El jefe de inteligencia no sabe a quién le prestó su computadora

El jefe de la inteligencia del país, Rolando López, declaró bajo juramento ante el Tribunal de Juicio en el caso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por pinchazos, que en agosto de 2014 prestó su computadora personal a un hombre que no conocía. Afirmó que la prestó a petición de un subordinado del Consejo de Seguridad, del cual no recuerda su nombre, para que el desconocido colaborara con la justicia.

Sus declaraciones, que a juicio de cualquier experto en inteligencia podrían rayar en lo irónico, se vertieron en la audiencia contra el exmandatario de este lunes al momento de ser interrogado por la querella y contra interrogado por la defensa.

La computadora a la que hace mención el exsecretario del Consejo de Seguridad (CS) Rolando López, alias Picuiro, es la que el testigo protegido utilizó para grabar las evidencias o información de los pinchazos que se guardaron en un disco compacto y que luego fueron introducidos por la fiscalía en el juicio como parte de la evidencia para probar su teoría del caso.

Sometido al contra interrogatorio de la defensa, Rolando López dijo no acordarse de muchas cosas. Por ejemplo, del nombre del subordinado que le pidió su computadora para dársela a una persona -sin proporcionarle el nombre- que quería colaborar con la justicia bajo el pretexto de que no utilizaría las computadoras del CS porque supuestamente la administración pasada la había implantado un programa.

López, no obstante, nunca ordenó una investigación interna para verificar la versión del desconocido y el equipo porque el edificio 150 donde se hacían los pinchazos estaba vacío.

Tampoco hizo una inspección al resto del equipo informático que estaba en el CS. El exsecretario de la entidad tampoco recordó de qué marca era su computadora o su color, especuló que podría ser negra o gris. No logró identificar el lugar donde se encuentra su equipo actualmente. "Creo que está en mi casa", manifestó.

Añadió que en su computador, un laptop, no tenía ningún archivo importante, razón por la que antes de prestarla al desconocido no hubo necesidad de borrar su contenido. "No sabía para qué la iban a usar, no se a dónde la llevaron, la facilité para colaborar con la justicia y lo volvería a hacer. Asumo que la persona que aportaría información a la justicia estaba tan nervioso que tal vez se confundió y sintió miedo y dijo que la computadora que usó era de él, no se qué pasó", justificó López ante las inconsistencias vertidas por el testigo protegido en el juicio unas semanas atrás.

Luego indicó que al pasar unos 4 o 5 días le devolvieron su equipo en forma intacta. López no indagó al mensajero qué tipo de información aportaría el interesado en colaborar con la justicia, y tampoco se interesó por conocer su identidad o su nombre. Añadió que el equipo no tenía una clave de ingreso, y que el mensajero nunca le informó a dónde llevó la computadora ni a quién la entregó.

En junio, el testigo protegido manifestó, bajo juramento ante el mismo tribunal, que él mismo volcó la información sensitiva que estaba en su correo electrónico [email protected] en un disco compacto para luego aportarla a la Fiscalía Auxiliar como parte de las evidencias para la investigación. También indicó que se trataba de su equipo personal y que luego se le dañó, que la pantalla se rompió y que no sabía dónde estaba.

El abogado Alfredo Vallarino, defensor, indagó sobre la relación de López con el testigo protegido. Se refirió a una reunión que tuvo lugar en el edificio 150 del CS el día 28 de julio en la que participó el entonces presidente Juan Carlos Varela y el subsecretario del CS Jacinto Gómez. López dijo que ese día él no estaba presente porque presentó problemas de salud.

López añadió que no conocía al testigo protegido, y que tampoco comunicó al entonces presidente sobre el préstamo que hizo al extraño. Mientras respondía las preguntas de Vallarino, el exfuncionario que estuvo a cargo de la inteligencia del país de 2014-2019, volteaba a ver a la querella en reiteradas ocasiones. El testigo expresó que no vio la necesidad de comunicar sobre el hecho al mandatario porque se trataba de "algo no relevante". Esto, a pesar de que unos minutos antes había mencionado que el mandatario conversó en julio con un grupo de funcionarios del CS sobre los hechos ocurridos durante la administración de Martinelli.

A continuación dijo no recordar si tuvo algo que ver con que el testigo protegido, del cual dijo desconocer su nombre, para que fuera enviado al extranjero como agregado Policial ante la Organización de Estados Americanos en Washington, Estados Unidos, una vez culminó su colaboración con la justicia. Cargo que representa casi $8 mil mensuales. Indicó que no existía ninguna prohibición con que un agente, que no tenga el rango para esta posición, fuera enviado a Estados Unidos, al tiempo que manifestó que no recordaba si gestionó la licencia del funcionario para su traslado a Estados Unidos.

Luego la defensa interrogó a López acerca de su participación en algunas diligencias de inspección ocular, él negó rotundamente que haya sido así. Las preguntas buscaban contrastar la declaración de Luis Rivera Calles, perito informático del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien ante el tribunal declaró que López había ido al laboratorio de informática a presenciar una diligencia. El exsecretario del CS retó al defensor a buscar un documento en el que aparezca su firma. Exclamó que no entiende por que Rivera Calles lo acusó de pinchar su teléfono y darle seguimiento. "Rivera Calles dijo una serie de infamias, que lo siguen y que le pincharon su teléfono. Yo no me he reunido con él sobre este caso, y si fuera así, estaría mi nombre acreditado en el expediente. No lo he hecho y no lo voy a hacer porque es un delito", aseveró Picuiro.

Después acusó a la defensa de satanizar su nombre pues él no ha presionado a las personas para que declaren en el caso.

Momentos más tarde recordó que el 4 de julio de 2014, en una reunión en la embajada de Estados Unidos en Panamá, cuando se celebraba la independencia de ese país, tuvo un encuentro con Martinelli y éste le dijo al oído en tres ocasiones que "dejara de preguntar por los equipos de escuchas" del Consejo de Seguridad. En esa conversación, recordó López, Martinelli le dijo que "había tirado el equipo de escuchas al mar".

Sin embargo, sobre esta conversación López no presentó una denuncia y tampoco aportó la información a la Fiscalía o a los entes a cargo de la investigación en contra del exgobernante porque no tenía pruebas, no le bastaba la confesión de Martinelli.

Afirmó que le es imposible describir los equipos o programas empleados en el CS para los pinchazos porque no los conoce y cuando buscaron los equipos en el último piso del edificio 150 del CS solo encontraron cables. Por el equipo Pegasus se pagaron $8 millones a través de una empresa particular, pero el equipo se recibió en el CS ya que estas empresas solo se venden a Gobiernos, añadió el exsecretario del CS.

Indicó que varios funcionarios del CS le dijeron que se habían pinchado los teléfonos durante la administración Martinelli, pero no logró proporcionar los nombres de los mismos. Al mismo tiempo, reiteró que "no se hace inteligencia violando la ley".

La defensa cuestionó a López cómo fue que el testigo protegido llegó al Consejo de Seguridad proveniente de Chiriquí en julio de 2014 para colaborar con la justicia, a lo que él dijo no recordar quién lo trasladó a la capital, y tampoco por qué razón no fue sancionado cuando él había participado en los pinchazos. Segundos después recapituló y mencionó que él llamó al director de la Policía Nacional para que trasladaran al testigo protegido a la capital.

López dijo no comprender por qué razón Rivera Calles y Jaime Agrazal, un exfuncionario del CS lo atacan.

Enseguida dijo que no había escuchado mencionar el correo electrónico [email protected], al que se refirieron los testigos cientos de veces por el durante el juicio, a pesar de que antes había dicho que seguía el juicio a través de los medios de comunicación.

A continuación dijo, a pregunta del abogado defensor, que conoce a Daniel Arroyo porque trabajaba en el CS y que él no lo asignó a la Procuraduría, sino que éste solicitó una licencia y se fue a trabajar con la Procuradora Kenia Porcell.