Juez no valorará cuadernillos con información sensitiva

Durante el juicio oral contra el expresidente Ricardo Martinelli, el juez Roberto Tejeira, solicitó a la Fiscalía que debe ser el testigo quien narre en oralidad el contenido de las 3,200 páginas que refieren a una de las evidencias clave de la Fiscalía

El equipo de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado acreditó este miércoles, ante el Tribunal de Juicio del Sistema Penal Acusatorio presidido por el juez Roberto Tejeira, cuatro pruebas en el caso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por supuestos pinchazos telefónicos.

Estas evidencias materiales consisten en una laptop marca Toshiba, un ordenador marca Dell, un disco duro y dos discos compactos.

No obstante, aún no ha logrado probar que de esos equipos se extrajo el contenido que reposa en los 7 cuadernillos con información sensitiva en el que se recopilaron las conversaciones que supuestamente intervino ilegalmente el expresidente, así como tampoco han podido relacionar el equipo con los discos compactos que mostraron a su testigo clave, el perito Luis Rivera Calles, jefe de informática del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

No fue una jornada fácil para los 4 fiscales que conforman el equipo de la Fiscalía. Por más que intentaron que el perito -quien participó unos meses después de las elecciones de 2014- en todas las diligencias de inspección ocular (11 en total) que se efectuaron al edificio 150 del Consejo de Seguridad y en las oficinas administrativas de esta entidad, y que extrajo la información de los ordenadores, la recopiló, la selló y la embaló en discos compactos, explicara al Tribunal con detalle los hallazgos encontrados en dichos equipos.

Información clave para relacionar el material de los 7 cuadernillos que contienen las transcripciones del correo electrónico [email protected] con los equipos que había revisado el perito y de los cuales se extrajo la información.

Esto pudo deberse, a juzgar por las llamadas de atención del juez presidente del Tribunal, a que la Fiscalía no efectuó las reuniones preparatorias al juicio con el testigo, a tal vez, a una técnica débil en el interrogatorio.

No obstante lo anterior, al salir del juicio oral, el vocero de los fiscales, el fiscal Ricaurte González, manifestó que sí se llevaron a cabo las reuniones con el testigo para este fin y defendió la labor de la fiscalía durante el juicio. En cambio, culpó al juez de estar cerrado a las peticiones de la FIscalía. Indicó que salió 'contrariado', y dijo que "el tribunal mantenía una actitud sumamente férrea al punto de caer en lo ilógico hablando en términos jurídicos".

DESARROLLO DEL JUICIO
Durante el juicio, el perito indicó que el disco duro que se presentaba como evidencia no podía identificar a qué computadora pertenecía porque para ello, requería abrir la tapa del ordenador y revisarlo por dentro para poder dar fe de a cuál de las 2 laptops pertenecía.

Cuando la fiscalía le presentó tres discos compactos, previa revisión de la defensa que manipuló los estuches sin que éstos estuvieran guardados en una bolsa plástica, el testigo de la Fiscalía dijo que habían violado el sello de uno de los discos, de marca maxell color gris: "violaron el sello, es lo que yo veo ahí. La forma en que se abrió depende del tocamiento, pero eso no está en la forma en que lo dejé, los otros dos rotulados se encuentran en buen estado. El sello no está en las condiciones en que yo lo dejé, pudo haber sido mano humana, el polvo o la humedad", manifestó el testigo sin poder precisar la causa por la que el sello de la evidencia había sido violentado.

Esta situación puso en duda la cadena de custodia de las evidencias y la forma en que se obtuvieron las mismas. A lo que la fiscalía adujo que en 2014 "no estaba vigente el uso de la cadena de custodia".

El caso de los pinchazos es un caso emblemático. En 2015, la Corte Suprema de Justicia solicitó a Estados Unidos la extradición del expresidente Ricardo Martinelli quien residía en la ciudad de Miami, Florida. A lo largo del proceso, en la etapa intermedia de valoración de pruebas por las partes, la Fiscalía encabezada por el magistrado Harry Díaz, anunció que contaba con suficientes elementos probatorios para que el tribunal hallara culpable al acusado, en tal caso, Martinelli enfrentaría a una pena de 21 años de prisión.

Pero en la tarde del miércoles, el testigo informático de la fiscalía no ofreció los detalles que la fiscalía esperaba. En cambio, relató aspectos generales. Dijo que de esos equipos extrajo documentos de texto, power points, audios, videos, agendas de trabajo, padrones electorales, conversaciones en las que podrían participar varias personas, narrativas de seguimientos a personas, adjuntos de informes, documentos narrativos de grupos de personas o copartidarios.

No mencionó nombres, o fechas en las que se registraron estos hechos. Ante la ausencia de datos, la fiscalía intentó refrescar la memoria del testigo y solicitó al juez permiso para reproducir los discos compactos de tal manera que él pudiera observar su contenido y relacionarlos a los equipos y las diligencias que efectuó en agosto y septiembre de 2014.

Pero el juez negó la petición. Argumentó que debía ser el testimonio de Rivera Calles el que describiera el contenido de los cuadernillos.

"El testigo ha hecho referencia a información contenida de esos dos discos compactos que están ahí, él tiene que saber si lo que él selló está ahí", indicó el juzgador.

El tribunal también decidió que no valorará como evidencia ninguna documentación o informe si no proviene de la oralidad del testigo, entre ellos incluyó los 7 cuadernillos que contienen la información sensitiva con la transcripción, que consiste en 3,200 páginas, de todas las intervenciones telefónicas. "El testigo debe oralizarlo", enfatizó Tejeira, y añadió que al haber efectuado dichas diligencias, él debía narrarlas al Tribunal.

La fiscal Carrión optó por presentar una parte de la versión impresa, 100 páginas de las transcripciones, y preguntó al testigo cuándo efectuó dichas impresiones. A lo que él respondió no recordar la fecha exacta.

Rivera Calles explicó que la información que imprimió del disco duro no sabe en qué parte las transcripciones se encuentra, o si se trataba de la que hacía referencia la fiscal, pues imprimió cientos de páginas y solo podía hacer referencia a los hallazgos que se resumen en documentos word, power point, excel, audios y videos, éstos últimos no se transcribieron.

El juez negó a la fiscalía la posibilidad de presentar la documentación al testigo para refrescar la memoria. La fiscalía presentó una reconsideración, pero luego de la deliberación el Tribunal mantuvo su decisión bajo el argumento de que la fiscalía debió mantener una comunicación con su testigo, no para cambiar o alterar su versión, sino para prepararlo.

"El testigo no ha hecho referencia sobre los documentos, así que a la fiscalía le corresponde hacer el ejercicio para que el testigo narre sobre las 100 fojas de las que desea que hable", sentenció Tejeira.

Enseguida Carrión preguntó al testigo si dentro de la documentación recordaba haber visto algo de Mauro Zúñiga, una de la víctimas querellantes. La defensa objetó la pregunta por sugerente y el juez la declaró al lugar.

Finalmente, la fiscalía interrogó al testigo sobre una impresora, parte del equipo hallado en el Consejo de Seguridad y cuyas generales se encontraban en la diligencia efectuada en agosto de 2014. Rivera Calles señaló que no recordaba los detalles de la máquina a la que hacía referencia la fiscal. Pero indicó que efectuó la inspección para ver si la impresora contenía información o si estaba conectada a otro aparato, pero no fue así.

En este punto la fiscalía logró que el juez permitiera que el testigo refrescara la memoria a través del acta de diligencia, y consiguió que Rivera Calles detallara que se trataba de una impresora láser marca Minolta de alta resolución

JUEZ CERRADO
Al culminar el juicio oral, González habló con los medios de comunicación a quienes hizo un recuento de la evidencias materiales que logró acreditar la Fiscalía ante el tribunal, pero criticó que el juez haya negado la posibilidad de que se abran los discos compactos para revelar su contenido y vincularlos a los equipos, so pretexto de que en el Auto de apertura a juicio no se dejó clara la forma en que se iba a hacer esta tarea durante el juicio o quien los iba a aperturar. "Tenemos en frente al autor de esas diligencias, Rivera Calles, el perito idóneo que puede explicar qué hay en los discos compactos y explicarle al tribunal, pero si el Tribunal se cierra no va a tener elementos para decidir", exclamó el fiscal.

Enseguida reveló que están considerando la posibilidad de interponer un Amparo contra la decisión del juez de no abrir los discos compactos y a su vez solicitar la suspensión del proceso porque "el camino que lleva el proceso no es el correcto". "El tribunal dice que hay que ceñirse al Auto, y el tribunal ha excluido pruebas. En esta etapa tenemos que practicar las evidencias y evacuar los testimonios", enfatizó el fiscal.

Reclamó también que al perito ahora se le llama testigo so pretexto de que no efectuó un peritaje.

La ley prevee la posibilidad de que la Fiscalía se reúna con sus testigos, pero reiteró que le causa contrariedad que al perito no se le permitía abrir los discos compactos. Las evidencias son las mismas que se presentaron en el caso que condenó a los exsecreatario del Consejo de Seguridad por el mismo delito, Gustavo Pérez y Alejandro Garúz.

"Estas evidencias no se tocaron más y no se puede decir que no hay cadena de custodia. Lo que quiere el juez es que el perito oralice 3,200 páginas", se quejó.

González no logró explicar la condición del sello roto en un disco compacto, "son explicaciones que habría considerar cuáles son la condiciones que se tiene en custodia del Ministerio Público", justificó.

A continuación se preguntó cómo era posible que el perito, quien había participado en informes técnicos contenidos en las actas, no recordara el caso si manejaba bien la información.

"Hemos hecho las preguntas propicias pero no ha habido la cooperación y el Tribunal tiene que estar ilustrado, no nos permiten que se le de lectura a los documentos y las evidencias que ya son pruebas no se pueden abrir", zanjó González.

El juicio continúa el jueves 11 de abril en horas de la mañana. Hacen falta evacuar otras diligencias en las que participó el testigo Rivera Calles, pero antes, la fiscalía reiteró que analiza presentar el amparo y la suspensión del proceso.