El magistrado Oydén Ortega mantiene dos proyectos de fallo que declinan la competencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli, por supuestos pinchazos telefónicos.
Así lo indicó una fuente judicial a este medio, quien agregó que uno de los proyectos pretende que se anule todo lo actuado en el proceso hasta la fecha y la carpetilla pase a la esfera del Sistema Penal Acusatorio (SPA) a cargo de un juez de Garantías quien comenzaría a tener conocimiento del caso.
El otro proyecto de fallo, que también declina la competencia, busca validar lo actuado por el juez de garantías Jerónimo Mejía, quien en reciente audiencia valoró la admisión y rechazo de las pruebas de al Fiscalía y la defensa del exgobernante. Incluso citó para el 11 de diciembre próximo para la celebración del juicio oral.
En este último proyecto de fallo, se toma en cuenta la petición del fiscal del caso, Harry Díaz, quien solicitó una intervención de tercero que fue admitida, en la que solicita que no se deseche lo avanzado hasta la fecha en el proceso en caso de que se opte por la declinación.
Para hoy se tiene programado un Pleno, y por segunda ocasión, los magistrados de la Corte o sus suplentes discutirán el proyecto que el jueves pasado fue retirado por el ponente para añadir las observaciones de sus colegas. Las mismas, aunadas a la primera versión, serán analizadas para decidir el futuro judicial del expresidente.
Ahora bien, si la decisión de los magistrados es que el caso baje a la esfera del SPA respetando lo actuado, es muy probable -porque ya lo han anunciado anteriormente- que la defensa de Martinelli solicite la anulación de todo lo actuado por el supuesto “absurdo jurídico” en el que cae la Corte al decir que no es competente, pero aún así, continuó el proceso hasta la etapa intermedia.
El proyecto de fallo responde a un Amparo de Garantías que interpuso la defensa del exmandatario en el cual se alega que la Corte no puede ser el juez natural para juzgar a su cliente debido a que renunció a su condición de diputado del Parlamento Centroamericano en junio pasado.
El argumento principal que empleó la defensa de Martinelli es que la Corte ha perdido la competencia por “la calidad de las partes”, es decir, que al desaparecer la condición de diputado, de igual forma se desvanece el factor que le asignó la competencia.
No obstante, el juez de garantías ha insistido que la competencia se asigna al momento en que se hace la acusación. En la audiencia del 20 de noviembre, Mejía abarcó más de 40 minutos para argumentar jurídicamente el por qué el caso debe continuar bajo la competencia de la Corte.
Alegó que durante la fase de investigación, si la persona en cuestión renuncia a su cargo como diputado, no sucede nada, puesto que el fiscal aún no tiene un caso en su contra, pero no es así cuando ya ha sido acusado y se fija la competencia.
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