Día decisivo para Martinelli

Hoy el expresidente Ricardo Martinelli enfrentará su sentencia. Sabrá si es culpable o inocente de los cuatro delitos que lo acusado el Ministerio Público: inviolabilidad del secreto y seguimiento sin autorización judicial, además de dos delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso y de malversación.

Las víctimas a las que se les extrajo información de sus celulares y correos electrónicos, así como quienes fueron objeto de seguimientos han esperado casi cinco años para conocer el dictamen del Tribunal que desde marzo escuchó a la Fiscalía y a la defensa evacuar sus pruebas.

Es un momento histórico para la justicia panameña especialmente por las posiciones antagónicas que enfrentan la fiscalía y la defensa. La primera sostiene una teoría del caso en la que acusa al exgobernante de autor intelectual de los delitos antes mencionados, mientras que la segunda asevera que todo se trata de una conspiración armada por el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, que buscaba hundir a su rival político manipulando las evidencias presentadas en juicio.

Ayer el juez Roberto Tejeira, presidente del Tribunal de juicio, después de haber escuchado el alegato de las partes y las consideraciones de las víctimas y del acusado, dejó sentada su posición. Recordó que desde el primer día advirtió que este caso se resolvería igual que el resto, que no habría consideraciones especiales por tratarse de un proceso en el que se juzga a una figura de alto perfil.

"El juez no imparte pruebas, no nos quedamos con ningún documento. Entra lo que se oralizó. Será una decisión debidamente motivada para que resista el escrutinio" en caso de que cualquiera de las partes no esté conforme con el resultado, zanjó Tejeira.

Le recordó a los presentes que en el nuevo Sistema Penal Acusatorio se habla de la duda razonable, elementos que forman parte del sistema. Escuchó los hechos de la acusación y la ley obliga a tomarlos como elementos fácticos. Sobre ellos es que hace un escrutinio para saber si se probaron o no y de qué forma se hizo. También señaló durante el juicio que se valorarían las objeciones de cada parte, y lo que se valoraría al momento de emitir una decisión. Esto último en referencia a las evidencias que permitió a las partes introducirlas al juicio para obtener una idea del contexto de las acusaciones. También hizo un llamado a la defensa en el sentido de que debían elaborar una buena defensa de su cliente.

Dicho lo anterior declaró al tribunal en sesión permanente para deliberar la sentencia por 24 horas y citó a las partes a las cinco de la tarde para dar su resultado.

"Sea cual sea la decisión pedimos respeto al Tribunal, puede que sea una decisión unánime o mayoritaria", adelantó el juzgador.

La culpabilidad o inocencia que se debate pone a prueba de fuego al sistema. Unos momentos antes de que se clausurara la sesión, las víctimas suplicaron al tribunal hacer justicia, condenar al exgobernante. Para las víctimas, a las que a cada una se les concedió 10 minutos para emitir sus consideraciones, los jueces tienen la oportunidad de hacer historia en materia judicial con una condena ejemplar para un exfuncionario de alto perfil que desde el poder violó un derecho fundamental de todo ser humano: el derecho a la intimidad.

Del otro lado de la moneda, el acusado se dice a sí mismo víctima de un sistema en el que no tuvo derecho a defenderse cuando se practicaron pruebas periciales, al que no imputaron y en cambio acusaron.

Martinelli, quien vestía de saco azul, manifestó que todo se trata de una conspiración en su contra y que lo que está en juego es el país. Él también pidió al juez que imparta justicia.

ALEGATOS
La audiencia inició a las 10:00 a.m. con los alegatos de la fiscalía ante una sala repleta. El juez explicó las pautas y enseguida otorgó al palabra a la fiscalía. Ricaurte Gonzáles, vocero del Ministerio Público expuso, en forma hilada, los hechos que probaban su teoría del caso. Todo empezó con un Decreto Ejecutivo a la medida en 2010, arrancó, que reorganiza el Consejo de Seguridad y en el que se responsabiliza al Presidente de lo que ahí ocurra.

Enseguida recordó la famosa entrevista que ofreció el exmandatario a un canal de televisión en la que dijo: yo tengo el dossier de todo y de todos. Como muestra de una confesión de parte sobre los pinchazos.

Mencionó que desfilaron 23 víctimas y 8 funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) que prueban que no se trata de palabras, sino de hechos.

Después relató una infidencia. Dijo que el equipo de la fiscalía reflexionó cuando el juez les manifestó que no estaba entendiendo su teoría del caso, esto lo repitió en dos ocasiones durante el alegato. Fue cuando compareció el perito informático Luis Rivera Calles, quien le causó tropiezos a la fiscalía luego de declarar que los discos compactos en los que guardó la información sensitiva de la víctimas, tenían el sello roto, y que no se hacía responsable por el contenido.

Un escollo que la fiscalía trató de superar cuando las víctimas reconocieron la información intervenida que se les mostró en el juicio.

El juez Tejeira escuchaba con toda pasividad el alegato, como si ya se hubiera formulado una idea de lo que más adelante sentenciaría en conjunto con los jueces Arlene Caballero y Raúl Vergara. El hombre conoce los argumentos de antemano, ha tomado nota en cientos de páginas blancas que mantiene guardadas para ser consultadas al momento de la verdad.

"El testigo protegido ya explicó qué se hacía ahí, en el edificio 150, Betsaida Quintero dijo que cometió una imprudencia, pero no se retractó de sus declaraciones, Julio Palacios, otro exfuncionario del CSN, aceptó que se rumoraba que se hacían escuchas ilegales, los tres testigos que laboraban en la empresa proveedora de Internet explicaron cómo instalaron los cables. Todas estas personas no pueden ponerse de acuerdo para conspirar contra el acusado como alega la defensa", relató el fiscal.

Siguió con el peritaje de las dos funcionarias de la Contraloría quienes estipularon que se había adquirido un equipo que le costó al Estado $13.8 millones y del cual no hay rastro.

Tocó el turno luego a la querella. Carlos Herrera Delegado mencionó que todo se trató de un plan, que nada fue espontáneo, por eso se reformó el Decreto Ejecutivo del CSN. El siguiente paso, según la querella, fue la compra de equipos cada vez más sofisticados para poder saciar la sed de información que tenía el exgobernante.

El M.L.M. Protection fue adquirido por el Fondo de Inversión Social a través de un contrato en 2011. El segundo equipo, el Da Vinci, tampoco funcionó como se esperaba, por eso es que se compró el equipo Pegasus de la empresa NSO Group que permitía al espía apropiarse remotamente del equipo con todas sus funciones.

"Los testigos Ángel Coronel y Jesús González describieron que colocaron dos antenas que se miraban entre sí. Los tres funcionarios de inteligencia señalaron cómo de manera consecutiva se intervinieron los teléfonos y correos de las víctimas de quienes conocieron su vida íntima, relaciones extramaritales, y hasta su orientación sexual, eso no tiene ninguna relación con los temas del CS", recalcó el querellante.

Enseguida relacionó las declaraciones de las víctimas que comparecieron en el juicio. Las palabras de Jaime Cucalón, Michell Doens, y la de Rolando López, exdirector del CSN de 2014-2019. De este última intervención, la de López, el querellante citó las palabras que en un 4 de julio de 2014 el acusado le dijo al jefe de inteligencia: "deja de estar preguntando por los equipos, están en el fondo del mar, yo tengo músculo y billete, deja de estar preguntando", según narró López en la audiencia previa.

La defensa luego tomó la palabra y dividió el alegato en varias partes. Recurría a ciertos hechos en forma salteada. El abogado Carlos Carillo se refirió al trabajo del perito informático del Instituto de Medicina Legal Luis Rivera Calles, quien dijo que no garantizaba la integridad y mismidad de ningún dispositivo o prueba de carácter tecnológico.

La defensa señaló que en cuanto al soporte papel que contenía la información extraída del correo [email protected] el perito indicó que cuando se le llevó para su inspección no podía dar fe de que ese correo no había sido manipulado o modificado antes de que él pudiera accesar al correo con la contraseña de acceso.

Por otro lado, la defensa enfatizó en las declaraciones de Rivera Calles, que inicialmente se trataba de un perito de la fiscalía, que todas las pericias debían de haberse realizado a través de experticias. Que se lo advirtió al fiscal, no obstante éste le respondió en su momento: Riverita haga solo lo que se le pide.

Con respecto al testigo protegido los abogados de Martinelli se centraron en desacreditar su testimonio por las incongruencias que presentó su relato en comparación al del exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) Rolando López.

Las víctimas tomaron la palabra solicitaron la pena máxima para Martinelli, 21 años de prisión. El empresario Aurelio Barría, la dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera, sus copartidarios Mitchell Doens y Reynaldo Rivera, así como el exabogado de Martinelli Rosendo Rivera, el periodista Rubén Polanco y Guido Rodríguez recalcaron que se les vulneró la intimidad, y que la información que se extrajo de sus correos o sus celulares era difundida en las redes sociales o en medios de comunicación.

Martinelli también se dirigió al tribunal. Nunca declaró bajo juramento durante el proceso. Esta vez, expresó las violaciones al debido proceso de las que dijo ser víctima. Se declaró inocente de las acusaciones y solicitó al tribunal, como lo había hecho su abogado al iniciar el alegato, levante las medidas cautelares que pesan sobre él. Dijo que no estaba interesado en participar en política en el futuro, y que jamás había usado los recursos del Estado en algo ilegal.