La fiscalía aprovechó la tarde del viernes para que el testigo protegido, uno de los declarantes estrella del Ministerio Público en el juicio contra el expresidente Ricardo Martinelli, reconociera los archivos de los años 2012 a 2014 que grabó en un disco compacto los días 5 y 6 de agosto de 2014.
El exfuncionario del Consejo de Seguridad, del cual se omite el nombre por mandato del Tribunal, participó en los pinchazos que se efectuaron desde el edificio 150 del Consejo de Seguridad en la administración gubernamental pasada.
La Fiscalía mostró al testigo el dispositivo donde volcó la información para su reconocimiento y él manifestó que dentro de ese disco compacto había cientos de archivos identificados por año y a su vez subdivididos en carpetas. Entre los documentos constan archivos en formato PDF, imágenes y fotografías en diferentes formatos. Identificó muchos mensajes que se habían interceptado con el sistema italiano Da Vinci y otros que se accedieron a través el sistema Pegasus, ambos equipos adquiridos por el Consejo de Seguridad.
Enseguida, el fiscal Ricaurte González quien efectuó el interrogatorio, hizo una selección de los correos o intervenciones que deseaba potenciar sobre las víctimas.
Gran parte de los archivos pertenecían al miembros del Partido Revolucionario Democrático Balbina Herrera, Michell Doens, Francisco Sánchez Cárdenas, Juan Carlos Navarro, y otras víctimas.
Cada archivo se bautizaba con la fecha en que se generó el correo electrónico. Por ejemplo, se mencionó uno en el que Francisco Sánchez se reunió con varios copartidarios entre los que se mencionó a Balbina Herrera, Laurentino Cortizo Joaquín Vásquez en 2012. Un segundo archivo consistía en un correo titulado "Siria Miranda falso" que se encontraba guardado en formato PDF con fecha de marzo de 2015, pero fue volcado el 5 de agosto de 2014 en el disco compacto. La contradicción en las fechas, asume el testigo, se debe a que se trataba de ensayos que ellos mismos hacían en la entidad antes de probar los programas.
No obstante, para la defensa esto representa una inconsistencia que se suma a la falta de custodia de las pruebas y al apego del manual de cadena de custodia que debió respetarse al realizar las diligencias.
El abogado defensor, Luis Eduardo Camacho González, indicó que el Ministerio Público "ha hecho su planteamiento en base a suposiciones, no hay un solo pronunciamiento judicial que establezca relación con Ricardo Martinelli. La defensa ha dejado constancia que el disco compacto que inspeccionamos no tiene cadena de custodia, vamos a plantear estos temas porque había una obligación de cumplir con manuales, el CD no tiene ni siquiera un envoltorio que garantice su mismisidad u originalidad desde el día uno".
Adelantó que al momento del contra interrogatorio habrán sorpresas y mucha información que va a interesar al público.
La fiscalía ha llamado al estrado a uno de los testigos más importantes que tiene para probar su teoría del caso: que Ricardo Martinelli es el autor intelectual de cuatro delitos entre los que incluye peculado, seguimiento e interceptaciones telefónicas.
Para ello, debe de enlazar las declaraciones de las personas que han comparecido ante el Tribunal en fechas pasadas. ¿Llegará el día que alguno de ellos apunte al acusado como el responsable? "Si lo que pretenden es decir, señale a esta persona, todavía falta no solo este testigo sino otras víctimas. Todo dependerá de lo que el testigo diga, si relatan un hecho que tenga relación directa se le pregunta si puede señalar al autor de estos hechos en la sala", respondió el fiscal Aurelio Vásquez a preguntas de los medios de comunicación.
Añadió que lo importante es que ese mismo disco compacto del que habló hoy el testigo protegido, se había reconocido documentalmente por el perito informático de Medicina Forense Luis Rivera Calles. Es lo mismo que está haciendo hoy el testigo protegido que volcó la información de su propio correo. La fiscalía también dejó establecido el código alfanumérico que guardó el mensaje en tiempo de ser creado y grabado en el dispositivo", resumió.
VARELA Y EL TESTIGO PROTEGIDO
En horas de la mañana, el protegido narró los pasos que lo llevaron a presentar tres declaraciones juradas ante la Fiscalía Auxiliar. Indicó que una vez culminaron las elecciones presidenciales en mayo de 2014 y se desmanteló el último piso del edificio 150 del Consejo de Seguridad donde él laboraba, fue trasladado a Chiriquí, su tierra natal.
Trabajaba en la Dirección de Investigación Judicial de esta región cuando un día su jefe inmediato le indió que lo querían localizar en Panamá para hablar con él. Se trataba de los nuevos secretarios del Consejo de Seguridad, que según contó el testigo, le enviaron un auto a Boquete, donde residía, para transportarlo a la ciudad. Al llegar al Consejo se entrevistó con Jacinto Gómez, el subdirector de esta entidad quien le preguntó si durante la administración gubernamental pasada se realizaron interceptaciones telefónicas. El testigo dijo que no sabía de lo que le estaba hablando.
Enseguida se trasladaron al edificio 150. El declarante indicó que visualizó una caravana de autos que se acercaba. Era el presidente electo Juan Carlos Varela quien se acercó a las instalaciones de esta institución. El recién estrenado presidente lo cuestionó sobre los aparatos que existían en el Consejo, a lo que el testigo respondió que él los embaló. Enseguida Varela, según confesó el exfuncionario, le preguntó si era consciente de que se trataba de un delito contra el patrimonio del Estado el hecho de que los equipos no estuvieran en el inventario. Esto fue lo que explicó el testigo protegido. Los hechos muestran que posterior a esta entrevista él se acercó a la Fiscalía Auxiliar, la primera vez el 29 de julio para poner al tanto a la Fiscalía Auxiliar los hechos ocurridos en la entidad. Hizo tres declaraciones en total. También grabó en un disco compacto los correos electrónicos producto de las interceptaciones telefónicas y de correos electrónicos los días 5 y 6 de agosto de ese año.
Por la mañana el juez presidente del Tribunal Roberto Tejeira impuso $300 de multa a la fiscal Elizabeth Carrión por haber pronunciado el nombre del testigo protegido en una entrevista que realizó el equipo de comunicaciones del Ministerio Público y se subió a las redes. El testigo de la fiscalía había solicitado al juez, antes de despojarse de su indumentaria que le cubría rostro, cuerpo y hasta las manos, que revelaría su identidad siempre y cuando los medios de comunicación no revelaran su nombre públicamente, incluso extendió esa prohibición a todos los presentes en la sala que a diferencia de otras ocasiones estaba repleta. El juez impuso la prohibición. Sin embargo, al haber sido el Ministerio Público quien faltara a esta prohibición, para el juez fue un acto grave y a pesar de la reconsideración que hizo la Fiscal, el Tribunal en Pleno sostuvo la multa.
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