Ayer se ratificó como principal al magistrado Abel Zamorano y se designó a Olmedo Arrocha, funcionario del MEF, para la Sala Civil, pero dejó pendiente el remplazo de Mejía, juez de garantías del caso Martinelli
El Consejo de Gabinete aprobó en horas de la noche de ayer la designación de Abel Zamorano como magistrado principal de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo (hasta el 2020) y la designación de Olmedo Arrocha como magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
No obstante, el presidente Juan Carlos Varela dejó en suspenso la designación del remplazo del magistrado Jerónimo Mejía, en la Sala Penal, quien actúa como juez de garantías en el caso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por supuestos pinchazos telefónicos.
Por más de tres años, Zamorano ha actuado como principal del despacho después de que se sentenciara a cinco años de cárcel al magistrado Alejandro Moncada Luna, nombrado en la administración de Martinelli.
Arrocha es uno de los 20 seleccionados que entregó la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia en abril pasado al Ejecutivo como parte del abanico de aspirantes.
Cuando Arrocha decidió aspirar al cargo, renunció al Partido Panameñista, pero continuó en un alto cargo en el Ministerio de Economía y Finanzas, como director del Programación de Inversiones.
La designación de Arrocha, no obstante, causa ronchas en algunos sectores que han advertido la falta de objetividad e independencia del nombrado por sus vínculos con el gobierno.
El letrado Ítalo Antinori, doctor en Derecho Constitucional, analizó su posible nombramiento en su blog, del que se desprende que Arrocha también tiene vínculos con el actual alcalde y candidato a la presidencia por el panameñismo, José Isabel Blandón.
Según Antinori, Arrocha mantiene una relación de amistad con el alcalde y eran socios en una firma de abogados, lo que “genera suspicacia y recelo”.
Aunado a esto, destaca el letrado, Arrocha fue abogado de José Luis Varela (diputado, presidente del Partido Panameñista y hermano del Presidente de la República).
A juicio de Antinori, estas pruebas dejan clara convicción de que Arrocha está atado al poder político del actual gobierno, “lo que lo convierten en un candidato sin independencia o imparcialidad, atributos fundamentales que necesita un magistrado de la CSJ”, señala.
La trayectoria jurídica de Arrocha es muy buena, sus capacidades intelectuales y de formación son intachables, pero el debate, a criterio de Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, “no está en los nombres, sino en las fuerzas políticas porque es el Presidente quien los elige. En ese sentido, se forma una confrontación”.
El abogado indicó que en estos momentos la Asamblea Nacional está cuadrada en un rol de oposición que le impide analizar cualquier nombre. “El presidente Varela se enfrenta a un desafío, si no elige a personas dentro del sistema, cualquier nombre corre la suerte de convertirse en el combustible de una batalla política”.
La demora en la elección del sustituto de Mejía coincide con el fin de la fase intermedia en la audiencia del caso Martinelli, que hoy deberá definir la admisión de pruebas del acusador autónomo y de la defensa para pasar al juicio oral.
Es el segundo intento que realiza Varela para llenar las vacantes de los magistrados Oydén Ortega y Mejía, a quienes se les venció su periodo en enero pasado.
Los candidatos seleccionados por el Ejecutivo tendrán que pasar por el filtro de la Comisión de Credenciales, presidida por Sergio Gálvez, opositor al gobierno, copartidario y amigo personal del expresidente Martinelli.
Un comunicado de la Presidencia de la República anunció que Varela llamará a la Asamblea a sesiones extraordinarias del 26 de noviembre al 31 de diciembre próximo, cuando se celebran las fiestas de fin de año.
La agenda incluye la aprobación del proyecto de ley 591, que adiciona el Capítulo XII, delitos contra el Tesoro Nacional, al Título VII del Código Penal y otras disposiciones, así como la aprobación del proyecto de ley 664, que adiciona y modifica artículos a la Ley 41 del 20 de julio de 2004, que crea un Régimen Especial para el Establecimiento y Operación del Área Económica y Especial Panamá Pacífico y dicta otras disposiciones.
Será uno de los momentos más políticos que vivirá el gobierno de Varela, tomando en cuenta que tiene una Asamblea en contra.
La Asamblea aún tiene pendiente la ratificación de tres suplentes que no fue llevada a votación en enero pasado, cuando se rechazó el nombramiento de la fiscal Zuleyka Moore y de Ana Lucrecia Tovar.
Ellos son: Judith Esther Cossú (Sala Primera Civil), Luis Antonio Camargo (magistrado suplente de la Sala Primera de lo Civil) y Katia Di Bello (suplente para la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo).
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