Perito relata transcripciones en las que aparecen políticos y magistrados

Se trata de 34 transcripciones que efectuó Gustavo Scott de la DIJ en la que aparecen conversaciones de distintas personalidades

La cuarta comparecencia de la Fiscalía en el juicio por pinchazos que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli, es la del perito Gustavo Adolfo Scott. Teniente de la Policía Nacional, jefe de análisis de estadística y difusión de la Dirección de Investigación Judicial, Scott elaboró tres informes de transcripciones que sirven a la fiscalía para probar su teoría del caso.

En la audiencia de la mañana del lunes, Scott narró al Tribunal que en el primer informe, transcribió el contenido de un DVD marca Maxell que recibió de la Fiscalía Auxiliar, en el que aparece la imagen y voz distorsionada de una persona a la que la fiscalía identifica como la del testigo protegido. En dicho informe se menciona a grupos de objetivos políticos, sindicalistas, periodistas, y algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia a los cuales se les intervino el teléfono.

En este sentido, explicó la forma en que se infectaban los aparatos celulares para extraer la información.

Enumeró dos maneras: la primera que consiste en una llamada telefónica y que luego empezaba a trabajar el softweare, en la que se hacía prácticamente imperceptible para el usuario que su teléfono se apagaba y se prendía. La otra se efectuaba a través de un mensaje de texto que se enviaba al número del blanco para que cuando éste apretaba el link, su teléfono quedaba infectado.

La metodología era efectiva en casi todos los casos, excepto en uno de ellos. El perito mencionó que cuando se intentó infectar el teléfono de la entonces Procuradora General de la Nación Ana Belfon, no tuvieron éxito por asuntos técnicos.

En cambio, los aparatos celulares de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia José Ayú Prado, y del magistrado Víctor Benavides; el del entonces alcalde Bosco Vallarino; los equipos de los políticos Francisco Sánchez; de Michell Doens, así como el de Juan Carlos Navarro (que el testigo lo identifica erróneamente en el partido Panameñista), el del exmandatario Martín Torrijos, su esposa Vivian, el expresidente Ernesto Pérez Balladares, todos del Partido Revolucionario Democrático, así como el del exdiputado Yassir Purcait, y de los de los periodistas Álvaro Alvarado y Castalia Pascual, forman parte de los teléfonos intervenidos.

También aparecía el del panameñista José Luis Popy Varela, y el de Adolfo Baby Valderrama, el primero hermano del presidente Juan Carlos Varela y el segundo dirigente del Panameñismo.

Scott dijo que el softweare, que a pesar de no haberlo identificado con la marca podría referirse al Pegasus, era capaz de extraer todos los datos del aparato: llamadas entrantes y salientes; directorio telefónico, fotos, videos, prender el micrófono, activar la cámara, etc.

También recordó que los audios que transcribió consistían en su mayoría de audios ambientes. Es decir, que podían ser producto de las intervenciones cuando el blanco se encontraba en reuniones.

El perito dijo que se según lo que se dice en el video, el rack que se encontraba en el Consejo de Seguridad fue retirado de las instalaciones y se dañó una impresora. Scott dijo desconocer dónde se trasladó el rack pero dijo que William Pittí se lo había llevado. Cabe destacar que el viernes, el testigo Júbilo Grael indicó que él mismo había manejado la camioneta que transportó el rack hacia el Super 99 ubicado en Monte Oscuro.

El segundo informe que realizó el perito Scott emana de una solicitud de la fiscalía en la que se generaron 34 transcripciones contenidas en el cuadernillo tres y parte del 4, de los 7 cuadernillos que guardan la información sensitiva sobre las víctimas.

El perito recordó algunas de ellas. De las que más le llamaron su atención fue la de Bosco Vallarino "en la que se hablaba de una concesión para la fabricación de piscinas por 15 años, y también hablaba de una posible alianza de Ricardo Martinelli con algunos diputados", rememoró Scott.

Otro de ellos refería al exdiputado Yassir Purcait, que mantuvo una conversación sin precisar con quién, sobre minería. El de Michel Doens, relató el perito de la fiscalía, expresaba su intención de pasar a los medios información sobre Walter Lavítola y el entonces ministro José Raúl Molino. Aunque el perito no lo dijo, ambos han sido mencionados por las compras de radares, helicópteros y una serie de equipos cartográficos que efectuó el Estado panameño a su homólogo de Italia.

Para la defensa lo dicho por Scott es irrelevante. El abogado Carlos Carrillo manifestó al salir de la sesión que en estas conversaciones en ningún momento se ha mencionado a Ricardo Martinelli, cómo tu te defiendes de algo donde no se te hace referencia, se preguntó el jurista de la defensa.

Recordó que en esta investigación, las autoridades trataron de omitir derechos que le asistían a su cliente, pues se inició en 2014 a sabiendas que se trataba de Ricardo Martinelli sin darle las garantías que otorga el Sistema Penal Acusatorio. "Ninguna diligencia se hizo en presencia de abogados. Se habla de 34 transcripciones y nada más hay 33 y las mismas no coinciden con lo que señala la Fiscalía", indicó Carrillo.

"Como lo ha dicho el tribunal, hay contradicciones en el auto de proceder que están obligando a situaciones que no se ajustan al sistema. Una de ellas es que el hoy testigo perito es un oficial de la Policía que da un informe pericial y eso al tenor de la ley no es sujeto a prueba", añadió Carrillo.

Mientras que el fiscal Aurelio Vásquez, al salir de la audiencia fue abordado por los medios con respecto a la denuncia criminal que interpuso el testigo Júbilo Grael al salir de la audiencia el viernes pasado. El testigo denunció que mientras él testificaba en el juicio, recibió varios mensajes de texto y de voz en su celular con la intención de amedrentarlo, razón que lo motivó a judicializar el hecho. Según el testigo, identificó la voz de uno de los testigos de la defensa que se encuentra prófugo y que laboró como jefe de inteligencia del Consejo de Seguridad en los años que comprende la investigación.