Se presentó ante el Tribunal Duodécimo con la justificación de que no se han resuelto amparos de garantías, trámites de extradición y otros
Después de tres años de haber iniciado la investigación sobre los supuestos sobornos efectuados por la brasileña Odebrecht a políticos y funcionarios panameños, el Ministerio Público no ha culminado la investigación. En cambio solicitó, por segunda vez al Tribunal que se extienda el término (no especificaron cuánto) para concluir la investigación.
El 8 de marzo pasado, el fiscal Superior Especial Anticorrupción, envió la nota al juez Duodécimo del ramo penal aduciendo que debe practicar y ordenar la ejecución de las diligencias que ayuden a los fines de la investigación.
En un escueto comunicado, el Ministerio Público justificó que requiere más tiempo para este caso debido a que algunas líneas de investigación se encuentran paralizadas porque no se han resuelto recursos de amparos de garantías constitucionales en la Corte Suprema de Justicia. Añade que hay indagatorias pendientes para efectuar y el levantamiento de fuero penal electoral de otros señalados, además del trámite de extradición de otros implicados y el procesamiento de 16 cuentas bancarias cuyo hallazgo es de reciente incorporación al expediente, se lee en la nota.
En abril de 2018, el juzgado otorgó a la Fiscalía un año para continuar con las investigaciones que la oficina de instrucción califica de complejas.
En noviembre de 2018, las autoridades del Ministerio Público ofreció una conferencia de prensa en la que anunció que el caso contaba con un 80% de avance. Entonces, se esperaba que en abril de 2019 culminarían las pesquisas tal como había advertido el Ministerio Público, en cambio, la Fiscalía solicitó una segunda prórroga.
En noviembre de 2018 se explicó que como resultado de la investigación, que comenzó a final de 2016 y alcanza 628 tomos, había 76 imputados, se habían recuperado 255.123.484,60 dólares, logrado 5 condenas y recibido la cooperación internacional de 23 jurisdicciones, detallaron las fiscales anticorrupción Zuleyka Moore, Vielka Broce, Ruth Morcillo y Tania Sterling.
Curioso es que la rama inicial por la cual se desprendió la investigación, la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos a Odebrecht, mencionaba que la brasileña había entregado $59 millones en sobornos a políticos panameños entre 2010 al 2014.
No obstante, el Ministerio Público reveló que ha recuperado cuatro veces la cantidad estipulada por los norteamericanos. Lo que deja sin precisar la cantidad de dinero que entregó la empresa en Panamá en sobornos.
En el periodo 2006 a 2014, Odebrecht habría pagado sobornos por $100 millones, de acuerdo con el informe de las Fiscales, que también dieron detalles de la denominada "caja 2" a través de la cual se daban los pagos ilegales.
La constructora brasileña se instaló en Panamá en 2006, cuando vio la oportunidad de participar en proyectos de infraestructura licitados por el gobierno de turno, Martín Torrijos.
Su entrada al Istmo no fue casual, tal vez estaba planificada o inspirada en el desarrollo que debían aplicar los países latinoamericanos para implementar infraestructura pública y encaminarse a una economía próspera.
Panamá no era ajeno a esa visión que tomó fuerza en el gobierno de Torrijos, un político de la Internacional Socialista que durante su mandato coincidió con otros miembros del movimiento en países como Brasil, con Luiz Inázio ‘Lula' Da Silva.
A partir de entonces y hasta el 2014, la brasileña se hizo de más de $9 mil millones en proyectos licitados por los distintos gobiernos.
La Justicia panameña validó en diciembre pasado el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Odebrecht, que incluye el pago de una multa de 220 millones y el archivo del caso en Panamá contra la empresa y sus antiguos directivos en el país por haber colaborado en las investigaciones.
Con este acuerdo, la compañía pretendía ‘seguir viva’ ya que en otros países se les vedó la posibilidad de participar en futuras licitaciones. Y lo logró.
A pesar de las investigaciones pendientes contra la empresa, el presidente Juan Carlos Varela le otorgó el programa habitacional de Colón por un valor de $400 millones. La administración Varela también le adjudicó el proyecto de expansión del aeropuerto internacional de Tocumen, terminal 2 a un costo de 13.9 millones.
El Municipio de Panamá puso en marcha el proyecto revitalización de los espacios públicos de la ciudad a un costo global de $99 millones.
Nada fue impedimento para que en noviembre pasado,el gobierno adjudicara a Odebrecht en asociación con la española FCC, la construcción del ramal de la linea 2 del metro que tenía un costo de referencia de $94 millones.
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