Informe de auditoría por pérdida de equipo espía no vincula a Martinelli, fiscalía señala que eso no lo exime de responsabilidad

Dos peritos de la Contraloría culminaron su comparecencia en el juicio contra el exmandatario Ricardo Martinelli por pinchazos. El documento no menciona al exgobernante pero la fiscalía alega que es un tema de armonía probatoria

A pesar de que el informe de Contraloría, que consta de 86 páginas, sobre la lesión patrimonial que pudo causar la pérdida del equipo por el Estado adquirido a la empresa M.L.M. Protection no menciona por ningún lado al acusado Ricardo Martinelli, la Fiscalía se siente satisfecha con el testimonio de las dos autoras del informe.

Ayer culminó la participación en el Juicio Oral contra el expresidente Ricardo Martinelli por parte de las peritos Amadelis Valderrama e Iris Pérez quienes en su momento eran funcionarias de la Contraloría.

Para su elaboración, las profesionales se apoyaron en información recabada de varias entidades a través de la cual pretendían conocer sobre el paradero del equipo tecnológico capaz de infectar o espiar correos electrónicos, reconocer voces y la localización de los móviles. Pero por falta de documentación no lograron resolver incógnitas importantes. Por ejemplo, quién fue el último custodio del equipo, o cómo se trasladó el mismo al Consejo de Seguridad, entre otras interrogantes.

Lo que sí lograron establecer es que hubo una nota en la que supuestamente tiene la firma de Gustavo Pérez, entonces director de la Policía Nacional, como receptor del equipo. No obstante, la autenticidad de esta firma está en disputa, ya que Gustavo Pérez querelló en 2016 a las autoras del informe alegando que no se trata de su firma. Las peritos tampoco recibieron nota por escrito del director de la Policía Nacional Omar Pinzón (2014-2017) en la que detallara las características del equipo en mención. Otra nota de la misma institución, firmada por Gabriel Medina, indicaba que no se halló documentación sobre el contrato que efectuó el Programa de Ayuda Nacional (PAN) con la empresa israelí, M.L.M. Protection en el año 2010.

Aún así, las peritos hallaron una posible lesión patrimonial al Estado por $10.8 millones en la que relacionan a Gustavo Pérez, y fallas administrativas entre las que mencionan a otras 8 personas, entre ellas al exministro de la Presidencia Jimmy Papadimitriu, a Carlos Orillac, un funcionario de la Presidencia, y a miembros de la Junta Directiva del PAN que autorizó la compra del programa espía.

Para Alfredo Vallarino, defensor del expresidente, los resultados de la auditoría son contundentes, pues su cliente no se menciona en ningún documento como tampoco es una de las personas relacionadas por faltas administrativas.

"Cuando usted va a traer un testigo lo hace para acreditar algo y no para decir que no pudieron hacerlo. Los que dicen que no tienen la documentación eran precisamente los enemigos de Ricardo Martinelli, es muy fácil para ellos decir que no encontraron documentación relacionada, los que no lo hicieron eran funcionarios subalternos de Juan Carlos Varela en su momento", señaló.

No obstante, la Fiscalía mantiene la versión de que el Tribunal debe hacer una evaluación armónica del informe con el resto de los testimonios que han acreditado previamente en el Juicio Oral la existencia del equipo y su desaparición.

"El Tribunal debe preguntarse por qué personal del Consejo manipuló un equipo que ni siquiera fue inventariado. No es relevante que no aparezca el nombre de Ricardo Martinelli, porque hay personas relacionadas y no significa que éstas personas puedan salir desvinculadas", defendió Aurelio Vásquez, fiscal del Ministerio Público.

Cabe señalar que el equipo en mención fue adquirido en marzo de 2010 y su compra se efectuó a través del PAN en tres pagos. La auditoría sobre adquisición, manejo, recibo y custodia del equipo tecnológico, no determina responsabilidad penal, sino personas vinculadas a la misma.

Durante la audiencia de este lunes, en la cual culminó la participación de las peritos por parte de la Fiscalía, no se dejó establecido cómo fue que el equipo que se recibió en la Policía Nacional llegó al Consejo de Seguridad donde fue operado por varios funcionarios que recibieron entrenamiento por parte de la empresa. Para la Fiscalía esto no es un obstáculo para que el Tribunal deduzca que este equipo desapareció del Consejo de Seguridad, como trata de probar la teoría del caso del Ministerio Público, pues ya se han presentado testigos en el Juicio que indicaron que el equipo lo recibieron en la Policía Nacional y que incluso al hacer uso del mismo, encontraron carpetas de archivos bajo el nombre 'Policía Nacional'.

"Este informe no es la única pieza para responsabilizar a otras personas. Lo relevante para la Fiscalía es que se tiene un informe -que forma parte de un expediente en la fiscalía Segunda- que está pendiente de resolver en otro Tribunal. Que la persona que recibió el equipo llegó a ser secretario del Consejo de Seguridad y esa misma persona fue sentenciada como cómplice en el caso de pinchazos. La pregunta de cajón sería, ¿dónde está el autor? ¿quién preside el Consejo de Seguridad?", se preguntó el fiscal Vásquez.

Para la defensa, la teoría de la fiscalía se cae de su peso, pues insisten en que su cliente no es mencionado por ningún lado, o en los documentos que recabaron las peritos.

Este informe de la Contraloría es importante en el caso contra el exmandatario porque se le acusa de delitos contra la administración pública en modalidad de peculado, sustracción, en este caso. Es decir, que el equipo adquirido desapareció del Consejo de Seguridad. No obstante, al ser preguntadas las peritos si buscaron o indagaron en el Consejo de Seguridad la existencia del equipo, las peritos respondieron que no, pues la auditoría solicitada por la Fiscalía Contra el Crimen Organizado y la Fiscalía Anticorrupción se centraba en el PAN, no en el Consejo de Seguridad o en la Policía Nacional.

"Ha quedado claro que el equipo existió y desapareció. Le costó al Estado más de $10 millones y no aparece. Lo importante de la participación de estas dos profesionales es que resultaron relacionadas 9 personas, algunas por fallas administrativas y otras por el perjuicio económico", zanjó el fiscal Vásquez.

Vallarino insiste en que "le han preguntado a las peritos si han encontrado algún vínculo con Ricardo Martinelli en la auditoría y ellas han dicho que no. Tampoco buscaron el equipo en el Consejo de Seguridad. Hay que ser más serios por parte de la Fiscalía porque nos tienen perdiendo el tiempo. Las peritos han dicho tajantemente que en las 86 páginas del informe elaborado por la Contraloría no se menciona a Ricardo Martinelli ni tampoco en los 9 relacionados", manifestó.

Ambas peritos están en la lista de testigos de la defensa en caso de ser requeridas, razón por la cual el Tribunal les alertó que podrían ser citadas nuevamente a audiencia.

Para este martes la Fiscalía debe continuar con el desahogo de sus testigos que ya superan los 37, según adelantaron los fiscales se trata de más víctimas de los pinchazos.