Critican firma de Pacto migratorio

La adhesión de Panamá al Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular ha generado polémica. El documento tiene 23 objetivos y hay discrepancia en si son de obligatorio cumplimiento o no

El compromiso político que firmó Panamá este lunes en Marruecos, en el marco del Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular impulsado por la Organización de las Naciones Unidas, contiene 23 compromisos para los países que lo suscribieron.

La cita en África, que ayer pretendía contar con la participación de 180 países, congregó a 164 luego de que Estados Unidos, Austria, Polonia, República Checa, Chile, República Dominicana, entre otros, se negaran a ratificarlo.

Asistieron al cónclave 21 mandatarios, entre los que figuran el presidente Juan Carlos Varela y la vicepresidenta Isabel De Saint Malo, mientras que la gran mayoría de los países enviaron una delegación representativa.

El rey de Marruecos, Mohamed VI, quien había confirmado su participación, a última hora se ausentó sin razón de por medio, según reportan medios internacionales. El Monarca expresó mediante nota que se trata de un Pacto que juzgará la historia, pero que ahora no es el momento de celebrar su éxito.

El desafío es una solidaridad responsable, añadió Mohamed VI.

La negativa de varios Estados en adoptar dicho documento radica en el temor a la obligatoriedad que adquieren al rubricarlo. Un tema al que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se refirió durante la inauguración del evento y pidió a los países “no sucumbir al miedo”, puesto que no “impone ninguna obligación a los Estados”.

El Pacto eleva la migración como un derecho humano, un tema polémico que ha causado que el rechazo de más de una docena de naciones. Éstas consideran que la migración no es un derecho humano.

Por ejemplo, el subsecretario del Interior de Chile, Rodrigo Ubilla, explicó a medios de ese país “que el derecho lo tienen los países de definir las condiciones de ingreso de los ciudadanos extranjeros”. Añadió al Mercurio que “si fuera un derecho humano, entonces entonces estamos en un mundo sin fronteras. Creemos firmemente en los derechos humanos de los migrantes, pero no que migrar sea un derecho”.

Los países que apuestan al Pacto han manifestado que se trata de un compromiso no vinculante. Compromete a los firmantes a tratar de solucionar los riesgos de este flagelo como la trata y tráfico de personas, además de evitar la separación de familias y la detención de migrantes.

Javier Carrrillo, director de la Dirección Nacional del Migración, publicó un video desde Marraquesh en el que explica que el haberse adherido al Pacto “no quiere decir bajo ningún concepto que es de obligatorio cumplimiento para los Estados, y cada país mantiene su soberanía y puede dictar sus políticas migratorias”. En la práctica, “los principios plasmados en el pacto ya se encuentran plasmados en nuestra legislación. Se trata de estándares de conducta o comportamiento internacionales”, enfatizó Carrillo.

Sin embargo, estas palabras no calmaron la inquietud de algunos en las redes. Se escucharon voces que criticaron la pérdida de la soberanía migratoria, para entregarla a las organizaciones internacionales.

“Cuándo Panamá dejará de ser un tonto útil de las organizaciones internacionales secuestradas por burócratas perpetuos y aquellos que siguen guindando del muro de Berlín”, escribió el abogado Ebrahim Asvat.

El texto establece que los “refugiados y migrantes tienen los mismos derechos humanos fundamentales y libertades que deben ser respetadas, protegidas y cumplidas en todo momento”.

El pacto global aborda la migración en todas sus dimensiones como una problemática que ningún Estado puede contener por sí solo y respalda la soberanía de Estados y sus obligaciones en virtud del derecho internacional.

Recalca el derecho soberano de los Estados a determinar su política de migración y prerrogativa para manejar la migración dentro de su jurisdicción, de conformidad con el derecho internacional.

El sexto punto de los 23 a los que se compromete el país, establece “facilitar la contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que garanticen el trabajo decente para migrantes (ver tabla).

Según datos de la Dirección Nacional de Migración de Panamá, hasta el 30 de noviembre pasado se registró un movimiento migtratorio de 4 millones de extranjeros, cifra que engloba entradas y salidas siendo Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y Venezuela las nacionalidades que ocupan los primeros sitios, en el orden mencionado.

En este mismo año, publica la entidad, se han otorgado 29 mil permisos de residencia a unos 6 mil venezolanos, seguido de 3,200 colombianos, de 1,800 peruanos y a unos 1,600 chinos.

Panamá ha dejado de ser país de tránsito para convertirse en receptor. El enfoque de la adquisición de compromisos internacionales, según la abogada María Isabel Saravia, especializada en temas migratorios, debe ser revisado así como el por qué del interés de ciertos funcionarios del actual gobierno en ratificar estos instrumentos.

El Pacto, según Saravia, se traduce en que el país se “compromete a penalizar toda expresión que considere xenófoba o discriminatoria en contra de migrantes o sus familias, así como a brindar las herramientas para que tengan acceso a demandar al Estado en caso de sentir vulnerado alguno de estos derechos”, describió.

Saravia opina que en vez de estar cediendo espacio ante los organismos internacionales, el país debería señalar que ha respetado y salvaguardado los derechos de quienes se encuentran en su territorio y ha establecido derechos como la salud, educación, la seguridad social y las prestaciones laborales para quienes se encuentren en el país.

El Pacto “debería traducirse en una política migratoria adecuada a la realidad, que priorice a los panameños y los residentes en nuestro territorio, sin asumir cargas sociales insostenibles para el sistema”, acotó la abogada.