El partido Unión Nacional Independiente (UNI) interpuso denuncia en contra de las candidaturas de libre postulación para el cargo de presidente, por haber suplantado en sus libros firmas de personas fallecidas.
Según la denuncia interpuesta ayer ante la Fiscalía Electoral, el Director de Organización Electoral del Tribunal Electoral, Osman Valdés, indicó en un medio de comunicación que habían cerca de 3 mil certificados de defunción. Añade que el fiscal Electoral Eduardo Peñaloza, inició una pesquisa a los activistas de las campañas y a cualquier otro presunto responsable que se vincule al ilícito.
La denuncia incluye las candidaturas en firme de Ana Matilde Gómez, Ricardo Lombana y Marco Ameglio, y también a Marcelina Bradkey, Francisco Carreira y Dimitri Flores, Gerardo Barroso, Domingo García, Pablo Garrido y Cecilio Simón, quienes no lograron ubicarse en los tres escaños de la papeleta.
Iván Blasser, presidente del colectivo, dijo que “para cualquier candidato que tenga en su haber la firma de un muerto, es suficiente para invalidar la candidatura y se inicia un proceso penal”.
Además exclamó que su partido publicará la lista completa donde aparecen las firmas de difuntos y prestará asesoría legal gratis a las familias que se sientan ofendidas por esta acción, que según él, cada afectado podría demandar a los responsables por daños y perjuicios por entre $100 a $300 mil. Blasser justicó esta cifra en un cálculo de su equipo legal, sin aportar mayores detalles.
En la denuncia, el partido afirma que tiene en su poder un listado en el que se adjuntan los posibles nombres de las personas fallecidas detectadas en los libros de inscripción, y pide a la Fiscalía que corrobore la misma con los certificados de defunción Esta lista enumera a 4537 fallecidos utilizados en las candidaturas. Según el análisis del partido, un mismo fallecido fue inscrito 7 veces en los días 11 y 12 de octubre.
De igual forma, en la denuncia se solicita que la Fiscalía entreviste a los candidatos para que expliquen la metodología empleada en la recolección y verificación de firmas, que por cada una se pagó $2.
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