Ayer durante el Consejo de Gabinete los ministros discutieron si enviar a la Asamblea todos, o solo uno de los aspirantes a la Corte Suprema de Justicia. La decisión se aplazó debido a que algunos pidieron más tiempo
El Consejo de Gabinete discutió ayer, por más de una hora, si enviar o no a la Asamblea Nacional los nombres de los posibles magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero no anunció formalmente los nombres de los designados por este órgano del Estado para estos cargos que tienen una mora de casi un año.
La Estrella de Panamá conoció que durante la sesión de ayer, no se barajó ningún nombre en específico. La discusión se centró en si debían escoger los nombres de todas las vacantes o enviar el de un solo aspirante, a escasos días que culmine el periodo de sesiones ordinarias de la última legislatura dominada por la oposición.
La disyuntiva provocó que algunos ministros solicitaran más tiempo para evaluar las hojas de vida de los 20 aspirantes que entrevistó y recomendó el Pacto de Estado por la Justicia en mayo pasado.
El Ejecutivo debe nombrar los suplentes de dos magistrados a quienes se les venció el periodo en enero pasado, pero aún permanecen en sus cargos a falta de sustitutos, un especialista en temas penales y otro en materia civil.
Aunado a esto, el Ejecutivo tampoco ha sometido a consideración de los diputados de la Asamblea Nacional el reemplazo de Alejandro Moncada Luna, quien fue procesado y juzgado en octubre de 2015, y cuyo periodo se vencería en 2020. Actualmente este despacho es encabezado por el suplente Abel Zamorano, quien ha actuado de principal en ausencia del titular.
Durante el Consejo de Gabinete, se habló de la necesidad de nombrar al principal de la Sala Tercera, quien reemplazaría a Zamorano.
El fin de semana el mandatario Juan Carlos Varela dio instrucciones a sus ministros para culminen el análisis de las hojas de vida de los candidatos a la CSJ. Según el comunicado enviado, se abriría el debate y escucharía las consideraciones de cada ministro sobre el tema.
Los ministros efectuaron un repaso de lo ocurrido el pasado febrero, cuando el Pleno de la Asamblea rechazó las dos nominadas del Ejecutivo, la fiscal Anticorrupción Zuleyka Moore y de Ana Lucrecia Tovar, esposa del exviceministro de Finanzas Iván Zarak.
Ambas eran percibidas con estrechos vínculos. Una con el Ejecutivo, y la fiscal por su desempeño en el caso de las investigaciones de la constructora brasileña Odebrecht.
En esta ocasión, el partido panameñista está dispuesto a buscar consenso con cada bancada antes de pasar al proceso de votación para no revivir la misma experiencia.
En los pasillos de la Asamblea, en cambio, se ventilaron los nombres de dos supuestos candidatos.
Según indicó una fuente a este diario, sonaron los nombres de Juan Francisco Castillo, funcionario de carrera judicial, y de Olmedo Arrocha, actual director de Planificación e Inversión del Ministerio de Ecónomía y Finanzas.
Ambos figuran en la lista recomendada por el Pacto de Estado por la Justicia para la Sala Civil.
Lo que puede asomar una maniobra del Ejecutivo en dejar vacante el nombramiento del magistrado penalista Jerónimo Mejía, juez de garantías en el caso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por supuestos pinchazos telefónicos. De ser así, Mejía continuaría en el cargo hasta que el Ejecutivo nombre un sustituto.
A juzgar por las especialidades de los prenombrados, serían los sustitutos de Oydén Ortega de la Sala Primera, y de Abel Zamorano, encargado de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.
Zamorano publicó un informe de gestión el pasado 7 de octubre, como lo hace cada año, en el que agradeció a sus familiares, colaboradores y funcionarios que le han dado su apoyo entre octubre de 2014 a septiembre de 2018.
Arrocha mantiene estrechos vínculos políticos y personales con el poder. El aspirante es abogado del diputado y hermano del mandatario, José Luis ‘Popy’ Varela, en el caso de los pinchazos telefónicos que en el que se procesa a Martinelli. El diputado otorgó poder especial a Arrocha para que también se querellara contra los exdirectores del Consejo de Seguridad, y presentó varios recursos a nombre de su cliente.
Italo Antinori, doctor en derecho, lo considera un candidato “sin independencia o imparcialidad, atributos fundamentales para un magistrado de la Corte”, según escrito publicado en mayo.
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