Durante la sesión del lunes la Fiscalía interrogó al teniente de la Policía que efectuó las trasncripciones de varios audios y videos en los que aparecen figuras políticas, sindicales, magistrados de la Corte y periodistas. La defensa alega que estas transcripciones carecen de análisis y conclusiones, por tanto, no se les puede considerar peritajes.
La fiscalía y la defensa del expresidente Ricardo Martinelli se sintieron victoriosos en la sesión celebrada el lunes durante el juicio al exmandatario por el caso pinchazos.
El interrogatorio efectuado por la fiscalia al perito Gustavo Adolfo Scott, teniente de la Policía Nacional que labora como jefe de la oficina de análisis, estadística y difusión de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), se centró en tres informes que efectuó que contienen las transcripciones de varios audios y videos de los dispositivos que le proporcionó la Fiscalía Auxiliar en 2014, y en los que se mencionaba a varias figuras políticas, sindicalistas, periodistas y algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Durante la sesión de la tarde prevalecieron diferencias entre las partes por la categoría de perito con la que fue introducido el testigo de la fiscalía, y así lo valoró el juez.
El debate se centró en si el perito realizó peritajes o informes descriptivos. La fiscalía defendió que las transcripciones de los audios y videos contenidos en los dispositivos fueron efectuados por un profesional en la materia, que los mismos no requerían una parte conclusiva, sino solo una tarea descriptiva de lo que aparecía en los DVDs y discos compactos que se le proporcionaron.
Aunado a eso, argumentó ante la descalificación de los informes por parte de la defensa, que esta especialidad no la realiza el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por tanto, se solicitó a una persona idónea en la materia efectuar la tarea. No obstante, durante el contra interrogatorio, la defensa atacó el testimonio del perito aduciendo que en ninguno de los reportes realizados aparece un análisis, parte conclusiva o peritaje, sino que se trataba de meras transcripciones en las que aparece su nombre y número de placa policial.
En momentos en que la fiscalía hacía el ejercicio para que el perito reconociera el contenido e identificación de varios audios, la defensa solicitó al juez Roberto Tejeira, presidente del Tribunal de Juicio, la nulidad procesal absoluta de todo lo que se había evacuado durante el día por considerar que violaba los derechos de su cliente, ya que la norma advierte que los informes policiales no pueden ser traídos a juicio.
Sin embargo el juez desestimó la petición del abogado defensor Sidney Sittón, bajo el argumento de que el perito ya había hecho referencia a audios y videos que se habían reproducido en sesiones previas, que había sido admitido como perito en el acto de apertura a juicio y que narraba las transcripciones efectuadas.
En el desarrollo de la audiencia la fiscalía interrogó a Scott sobre una diligencia en la que efectuó 34 transcripciones de audios y/o videos contenidos en 4 dispositivos, pero de ellas seleccionó 9. En una distinguía un diálogo en el que aparecía el exalcalde Ricardo Bosco Vallarino que hablaba sobre otorgar una concesión para piscinas a 20 años y no 15. En la misma conversación salía a relucir información sobre alianzas del partido Cambio Democrático con ciertos diputados, sin mencionar nombres.
El segundo narraba la posición del Partido Revolucionario Democrático (PRD) sobre el tema de la minería, al parecer se trataba de un audio ambiente, como otros que describió el perito, en los que se identificaban las voces de varios dirigentes del colectivo.
A continuación el perito habló sobre un audio de Mitchel Doens (víctima y querellante) del PRD que decía que pasaría información a los medios sobre Walter Lavítola (empresario italiano) y el entonces ministro de Seguridad José Raúl Molino. En esta conversación también salieron a relucir los nombres de Balbina Herrera (víctima y querellante, Juan Díaz y Rodrigo Noriega.
Estas transcripciones ocupan el cuadernillo tres y parte del cuarto que componen los 7 cuadernillos que contienen la información sensitiva de los pinchazos y que fue hallada en el correo electrónico [email protected] que se extrajo de una de las computadoras del Consejo de Seguridad.
Así continuó enumerando las transcripciones que efectuó de la selección que efectuó la fiscalía. Narró también que había una grabación en la que solo se escuchaba en repetidas ocasiones el nombre de 'Mauro Zúñiga' y su número de cédula. En otra identificó a Juan Carlos Navarro, excandidato presidencial del PRD que hablaba sobre temas de financiamiento del colectivo.
Scott también hizo una transcripción en la que aparece, según la fiscalía, el testimonio del testigo protegido que tiene una duración de 40 minutos y en la que se narra la forma en que se infectó el teléfono de las víctimas y las cualidades que tenía el software para obtener información de los aparatos.
Scott narró que el tercer informe, que se realizó en una diligencia, contenía tres audios con distintos contenidos e interlocutores cuyas transcripciones se realizaron en 2014.
Cuando tocó al turno de la defensa efectuar el contra interrogatorio, centró sus preguntas en las siguientes áreas: la preservación de la evidencia, descalificar los informes del testigo como perito, la carencia de una cadena de custodia, así como las acreditaciones o conocimientos científicos del testigo como especialista en transcripción fonética.
Con tono elevado, el abogado Sittón lanzó docenas de preguntas técnicas al perito.
"Es un testigo que labora en la DIJ el cual puso de manifiesto que no aplicó el manual de cadena de custodia del año 2012, tampoco hizo buenas prácticas de peritaje", indicó el abogado.
Por otro lado, continuó el abogado, acepta que es teniente de la Policía y la ley le quita todo valor diligencias que traten de introducirse a juicio. "Lo importante del ejercicio de hoy es que estamos construyendo día a día una defensa muy sólida y fuerte de que la evidencia digital no tiene valor porque no se siguen los protocolos que dicta la ley, así como la preservación, el procesamiento y el análisis de las evidencias", manifestó Sittón.
El tribunal consideró que atribuiría un valor a las declaraciones del perito en un futuro. Sittón dijo sentirse contento por su labor, y enfatizó que es un desastre la forma en que la Fiscalía manejó las piezas digitales y las evidencias del caso.
El fiscal Aurelio Vásquez, por su parte, declaró a los medios que el contra interrogatorio que hizo la defensa no debilitó el testimonio de Scott, tan es así, que no hubo necesidad de hacer el redirecto, cuando tocó el turno a la fiscalía y los querellante siguieron la misma línea.
La interpretación de lo que ha dicho el testigo se toma de forma armónica en el conjunto de las pruebas. "Hay aspectos importantes que señaló el perito, la cadena de custodia y cuándo realizó su experticia (momentos en que regía el sistema mixto inquisitivo). Yo no veo por ninguna parte que el contra interrogatorio haya debilitado el testigo del perito quien señaló las transcripciones que hizo de los audios y videos en las que aparecían diferentes figuras, incluso expresidentes", indicó Vásquez.
"Cuando traigamos otros testigos podremos hacer una recolección con el resto de las pruebas. El perito reconoció que su trabajo fue descriptivo e incluso mencionó la forma en que se denomina a personas no identificadas en los audios", exclamó el fiscal Vásquez.
Con la comparecencia de Scott, la fiscalía culminó con el cuarto testigo y para hoy se tiene programado uno nuevo que ayude al Ministerio Público a probar su teoría del caso.
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