En los gobiernos democráticos en Panamá, se iniciaron acciones que crearon una institucionalidad nueva para atender este tema, acciones que se constituyeron en documentos particulares de política gubernamental de seguridad ciudadana.
En ese sentido, en los gobiernos de Guillermo Endara y Ernesto Pérez Balladares no hubo política oficial, pero se generaron condiciones de fortalecimiento institucional principalmente en las entidades de represión de crimen, sin contemplar la prevención como parte de la situación de inseguridad. La administración de Mireya Moscoso creó un documento denominado Fundamentos de Política Panameña de Seguridad, aprobada en Resolución de Gabinete Nº 34 del 21 de junio de 2000. En este texto oficial reconoce el concepto de seguridad integral.
Por otra parte, durante el gobierno de Martín Torrijos, se generó otro esfuerzo formal de política, en este caso, dirigida al tema criminológico. Este documento se denominó: Lineamientos Generales para una Política Criminológica del Estado Panameño. Fue aprobado como Decreto Ejecutivo Nº 260 del 8 de junio de 2006.
Los ejes centrales o principios rectores de esta política establecían los derechos humanos, la participación ciudadana, la prevención, el desarrollo sostenible y la cultura de paz como temas a tomar en consideración en las acciones y estrategias para minimizar o influir de manera positiva en la situación de inseguridad en el país.
Por otra parte, apartado de este documento, se propuso desarrollar el denominado Programa de Seguridad Integral (PROSI), como una acción general adoptada por el gobierno en ese momento. El funcionamiento de este programa dependía del Banco Interamericano de Desarrollo, en conjunto con el Ministerio de Seguridad. Los temas de prevención y acciones se orientaron a localidades municipales que en ese momento presentaban las cifras más adversas de delitos.
Durante la primera etapa del gobierno de Ricardo Martinelli, el Programa de Seguridad Integral se mantuvo vigente, se reorganizó y se estableció una nueva dirección, con el objetivo de retomar las acciones, además de extender el financiamiento para el sostenimiento.
En la segunda parte del gobierno de Martinelli, se genera un tercer documento denominado Estrategia de País de Seguridad Ciudadana, aprobado en Resolución de Gabinete Nº 84 del 24 de junio de 2012 y adoptado como política de seguridad en Panamá. Este instrumento presentaba como principios rectores el entendimiento que el problema de seguridad Ciudadana se debe abordar de forma integral, además del respeto de derechos humanos en la ejecución.
Por último, el gobierno de Juan Carlos Varela, ha adoptado varias acciones de política y ha reconsiderado la aplicación de la Estrategia de País de Seguridad Ciudadana. Durante el primer año de gestión se ha aplicado el Programa denominado ‘Barrio Seguro', con el objeto de intervenir en la realidad de violencia en los jóvenes de los barrios de las ciudades más importantes del país. Este programa ha sido la punta de lanza en el tema de seguridad ciudadana, no obstante, cuestionado en sus resultados reales en comparación con los indicadores de criminalidad.
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