Tres funcionarios de la AMP cesados por denunciar anomalías

Por haber puesto en conocimiento a sus superiores sobre las irregularidades en la emisión de certificados de marinos por 4 centros de formación que no estaban autorizados por la AMP, tres funcionarios perdieron sus trabajos

Tres funcionarios que laboraban en el Departamento de Titulaciones de la Dirección General de Gente de Mar, de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), denunciaron el pasado jueves ante la oficina de atención Primaria de la Procuraduría General de la Nación serias irregularidades en la emisión de certificados de marinos de los centros de formación.

Los tres servidores públicos se vieron cesados de sus trabajos a los pocos días de manifestar a sus superiores que 4 centros de formación de marinos ubicados en Filipinas, emitieron desde 2017 más de 49 mil certificados a nombre de la República de Panamá, y por los cuales cobraba entre $70 y $135. No obstante, estos centros de formación de marinos no contaban con el aval de la AMP, y tampoco habían presentado un informe a la institución tal como lo mandan las normas internas de la institución marítima.

En total, hay más de $6.6 millones que han colectado estos Centros, pero eso no parece molestar a los directores de la AMP a pesar de que los Centros no cuentan con la autorización de la entidad.

LA DENUNCIA
Clarissa Morán fue contratada por la entidad marítima en 2016 como abogada. Pasó por varios despachos y en marzo de 2019 fue trasladada al Departamento de Formación Marítima cuyas funciones consistían en autorizar, auditar y monitorear los centros de formación en Panamá y fuera de las fronteras.

Al llegar fue asignada como subjefa del la oficina con la tarea de revisar la parte legal de todos los expedientes y centros de formación. Pero se percató algunas situaciones que puso en conocimiento de su jefe, Jiovani González, anomalías halladas en el expediente del Centro Macosnar Training Institute Corp., encargado de la formación de marinos.

La formación de gente de mar, a pesar de que es responsabilidad de la AMP, se delega a diferentes empresas especializadas pero su regulación queda sujeta a la entidad marítima.

La abogada notó que unos expedientes se encontraban fuera de la carpeta en la que se guardan los Certificados de Evaluación Documental Previa. Así que elaboró otro memo advirtiendo que no existía un procedimiento que reglamentara unas resoluciones emitidas por la entidad, lo que caía en una mala práctica. Peor aún era que aquellos centros no reconocidos emitieran certificados y cobraran por los mismos en nombre de la nación desde 2017 sin que nadie contrariara la orden. Pero nunca recibió respuesta del jefe a pesar de haberle explicado lo que ocurría.

La ausencia de contestación provocó una reunión entre Morán y la subdirectora Cecilia Hernández, en la que la puso al tanto sobre las empresas Filipinas que emitían certificados sin autorización y contaban con el endoso de la AMP. Pero ella tampoco le puso atención. Al poco tiempo, la licenciada recibido una llamada del Director General, Jiovani González, con un mensaje muy claro: no alborote el avispero. La advertencia venía acompañada de: “Aquí no pasa nada”. Frase que repitió en dos ocasiones. Aunado a esto le dijo que había hablado con Jorge Barakat, administrador de la AMP, quien le había puesto de manifiesto que se trataba de un tema administrativo.

La abogada no fue la única. Pasaron dos días del hecho cuando su compañero A. K. recibió una carta de despido por haber calificado como deficientes los certificados emitidos por los centros no autorizados en Filipinas. Un mes después, la entidad no renovó el contrato a su otro compañero A. O. ,y pasada una semana, ella recibió su carta de despido.

Antes de haber sido despedida, Morán fue víctima de presiones. Relató que la subdirectora le instruyó hacer una resolución en la que establecía una multa pecuniaria a centros de formación por haber emitido cursos no autorizados. Pero quien emitía el documento no era el Departamento de Formación Marítima, por lo que Morán se rehusó a rubricar el memorándum, ya que esas funciones no competen a su despacho.

Morán denunció ante las autoridades que desde 2017 se cobró entre $70 y $135 por cada certificado que emitió Protec Marine Deck and Engine Officers of the Phills, Inc., que en total confeccionó 20,958. La empresa Maritech emitió 14,309 certificados sin autorización, y United ha emitido 14,223 en iguales condiciones.

ÓRDENES DE MÁS ARRIBA
En marzo pasado, al funcionario con iniciales A.O., le fue asignada la llave de identificación personal que le da acceso al sistema para verificar los títulos. Efectuó varias evaluaciones de consulados como Manila, India, Vietnam, Dubai, Panamá. Cuando siguió el procedimiento, conoció de un correo dirigido al Departamento de Formación Marítima United Seafarers Maritime Center, Inc, para la emisión de un certificado de evaluación documental (PED por sus siglas en inglés). Dicho centro, según la administrativa del Departamento, Jeannine Carrasco, no contaba con reconocimiento vigente para emitir certificados de evaluación documental previa.

La última que había otorgado fue en noviembre de 2016, con carácter provisional, por un término de 6 meses. En resumen, el centro no contaba con el aval del departamento de la AMP para emitir certificaciones, y estaba catalogado en estatus deficiente hasta ser reconocido nuevamente por la AMP. No obstante, había emitido miles de credenciales.

El mismo ejercicio se repitió con otros centros de formación con los mismos resultados.

El funcionario puso en conocimiento a sus superiores sobre los hallazgos, entre ellos habló con el ingeniero Samuel Correa, el ingeniero José María Espinosa, el licenciado José Andrade, así como los titulares del departamento, Jovani González y Cecilia Hernández, director y subdirectora respectivamente.

Al no recibir contestación de un hecho que consideraba grave, el 27 de marzo se reunió con el Jefe del Departamento, Correa, la jefa de Evaluadores María Espinosa y tres funcionarios más para discutir la mala práctica en la emisión de certificados de evaluación previa de los cuatro centros.

La respuesta lo dejó sorprendido: “eso es una orden administrativa, si la quieres seguir síguela, sino no evalúes los endosos de los certificados de evaluación documental previa”, le ordenaron.

Era evidente que se estaba dando una mala praxis y el funcionario se rehusó a avalar dichos certificados. Para curarse en salud, solicitó al jefe le diera la mencionada instrucción por escrito, y así lo hizo.

El 27 de marzo le envió un correo en el que le da la instrucción de no evaluar el Consulado de Manila y proceder a evaluar únicamente el consulado de Dubai. También le ordenó que en caso de encontrar a un nacional de Filipinas obviara su evaluación.

El funcionario, molesto, le advirtió al jefe sobre la existencia de Centros de Formación Marítima que emiten certificados a marinos sin una resolución vigente que los autoriza a hacerlo y enlistó los nombres de los mismos. Correa acusó recibo pero notificó al funcionario que copió el mensaje al director de Gente de Mar, Jiovani González y la sub directora Cecilia Hernández quienes atienden dichos temas.

El 28 de marzo, se encontró con la destitución del cargo de su compañero A.K., que al igual que él siguió las regulaciones de identificar como deficientes los centros antes mencionados.

Es decir, por tratar de poner en orden lo considerado como una violación al proceso de emisión de certificación de marinos, perdió su trabajo. Al ver que su compañero fue cesado, A.O. solicitó vacaciones.

Pero a su regreso la sorpresa fue aún mayor. Se encontró con que las 24 solicitudes que había marcado como deficientes superaron su estatus en el sistema SAA y estaban autorizadas por otros evaluadores a pesar de que los jefes del Departamento estaban al tanto de dichas deficiencias.

Las evaluaciones que efectúa el Departamento de Titulación se apuntan en un libro de registro que no tiene ningún tipo de revisión o validez dentro del sistema de calidad de la AMP.

La situación provocó una reunión con el jefe del departamento, Jovani González, para comunicarle verbalmente la problemática, pues acompañada a esta acción, se enteró que su contrato que vencía en mayo, no sería renovado.

La respuesta de González lo dejó frío: son ordenes de mas arriba. "Con esto declaro que el señor Jovani González y la subdirectora Cecilia Hernández, así como el jefe de Titulación Samuel Correa, tienen conocimiento del supuesto negociado que hay detrás de la Emisión de los Certificados de Evaluación Documental Previa”, declaró el exfuncionario. Añadió que lo dicho se puede confirmar con una investigación y allanamiento al departamento de Formación Marítima solicitando los expedientes de los 4 centros de formación mencionados, en los que se deja evidencia que ninguno de ellos cuenta con la resolución que los autoriza para dichas emisiones después de la fecha de expiración de su primera resolución.

“A pesar de eso, durante los dos últimos años expidieron miles de certificados sin ningún tipo de autorización en nombre de la República de Panamá", denunció el exfuncioario de la AMP.

El funcionario A.O. afirma que Correa, en lugar de detener las emisiones de certificados, continúa como responsable de la mala práctica y sacando de los consulados de evaluación a cualquier evaluador que se niegue a aprobar los endosos mencionados. Se pregunta: ¿por qué el director general de Gente de Mar, a pesar de que está al tanto de la situación, se niega a cerrar los centros de formación?. Solicitó a las autoridades que investiguen el negociado detrás de la emisión de los certificados, quiénes son los beneficiados en detrimento de la rectitud con la que se debe manejar este tema, violentando las resoluciones que se publican en Gaceta Oficial.

“Todo apunta a que el haber descubierto una supuesta mala práctica que proviene por órdenes de arriba, y el ser un funcionario ejemplar, honesto y competente se le premia con la destitución, al igual que a su compañero por no seguir ordenes que alimentan la supuesta corrupción en el trámite de endoso de cursos de certificación de evaluación previa”, denunció A.O.

ANTECEDENTES
No es la primera vez ocurren estas irregularidades. Un círculo vicioso que parece la piñata de cada administración.

Al inicio de la gestión del presidente Juan Carlos Varela, La Estrella de Panamá registró la salida del entonces director de Gente de Mar José Luis Aizpurúa, quien denunció haber recibido presión directa de los consulados de Panamá, con énfasis el de Filipinas, para echar a andar un contrato firmado con el representante legal de Samoa International Maritime Authority (SIMA), cuando debía dar un tiempo de al menos 3meses para que entrara en vigencia.

Durante la administración de Ricardo Martinelli, la empresa Orion tramitó de forma fraudulenta permisos para la marina mercante panameña en el extranjero.