López negó que Consejo de Seguridad armara casos

El exsecretario del Consejo de Seguridad Rolando López negó que desde el Consejo de Seguridad se armaron los casos de corrupción como si se tratara de una Procuraduría paralela. Hizo referencia a la publicación de este diario titulada "La mano paralela de la Justicia" en la que se reveló el informe de gestión elaborado por el abogado Rogelio Saltarín (q.e.p.d) contratado por el Ejecutivo de julio de 2014 a junio 2015. En dicho informe Saltarín dejó por sentado que sostuvo 29 reuniones con el Consejo de Seguridad y ayudó a la preparación de testigos protegidos. López calificó el trabajo periodístico, ganador a la mejor investigación periodística de 2018, como una "infamia" y acusó a la autora de actuar en conjunto con los abogados de Martinelli para hábilmente hacer la publicación.

Añadió que el trabajo estaba elaborado en base a percepciones porque la procuradora Kenia Porcell, antes de ser designada en el cargo, formó parte del Consejo de Seguridad cuando López la contrató como asesora legal de julio a diciembre de 2014. Admitió haber conversado con Saltarín en varias ocasiones para que le ayudara a preparar la querella que presentó ante la fiscalía en contra de dos exsecretarios del CS que fueron condenados en primera instancia por el caso de pinchazos. No obstante, ayer también declaró que encomendó a un abogado del Consejo de Seguridad, José Bethancourth, para presentar la querella en mención.

"Jamás he hablado con un fiscal ni he estado en las fiscalías porque jamás ha existido una procuraduría paralela a la cual se le ha dado un premio por esta infamia", exclamó López. Sus palabras buscaban desmentir a las múltiples fuentes que manifestaron a La Estrella de Panamá que denunció una desviación sin precedentes del Consejo de Seguridad convertido en un instrumento de persecución política y alquimista de casos judiciales puntuales. Arrogándose, además, facultades que solo atañen a la Procuraduría General de la Nación (PGN), como son la presentación de testigos protegidos y negociar penas a cambio de cooperación con la justicia.