Dos magistrados han solicitado tiempo, y una discusión a fondo del proyecto que saca de la Corte el proceso contra Martinelli. El debate también abarca si validar o no las decisiones hechas por Jerónimo Mejía
El mencionado ha elaborado un proyecto de fallo que pretende declinar la competencia a la Corte en el caso que se le sigue al expresidente de la República Ricardo Martinelli por los pinchazos telefónicos. Para ello, ha efectuado una serie de observaciones legales que rebaten la posición del magistrado de garantías Jerónimo Mejía, quien el 25 de junio pasado, negó a la defensa del exmandatario remitir la carpetilla 138-15 a otro Tribunal.
En sus observaciones, el magistrado Abel Zamorano solicitó a sus colegas que no se venza el periodo de lectura el 26 de noviembre, y se concedan los 20 días hábiles para la lectura. A juicio de Zamorano, las consecuencias jurídicas de la decisión y la trascendencia del tema motivan a examinar prolijamente el proyecto y cuidar que en el pronunciamiento del plazo no surja posterior cuestionamiento.
Por su parte, el magistrado Cecilio Cedalise estima que el proyecto debe ser debatido profundamente en el Pleno dada su trascendental importancia y las consecuencias jurídicas que tendría tanto del nuevo modelo de justicia penal y particularmente para la sociedad en general.
En esta discusión, a juicio de Cedalise, se deben considerar aspectos alusivos a la validez de la actuación del juez de Garantías en la etapa intermedia, al igual que a la determinación del momento en que puede reclamarse la falta de competencia del juez en la etapa intermedia cuando se pierde la condición de diputado.
La defensa de Martinelli recurrió a la Corte para presentar un amparo de garantías ante la decisión del magistrado de Garantías Jerónimo Mejía, de mantener la competencia del caso aún cuando su cliente había renunciado al cargo de diputado del Parlamento Centroamericano a partir del 27 de junio pasado.
Mejía remitió un informe al ponente del fallo, Oyden Ortega, en el que sustentó sus consideraciones. Entre éstas, destacó que a partir del momento de la acusación se fija la competencia del tribunal que conocerá el caso. No obstante surjan variaciones de las circunstancias que se tenían al momento de la imputación de cargos, no variará la competencia del tribunal ante el cual se presentó la acusación.
Añadió que solo la Ley es la que permite el cambio de competencia. Es decir, que la competencia no puede variar por voluntad de las partes, motivo por el cual, a juicio de Mejía, Martinelli no puede cambiar de instancia por su voluntad concretada la renuncia del Parlacen.
Mejía argumentó que los casos citados por la defensa de Martinelli como antecedentes, no es lo que ha hecho el cambio del Tribunal. En previas experiencias lo que ha permitido la declinatoria ha sido que no se había presentado la acusación, por tanto, no se había establecido la competencia definitiva.
Mejía subrayó que en el caso de Martinelli, la Corte ha dictado decisiones que implican que existe competencia, de lo contrario se hubiere inhibido de hacerlo.
Según Mejía, dicho amparo no tiene sentido, pues el Pleno de la Corte ha decidido sus peticiones y recursos y ha reconocido su competencia.
En las sustentaciones que llevaron a Ortega a emitir un proyecto que declina la competencia en el caso, se enuncia la ‘calidad de las partes’ como un factor que determina la competencia de la Corte en conocer procesos.
Por lo tanto, si la persona deja de ostentar un cargo, la competencia para investigarlo se perderá, pues ésta rige solo por el tiempo en que la persona ostenta el cargo.
Con respecto a la variación de la competencia, Ortega considera que para que el Pleno sea competente de conocer el caso contra diputados, es indispensable que el cargo se esté ejerciendo al tiempo de su juzgamiento, indistintamente la época en que se cometió el delito.
En consecuencia, a falta de este requisito, el Pleno carecería de la competencia al perderse la conexión exigida por la ley perdiendo así la competencia del caso.
El ponente también refutó que dada la acusación se fija la competencia del tribunal. Pues indica que en la etapa intermedia hay un espacio para validar la acusación, pero la norma no especifica plazos para alegar asuntos relacionados a la competencia.
En el proceso contra Martinelli, es el parecer de Ortega que, si bien el Pleno ha conocido recursos presentados por la defensa, no ha resuelto como Tribunal de apelaciones ninguna solicitud que guarde relación con la competencia del Tribunal de garantías o de la Corte dentro del proceso.
PIDEN INVESTIGACIÓN
El abogado Carlos Herrera Morán, defensa de Mauro Zúñiga, presentó ayer un recurso ante la Corte para que se investigue la filtración del proyecto de fallo en las redes sociales que ocurrió el martes pasado.
A su juicio, “quienes filtraron este proyecto, extramuros de la CSJ, lo hicieron de manera dolosa, sin descartar la posibilidad de haber recibido sobornos”, se lee en el papel.
Tanto la defensa de Martinelli como la parte querellante se han acusado mutuamente de haber sido los responsables de la publicación del proyecto para perjudicar al contrario.
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