Documentación evidencia la desnaturalización los propósitos del Consejo de Seguridad y su injerencia en el Ministerio Público. Desde esta entidad se presentaba a testigos protegidos en casos de corrupción
Sin embargo, 27 años después, esa entidad ha sufrido transformaciones desorientadas que desnaturalizan los propósitos para los cuales se constituyó.
Endara creó el CSN en mayo de 1991 con el objetivo de establecer un ente de inteligencia completamente distinto al antiguo G-2 de las Fuerzas de Defensa. Su reglamento orgánico le prohibía expresamente participar en operaciones de espionaje político y atentar contra las garantías ciudadanas. Su creación, buscaba contar con una organización que manejara inteligencia de calidad para preservar la democracia ante las amenazas locales y externas.
En un inicio fue manejado por civiles. Pero con los años, ese principio se distorsionó y quedó en manos de policías, mayormente sin formación en tareas de inteligencia, que se dedicaron a cumplir objetivos políticos de los gobernantes de turno.
Cada administración colocó al frente del CSN a copartidarios, amigos, parientes y personas de su absoluta confianza.
El gobierno de Juan Carlos Varela, mantuvo la estructura del CSN dejada por la administración de Ricardo Martinelli en la cual la organización estaba en manos del Presidente de la República y el ministro de la Presidencia. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) siguió en el Ministerio de la Presidencia para ampliar su facultad funcional.
Varela puso al frente a Rolando López -un militar de su confianza que le ha brindado servicios desde el 2009, cuando ambos formaban parte de la administración de Martinelli. Uno como vicepresidente y canciller, el otro como subdirector del Servicio Nacional de Migración y lo dotó de mayores poderes hasta convertirlo en una hidra policéfala.
Para alimentarla, solo cuatro meses después de asumir el poder, Varela pidió una partida de $4 millones a la Contraloría General de la República (CGR) -curiosamente a las 8:55 de la mañana del feriado del 28 de noviembre del 2014- como fondos operativos para el CSN. Ese monto entró en línea cinco días después, el 3 de diciembre.
“Pareciera que el Presidente quería que todos los casos de corrupción investigados por su administración culminaran en condena”, dijo Solís. “Da la impresión –añadió- de que las manos del Ejecutivo están metidas en la labor de (Rogelio) Saltarín. Eso es lógico de suponer porque él lo contrató”.
Se refería al abogado privado que contrató el Ministerio de la Presidencia entre julio del 2014 y diciembre del 2015 por $385,200 como mega asesor en materia penal y administrativa para revisar, analizar, preparar y recopilar material probatorio para la elaboración de avisos de índole penal. El súper consultor debía seleccionar a sus asesores y personal de apoyo para cumplir con el contrato.
Como una persona de su absoluta confianza, porque lo había representado legalmente en distintos conflictos desde el 2012, Solís dijo que Varela “le abrió las puertas de los aparatos del gobierno que pudieran ayudarlo a cumplir su función como recaudador de pruebas para poder tener éxito en el mandato”.
El problema, de acuerdo a Solís, es que “nunca dejó de ser una persona privada”.
“¿Qué criterio y responsabilidad tiene una persona privada cumpliendo una función pública?”, se preguntó.
LA GÉNESIS
La pista para el trabajo periodístico que emprendió La Estrella de Panamá para sacar a luz toda la trama del espionaje desde la Presidencia de la República y montar casos judiciales, la dio un documento que a todas luces provenía del CSN. Distintas fuentes corroboraron su autenticidad. No había dudas sobre su contenido. Era real, válido.
Una fuente judicial confirmó que en el CSN se había investigado la ruta del dinero de los sobornos entregados por la empresa constructora brasileña Odebrecht a políticos y funcionarios de alto rango de las dos administraciones anteriores en las que se había alzado con $9,000 millones en contratos.
El informe publicado por La Decana el 28 de abril pasado, establecía los supuestos beneficiarios de pagos directos e indirectos efectuados entre el 2007 y el 2009 por Odebrecht a través de su Departamento de Operaciones Estructuradas.
Al día siguiente de la publicación de esas revelaciones, el entonces ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, negó que el CSN hubiera originado los datos en que se basaba el informe de este diario.
Calificó de "errada y desafortunada" la publicación, pero no despejó las dudas sobre las operaciones del CSN en la recopilación de información sensible que daba forma a expedientes por posibles casos de corrupción de funcionarios del gobierno anterior.
En defensa del CSN, un alto funcionario de esa organización, que pidió mantener su nombre en reserva, dijo a La Estrella de Panamá que la publicación de esa información buscaba hacerle daño a la entidad.
Argumentó que cualquier abogado o funcionario del Ministerio Público pudo tener acceso al expediente de Odebrecht y entregarle una copia al diario. Pero las hojas no estaban foliadas. "Dicho informe no reposa en el Ministerio Público", fue la reacción de una fuente judicial que maneja el caso de la constructora en el Ministerio Público.
Los argumentos no sacaron del atolladero al CSN. Distintas fuentes judiciales reconocieron que las investigaciones de casos de corrupción se originaron en el CSN, en un trabajo coordinado entre López, Porcell y Saltarín.
"Hubo reuniones con el Consejo de Seguridad que tenían como finalidad proveer o facilitar información al consultor para realizar la preparación de denuncias, sin un origen institucional", dijo una fuente judicial. Eso abrió la duda de si era el criterio de terceros lo que decidía el alcance y contenido de las denuncias.
"¿Puede un particular contratado por el Estado suplantar facultades del Ministerio Público?", preguntó otra fuente judicial.
La Estrella de Panamá posee información de que en el medio de las investigaciones hubo llamadas anónimas que alertaban sobre hechos de las pesquisas cuando la defensa contradecía las actuaciones de la Fiscalía. Esas llamadas anónimas se plasman en varios expedientes, creando vinculaciones subjetivas sobre los hechos investigados y el CSN.
Además, según una fuente judicial, desde el CSN se preparaban las declaraciones de los testigos protegidos, cuando conocer su identidad es facultad exclusiva de la PGN. El CSN violaba, de ese modo, la pureza del testigo protegido al actuar extra proceso suplantando la competencia de la PGN que es la única facultada por ley para manejar los casos de un testigo protegido.
“Las intervenciones no son institucionales cuando se comparece ante el Consejo de Seguridad o ante un particular, y no frente al Fiscal. Es un acercamiento indebido porque es una parte que le corresponde al Ministerio Público, es un trabajo interno de asesoría legal de la entidad y no del Consejo de Seguridad", argumentó una fuente judicial.
La exprocuradora General de la Nación, Ana Belfon, explicó que toda investigación debe iniciarse desde cero sin preconceptos, ni predisposiciones mentales. Cuando se vulnera la presunción de inocencia, la investigación se contamina porque “quieren probar su versión, de lo que ellos creen que ocurrió, pero que no necesariamente es la verdad”.
Al nombrar a Saltarín para que en conjunto con Porcell -que entre julio y diciembre del 2014 estuvo contratada como abogada penalista en el CSN- se violaron todos los principios y las investigaciones “venían viciadas”, dijo Belfon.
“Todos le tenían que proveer la información para que trabajara. La gente dice que él (Saltarín) trabajaba desde el Consejo de Seguridad. Hemos visto un Estado policiaco. En el mismo Ministerio Público estaba la gente del Consejo de Seguridad caminando por los pasillos”, añadió.
Abogados defensores se han quejado porque cuando se desarrollaban indagatorias de sus clientes en los despachos de los fiscales, había miembros del CSN presenciando las indagatorias.
Hay informes de que las primeras entrevistas de Guardia Jaén, exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), fueron con miembros del CSN, y que abogados del CSN y de PGN viajaron juntos para entrevistar personas en el exterior.
Nelson Brandao, abogado de Mario Martinelli, quien tiene abiertos varios procesos por contratos relacionados con el antiguo PAN, dijo a La Decana que lo “más grave es que un miembro del Consejo de Seguridad sea el acusador de nuestro cliente”.
La PGN tiene que investigar los casos de corrupción del país. “Pero si un policía está dirigiendo el Ministerio Público, ahora sí estamos mal”, consideró un abogado penalista, refiriéndose al papel de López y del CSN en las investigaciones por supuestos casos de corrupción.
“Un policía no encaja en la descripción constitucional de la persona que debe realizar la investigación penal”, comentó el abogado penalista Javier Quintero.
“Que el CSN este dirigiendo una pesquisa por encima del Ministerio Publico no es lo que dicta el orden constitucional. Cuando hay elementos ajenos a esa entidad como la presencia de agentes en las indagatorias, hay un signo que indica que no hay independencia en la investigación”, añadió Quintero.
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