Las víctimas calificaron al magistrado Ayú Prado como un “ente enquistado en la justicia, una especie de cáncer” al servicio de Martinelli que ejerce presión para que salga favorecido en el caso de los pinchazos
Las víctimas de los pinchazos manifestaron en conferencia de prensa que Ayú Prado, al haber sido nombrado por Martinelli en 2012, no solo responde a su favor, sino que a pesar de estar impedido envía a sus asistentes a los actos de audiencia del Pleno cuando éste dirimía incidencias relacionadas al caso.
Rosendo Rivera, querellante autónomo, mencionó cuenta con información que proviene del Órgano Judicial que indica que “el señor Ayú Prado continúa ejerciendo presión en un grupo de magistrados nombrados nombrados por Martinelli y por este gobierno (Cecilio Cedalise y Ángela Russo) para hacer una alianza para favorecer a Martinelli”.
El departamento de comunicaciones del Órgano Judicial manifestó que el magistrado Ayú Prado no haría comentarios sobre las declaraciones vertidas.
Rivera añadió que el hecho de que Ayú Prado haya renunciado a la Presidencia de la Corte y se la otorgara al magistrado Hernán De León, “desde un principio fue una estrategia casi Maquiavelica, ya que el designado desconoce el Sistema Penal Acusatorio y mostró “gran nerviosismo”. Con esta jugada, de acuerdo a las víctimas, Ayú Prado se deslindaba de cualquier responsabilidad que cayera en su contra.
DESCONFÍAN DE AYÚ PRADO
Mitchell Doens, víctima de pinchazos y querellante, dijo que Martinelli aún cuenta con una estructura que montó cuando presidente, y el magistrado Ayú Prado es parte de ella.
“Este señor (Ayú Prado) que se ganó su posición a través de favores que le hizo (a Martinelli) mientras estuvo en la Fiscalía, favores para destituir a la entonces procuradora Ana Matilde Gómez, favores para torcer situaciones en el Ministerio Público y luego para ser nombrado magistrado, es muy conocido”. Añadió que Ayú Prado es un “ente enquistado como una especie de cáncer en la justicia que es parte del andamiaje criminal de Martinelli y le es útil para defenderse y salir libre de todas las acusaciones en su contra, o de sus allegados o familiares”.
En 2017, 600 funcionarios de juzgados y tribunales del Primer Distrito Judicial fueron nombrados por Ayú Prado -basado en el artículo 558 del Código Procesal Penal- bajo la excusa de que no había presupuesto para la implementación de la Carrera Judicial. Esto preocupa a los querellantes quienes consideran que su vulnerabilidad puede ser un punto de presión en su trabajo.
Razón por la que exigen que la designación de estos tres jueces se haga de manera transparente, al azar y que sea pública.
Rivera recordó que el año pasado Ayú Prado autorizó a dos funcionarios de la Corte a viajar a Miami, Florida, donde se encontraba detenido Martinelli, para notificarlo sobre otro caso en su contra. “Esto lo hizo saltándose los conductos regulares quién sabe con qué intención”, acotó el abogado querellante.
PIDEN TRANSPARENCIA
La selección de estos jueces tardará unos días más. La oficina judicial, antes, debe notificar a las partes sobre el fallo que declina la competencia a la Corte. Luego debe notificar a las partes y entonces escoger al Tribunal.
Mitchell Doens describió a Martinelli como un hombre de poder: “tiene emisoras, televisora, diarios, un partido político y se está postulando para diputado y/o alcalde con la esperanza de que el Tribunal Electoral le permita correr” a pesar de que el último año lo pasó en la cárcel de Miami, Florida, Estados Unidos, y no en Panamá como establecen los requisitos.
Doens se quejó de que el expresidente lo único que hace es burlarse de la justicia. Que espera “ser electo diputado para que entonces el caso vuelva a la competencia de la Corte y así dilatar más el proceso”, dijo.
Aunque la Corte declinó la competencia del caso, validó la actuación del juez de garantías Jerónimo Mejía. Siete de 9 magistrados fallaron a favor de un amparo de garantías presentado por la defensa de Martinelli que solicitaba la declinación del caso y que se declarara nulo lo actuado por el magistrado de Garantías Jerónimo Mejía. Sin embargo, ésto último no ocurrió.
Los querellantes piden que el proceso continúe de forma transparente, que la escogencia aleatoria del Tribunal sea televisada, y que el juicio oral no se realice en el local del Órgano Judicial ubicado en Plaza Ágora, sino en las instalaciones de Ancón, que cuenta con infraestructura técnica para televisar el proceso.
TRISTE ESPECTÁCULO
El político Doens denunció que la Corte es “una especie de potrero lleno de garrapatas. Un mercado persa donde se compra y se vende de todo”, y dudó de la integridad de varios magistrados de éste órgano.
“Ya vieron al magistrado De León, el triste espectáculo que hizo cuando denunció a la Procuradora que él era una persona perseguida, que le hacían ofrecimientos y después en esas comunicaciones que vimos por whatsap que mostraban una especie de subasta pública por los fallos”, exclamó.
Las víctimas, no obstante el tribunal que se encargue de su caso, confían en que cuentan con pruebas convincentes contra Martinelli.
Mencionaron que recientemente se “evidenció que el poder económico y político que dejó al salir del su mandato, con el organigrama y estructura del Órgano Judicial J logró su objetivo, declinar la competencia. No obstante, “el hecho de que no se haya anulado lo actuado fue como un balde de agua fría para la defensa de Martinelli”, concluyeron los afectados.
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