Marco Albán, ejecutivo de la empresa ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo, y Emilio Kieswetter, exministro del Mida, quedarían liberados del proceso en su contra por peculado
El Segundo Tribunal Superior de Justicia dictaminó el 10 de julio pasado anular la providencia de indagatoria de dos procesados en el caso del fallido sistema de Riegos de Tonosí.
El 30 de abril pasado el juzgado XIV negó los incidentes de nulidad presentados a favor de Marco Alban Crespo, ejecutivo de la empresa Hidalgo & Hidalgo, y Emilio Kieswetter, exministro del Mida, dentro del proceso que se le sigue en su contra por el delito contra la administración pública en perjuicio del Mida.
La decisión fue apelada por la defensa del ejecutivo y el exministro. Fue así como esta instancia superior decidió revocar la decisión de primera instancia y anular la providencia de indagatoria de los mencionados por delito de peculado, así como la resolución, con fecha de mayo de 2015, que ordenaba su detención.
La decisión del Tribunal libera a Alban y a Kieswetter del proceso del cual han formado parte desde hace 5 años.
Este caso forma parte de las querellas que armó Rogelio Saltarín, el abogado del entonces presidente Juan Carlos Varela. El caso fue analizado en la investigación “La mano paralela de la Justicia” que publicó este diario.
Saltarín efectuó reuniones con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida). Además, paralelo a Saltarín, la Presidencia contrató los servicios de otras firmas de abogados para finiquitar los contratos en forma amigable.
En 2012, cuando la administración de Ricardo Martinelli decidió adjudicar el contrato a la empresa ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo por $155 millones para el diseño y construcción de un proyecto que abastecería de agua a la región del valle de Tonosí, nadie dudó de su necesidad.
Sin embargo, el primer obstáculo en la ejecución se presentó con la especulación de los precios de las tierras que requería el proyecto. El Estado desembolsó $30 millones a la empresa, que según la Fiscalía, se utilizaron para propósitos distintos.
La Fiscalía Tercera Anticorrupción inició la investigación en agosto de 2014, el mismo mes que la firma de Saltarín se reunió en dos ocasiones con el ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA).
Posteriormente, en febrero y mayo de 2015, Saltarín se reunió con altos funcionarios del MIDA.
El consultor explicó al Consejo de Gabinete sobre el contrato en cuestión y reportó que acompañó al entonces ministro, Jorge Arango, a reuniones con los abogados y directivos de la empresa ecuatoriana.
La Fiscalía llamó a juicio a 33 personas —entre ellos dos ministros de la pasada administración— por supuesto blanqueo de capitales, corrupción y peculado. La Corte Suprema de Justicia debe resolver un amparo de garantías presentado por el Ministerio Público para luego fijar fecha de audiencia. El caso está paralizado judicialmente.
Un abogado conocedor del proceso de negociación indicó que durante las conversaciones que sostuvo el Estado con la empresa para rescindir el contrato, ésta estaba ‘dispuesta a devolver parte del adelanto de $13 millones que no había utilizado aún, mientras que el resto se justificaría con los gastos y facturas respectivas. Pero el gobierno no se decidió'.
En cambio, publicó una Resolución rescindiendo el contrato por incumplimiento, que el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas no avaló. En el transcurso de la investigación, la Fiscalía decretó prisión provisional para varios involucrados. Se revisaron facturas, gastos y estudios de impacto, así como gastos de ejecución.
"La empresa interpuso una demanda en la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia que exige una indemnización por más de $60 millones. Al Ministerio Público no le convenía hacer arreglo porque se le debilitaba el caso penal", indicó la fuente consultada.
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