Demandarán a Miambiente por abuso de autoridad

La ACAC insiste en que el contrato entre el MOP y la empresa Astaldi exigía un Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, pero Miambiente aprobó uno de inferior exigencia, un crimen ecológico en el área

La Asociación de Comunidades del Área del Canal de Panamá (ACAC) anunció nuevas medidas de protesta en contra del proyecto de diseño, construcción y ensanche de la Vía Omar Torrijos (Corozal-Red Tank- vía Centenario), además de una querella contra el ministro de Ambiente por supuesto abuso de autoridad.

El proyecto, cuyo contratante, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), exigía un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) categoría III, en el que se obliga al contratista a realizar foros públicos y otras medidas más profundas, presentó ante el Ministerio de Ambiente (Miambiente) un EIA categoría II, sustentado en el Decreto Ejecutivo 123 del 14 de agosto de 2009.

La entidad ambiental avaló el estudio, y aprobó la tala de 4 hectáreas de bosque del Parque Camino de Cruces, así como de otras 80 hectáreas en las que había bosque secundario maduro e intermedio.

Víctor Martínez, abogado de la ACAC analiza presentar una querella por abuso de autoridad contra el titular de Miambiente, por permitir un EIA con categoría inferior al exigido por el contratante.

Ayer, durante la conferencia de prensa que organizó la ACAC, el abogado recalcó que “el contrato señala un EIA categoría III, pero la resolución de Miambiente aprobó un EIA categoría II. En este sentido, hay la posibilidad de un delito grave, lo vamos a denunciar penalmente y vamos a pedir la separación del Ministro Emilio Sempris, esto ha provocado un crimen ecológico en el área”.

Martínez agregó que presentará varios impulsos procesales ante la Corte Suprema de Justicia para agilizar los 6 recursos que se han interpuesto para detener el proyecto.

Aunado a esto, Miambiente está en falta con respecto a la información sobre el inventario, por especie, de madera extraída producto de la tala que supera el 50% de avance. El Informe Técnico de Evaluación del EIA categoría II, elaborado por Miambiente, estima que 11,450 árboles serán talados.

Lo que ha generado muchas dudas sobre el destino de más de 2 mil metros cúbicos de madera. Para Martínez esa madera “se fue a manos de cuatro bellacos en este país, porque hay mucha plata en ese tema”.

En su momento, Miambiente indicó que parte de este material se enviaría al Sistema Penitenciario, entidad donde 84 internos trabajan en talleres de ebanistería. No obstante, Miambiente no ha dado detalle del inventario talado, ni el destino que se le dio al mismo.

Aida Torres, de la ACAC, indicó que también se interpondrán otras demandas contra el Estado panameño a nivel internacional por la violación a los derechos humanos, violación al derecho ecológico y a los convenios para la conservación del medio ambiente firmados por Panamá.

El movimiento anunció medidas de protesta en las calles para exigir que se detenga el proyecto, y frente a la Corte para exigir respuesta sobre los recursos que ahí reposan.

El Pliego de Cargos que emitió el MOP, contiene un anexo especial en el que se especifican los términos de referencia generales para elaboración del EIA categoría III.

Entre ellos, solicita completar los estándares mínimos que debe evaluar y presentar el estudio. Mismos que están fundamentados en la Ley General de Ambiente de la República, así como la Ley que crea el Ministerio de Ambiente y el Decreto Ejecutivo 123 de agosto de 2009.

En el texto del Pliego de Cargos se brindan los detalles que debe cumplir el EIA, se espera que reúna los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia y cumplir con las medidas de mitigación que se deriven del EIA.

La ACAC insistió en que la apertura de este trecho, que da paso al ensanche de la carretera, será el principio de nuevos asentamientos y desarrollos comerciales que mermarán la calidad del bosque y propiciarán más tala. Lo anterior pone en riesgo el recurso hídrico del cual se nutre la vía interoceánica, reiteraron.

Por otra parte, un aspecto del contrato -otorgado por un monto total de $89 millones- que llama la atención, refiere a la designación de $672,500 en concepto de “campaña de divulgación del proyecto”.