El Tribunal suspendió el juicio contra el expresidente luego de que la defensa alegara no contar con los anexos del informe de auditoría que presentó la Fiscalía
Amadelis Valderrama e Iris Pérez confeccionaron el informe de auditoría mientras laboraban en la Contraloría General sobre la recepción, pago y custodia del equipo tecnológico que se empleó para los pinchazos.
Ambas comparecieron ante el Tribunal este jueves como parte de los testigos de la Fiscalía para explicar los hallazgos de la auditoría efectuada el 4 de mayo de 2015. Curioso es que ambas damas también forman parte de los testimonios que citó la defensa a su favor en el juicio que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por pinchazos telefónicos y dos delitos de peculado.
Dicha auditoría se efectuó por la compra del equipo a la empresa M.L.M Protection por un monto de $13 millones adquirida en el año 2010.
Fue uno de los primeros equipos que tuvo el Consejo de Seguridad y que servía para espiar correos electrónicos e infectar móviles. No obstante, el equipo resultó ineficiente en el sentido de que se dificultaba técnicamente la labor. De tal forma que cuando se venció la licencia de operación, el Gobierno decidió no renovar el contrato con la empresa y adquirió otros equipos.
La investigación de la fiscalía comprende los años 2012-2014. Sin embargo intenta probar con estos testimonios, que introducirán el informe de auditoría y sus anexos mediante la oralidad, que el exmandatario cometió dos delitos contra la Administración Pública, peculado de uso y sustracción, por no conocer el destino de estos equipos.
El Tribunal escuchó que hallaron una supuesta lesión patrimonial por $10.8 millones.
Pérez y Valderrama intentaban ofrecer detalles del informe. Cuando la fiscalía habló de los anexos se enfrentó a la objeción de la defensa que alegaba no contar con los documentos que comprenden mil fojas.
El equipo del Ministerio Público, que tomó este caso luego de que fueran admitidas las pruebas en la fase intermedia cuando Martinelli se encontraba bajo la competencia de la Corte Suprema de Justicia, manifestó que la defensa debió haber solicitado dichos anexos previamente y no esperar a última hora.
No obstante, la defensa alegó que la fiscalía buscaba sorprenderlos. Sidney Sittón manifestó que el informe que tienen lo consiguieron porque se debatía una causa penal contra otras personas que estaban mencionadas en el informe por parte de las auditoras y de ahí se abrió un proceso penal y en la Fiscalía de Cuentas. “Nosotros obtuvimos el informe e incluso lo aportamos a la causa en la fase preparatoria” dijo Sittón.
Por su parte la Fiscalía sostuvo que para “cualquier abogado neófito en la materia debe saber que cualquier informe de auditoría debe tener anexos. La defensa ha señalado que la fiscalía nunca le corrió traslado, ni en la fase intermedia de esa documentación”, manifestó el fiscal Aurelio Vásquez al salir de la sala.
El juez escuchó ambas versiones y tomó la decisión de decretar un receso hasta el lunes en la mañana para dar tiempo a la defensa a retirar la copia digital de la fiscalía y analizar su contenido.
“Nosotros vemos que el Tribunal ha procedido a subsanar una ausencia de traslado de pruebas aunque debió solo permitir lo que dice el Auto de proceder, que indica que se trata del informe de auditoría, pero no de los anexos”, expresó el defensor Sittón.
No obstante, para la Fiscalía lo importante “es que se presentaron las dos auditoras que hicieron un informe que guarda relación con el pago y la custodia de equipos tecnológicos a propósito de la empresa M.L.M Protection. Esto guarda relación con el equipo que utilizó el consejo de Seguridad en el edificio 150 con tres personas”, dijo Vásquez.
Por la densidad del informe es muy posible que se ocupe más de un día para evacuar el testimonio de ambas.
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