a lo que Cuevas dijo no sentir ninguna ofensa, pues el Código no lo impide.

El querellante también incorporó los nombres de los funcionarios del Consejo de Seguridad a los que Martinelli les daba órdenes, y Cuevas los incluyó. No obstante, reservó la forma en que el exmandatario daba dichas ordenes porque dijo, forman parte de la teoría del caso y las daría a conocer en la etapa de juicio oral.

La querella autónoma también individualizó a las 49 víctimas identificadas en la carpetilla penal, en vez de referirse a ellas por gremios.