El abogado Ramsés Owens salió ayer de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) donde se encontraba detenido por presunto infractor de los delitos contra el orden económico, blanqueo de capitales, en el conocido caso de los “Panama Papers”.
Bajo la ponencia del magistrado Cecilio Cedalise, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió una Acción de Hábeas Corpus a su favor el 10 de enero pasado, pero le prohibió abandonar el territorio nacional sin autorización judicial. El abogado también debe presentarse los lunes y viernes de cada semana y residir en la dirección que proporcionó en caso de ser notificado.
El Pleno concluyó que “cierto es que, cuando concurran escenarios excepcionales es permitido disponer de la aplicación de la más grave de las medidas cautelares, pero en este caso en particular no se observa ese extremo”.
En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos de fraude electrónico, fraude fiscal, lavado de dinero y otros, contra cuatro personas relacionadas a la investigación de los Panama Papers, entre ellos Owens. El Ministerio Público, hasta ese momento no había ordenado su detención, sino hasta después del anuncio estadounidense.
“Los panameños debemos defender las profesiones liberales. Si a nosotros nos pasa, que por una sustracción en la firma de abogados de material confidencial, sensitivo, de un cliente, la práctica se ve deteriorada, qué puede suceder con otras prácticas liberales y con el ciudadano común. Mi salida quisiera que se entienda, no como un tema de Ramsés Owens, sino como un mensaje para la comunidad de que estamos viviendo con investigaciones que no llegan a la profundidad e incompletas, que no revisan ni siquiera que el hecho delictivo se haya consumado o lo que sucedió”, dijo al recuperar la libertad el abogado quien estaba acompañado por vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Fraguela, de su abogada Marcela Araúz y colegas.
El Pleno rechazó, por improcedente, una solicitud de “Protección de Garantías Fundamentales” que interpusiera su abogada Marcela Araúz con la que pretendía que la CSJ diera instrucciones a la DIJ para que se cumpliera con la libertad de su cliente en base a que el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en grado de apelación, le concedió fianza de excarcelación.
La decisión del Pleno contó con el aval de los magistrados Hernán De León, Harry Díaz, Luis Ramón Fábrega, Jerónimo Mejía, Abel Zamorano, Oydén Ortega, Gisela Agurto y José Ayú Prado.
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